Mercado negro de armas: policías venden pistolas por Whatsapp

En Venezuela, el mercado negro de las armas de fuego cobró forma de un chat. Estos grupos para el intercambio de información a través de plataformas de mensajería como Whatsapp, BBM, Snapchat e Instagram ahora sirven de vitrina para las ofertas que anteriormente se hacían en sistemas más abiertos, como Mercado Libre.

En una de estas salas de venta cibernética, por ejemplo, está a la orden del mejor postor una pistola Beretta 92FS calibre 9 mm. Viene en combo con tres cacerinas, dos cajas de municiones Tul Ammo de licencia estadounidense para sumar 100 cartuchos, así como forros sintéticos para las cacerinas, un gorrito Swat y el arma. Todo esto al precio de 2,7 millones de bolívares. Si quieres el arma, debes cuadrar un encuentro o desencuentro con el funcionario que posteó la oferta, amén de llevar el dinero en efectivo. Eso es toma y dame. No hay recibos ni documento notariado. El arma habla por sí sola. “Uno supone que está limpia, porque la ofrece uno de los muchachos”, explica un viejo policía jubilado en referencia a los agentes activos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penas y Criminalísticas (Cicpc).

En otra conversación estaba a la venta una subametralladora HK MP5 9 mm de fabricación alemana. Tenía la culata plegable, mirilla telescópica, cuatro cacerinas alargadas para 25 cartuchos —tipo “Cocosete”, aunque nada dulce— y una banda elástica que previene la caída del arma. Por este mortífero ejemplar piden 5 millones de bolívares. Los policías, usualmente discretos para hablar de averiguaciones en curso, son presas de cierta excitación cuando departen o glosan el funcionamiento del mercado de las armas de fuego.

Uno de ellos, miembro de la directiva de un cuerpo municipal del Distrito Capital, observó que durante los últimos meses han caído muchos delincuentes con revólveres Rossi calibre 38. “Son armas muy baratas, que se pueden conseguir en la calle entre 500 mil y 800 mil bolívares”, aseguró. Debido a la política restrictiva asumida por el Gobierno en materia de armas de fuego, todas las transacciones propuestas a través de los sistemas de mensajería quedan al margen de la ley. En dos palabras: son ilegales.

La magnitud de este mercado aún no ha sido convenientemente medida. En 2009 Amnistía Internacional advirtió que en Venezuela había alrededor de seis millones de armas ilegales. Al año siguiente, el actual diputado Juan Carlos Caldera afirmó que en el país había entre nueve millones y 15 millones de armas. Pero el cálculo más reciente correspondió a la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, cuyo Secretario Ejecutivo para 2012, Pablo Fernández, concluyó que en el país había entre 1,2 millones y 1,5 millones de armas sin registro. Desde entonces, el Ejecutivo ha aplicado en forma intermitente un plan para desarmar a la población. En 2013 el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, general Miguel Rodríguez Torres, puso en práctica iniciativas que combinaban tácticas de decomisos compulsivos con la entrega voluntaria o negociada de las armas, a cambio de diversos tipos de incentivos.

Los ministros que lo sucedieron en el cargo —Carmen Meléndez, Gustavo González— no pusieron tanto énfasis en el tema. Hasta marzo de 2016, habían sido destruidas 48.000 armas con motivo de este plan, lo que no equivale ni siquiera al 4% de las existentes para 2010, según los cálculos de la comisión para el Desarme. “El problema es que no hay interés en este asunto. Proponer un control de armas en un país donde la revolución es pacífica pero armada es una gran contradicción”, aseveró la socióloga de la Universidad Simón Bolívar (USB) Verónica Zubillaga, quien fue durante breve tiempo investigadora de la comisión para el Desarme.

Ella cree que los logros de las iniciativas gubernamentales sobre el mercado de armas han sido muy leves por no decir inexistentes. Para sustentar su afirmación aportó dos datos: a pesar de los planes oficiales, en Venezuela nueve de cada 10 homicidios son cometidos con armas de fuego. En El Salvador, donde la tasa de crímenes para 2015 fue más alta que la venezolana, las muertes con estas armas rondan el 70% del total. Por otra parte, sus investigaciones de campo desarrolladas en diversos barrios caraqueños revelan una alta disponibilidad de armas combinada con una muy baja percepción de riesgo asociado al uso o la tenencia de tales objetos.

“Un muchacho me dijo una vez que es más fácil conseguir un arma que una arepa”, sentenció.

Tras la pista de los cartuchos

Para el Coordinador del programa de Seguridad Pública del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, William Godnick, el comportamiento de los mercados negros de armas no puede ser evaluado solamente mediante el seguimiento de los caminos que recorren las pistolas, los revólveres y los fusiles. “El mercado de las municiones es nueve veces más grande que el de las armas. Ahí está el verdadero negocio. Sin las municiones, las armas quedan como simples hierros”, sostuvo.

En Venezuela, la munición que domina y reina en el mercado tiene nombre y apellido escrito en número: calibre 9 mm. Es la utilizada por las armas cortas en poder de los cuerpos policiales y militares, junto al calibre 12 de la escopeta. Hace tres décadas, los cartuchos calibre 38 y 38 especial competían con las 9 mm, pues eran las que usaban los revólveres de los uniformados, junto al 357 magnum. Ahora, los listados que corren por los chats policiales trapichean cajas de 25 o 50 cartuchos 9 mm fabricados por Cavim, con precios que van desde los 60.000 bolívares a los 100.000 bolívares por caja.

Los antisociales, sin embargo, no llevan estos cartuchos en los tradicionales recipientes de cartón sino en bolsas e incluso dentro de tobos de agua, tal y como se pudo ver luego de la “pacificación” de la Penitenciaría General de Venezuela, y la intervención militar hecha en el internado judicial de La Planta, en El Paraíso. Según Godnick, la ruta de entrada más frecuente de municiones hacia el país es a través de las fronteras con Brasil, y especialmente con Colombia. Pero en su criterio lo más probable es que las municiones lleguen al país en procesos de importación legales, y posteriormente sean desviadas por funcionarios corruptos.

Este parece ser el caso de la red detectada por la policía judicial en el centro del país, el 30 de septiembre de 2016. La investigación comenzó cuando los agentes en vigilia en un punto de control de la autopista regional del centro a la altura de Guacara detuvieron a los tripulantes de un Toyota Corolla beige. Al revisar la cabina hallaron un bolso sintético que tenía 400 cartuchos para fusiles AK103 —7.62 x 39 mm— y FAL —7.62 x 59 mm.

Durante los interrogatorios se determinó que los pasajeros y el taxista simplemente eran los emisarios de Luis Arteaga Velásquez, un funcionario de Cicpc que según uno de los apresados les había encomendado el traslado de los cartuchos hasta una vivienda en Maracay. Velásquez fue apresado esa misma noche en una vivienda de la urbanización Fundación Mendoza de Valencia.

En otro caso, reportado el 30 de octubre, agentes de la División contra Robos de Cicpc detuvieron en Caraballeda al oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Yonis José Herrera de 36 años de edad y a otros dos supuestos cómplices cuando intentaban comercializar 900 cartuchos calibre 9 mm, marca Cavim. El grupo hubiese pasado inadvertido para los agentes, pero los hados conjuraron en contra. El carro en el que se trasladaban estaba desprovisto de placa en la parte trasera. Esto levantó la sospecha de los funcionarios.

Inyección letal

Verónica Zubillaga explicó que en Venezuela hay un nexo íntimo entre los circuitos legales de armas y los que están fuera de ley. Unos y otros se comunican a mediante los robos y hurtos a parques de armas como los de Polimiranda y la Policía Militar. También mediante las pérdidas involuntarias, las ventas e incluso los empeños, tal y como ocurrió este año con un funcionario de la policía judicial en Falcón.

La investigadora recordó que el mayor impulso al mercado negro de armas en el país ocurrió en 2009. Según datos de los principales fabricantes internacionales ese año fueron exportados a Venezuela armas y municiones para uso civil por el equivalente a 18 millones de dólares, una cifra sin precedentes. El registro más cercano a ese corresponde a 1997 con 9 millones de dólares. “Ese año se produjo una inyección fundamental de armas en el país. Todas en algún momento pudieron ser robadas, revendidas, extraviadas. Las armas no perecen ni vencen. Quedan circulando todo el tiempo”, explicó.

Las cárceles son lugares del país donde las armas también son “inyectadas”. Tras el desalojo de la Penitenciaria General de Venezuela en San Juan de los Morros fueron encontrados numerosos fusiles, subametralladoras, pistolas, granadas, munición y 2 lanzacohetes AT4 de fabricación sueca. Este caso da una confirmación más sobre la implicación de los funcionarios policiales y militares en el mercado negro.

El 19 de septiembre, la Dirección de Contrainteligencia Militar inició una pesquisa al constatarse la sustracción de 84 granadas M26 de fabricación estadounidense que fueron trasladadas desde un puesto del Ejército en Guasdualito como parte de un lote mayor. La investigación denotó que estas armas habían sido entregadas a un bando de los presos de la PGV. Posteriormente, uno de estos reos, supuesto lugarteniente de Franklin Hernández, alias La Guaira, divulgó una declaración en la que revelaba que el precio mínimo en prisión de una granada era 280.000 bolívares.

Por el caso de las granadas fue detenido el teniente coronel Genghis Khan Rojas, así como dos capitanes y dos sargentos. Posteriormente, el ministerio de la Defensa envió un radiograma a las unidades militares en el interior del país para recordar la necesidad de mantener al día los inventarios de armas y municiones en cada uno de los polvorines.

Mejor en verde dólar

En 2016, el mercado ilegal de armas venezolano se ha expandido hacia los países vecinos, aparentemente empujado por las ansias de obtener dinero fácil. Varios casos lo confirman. El 29 de mayo de 2016, el rotativo The Guardian de Trinidad y Tobago alertó que “la crisis económica en la vecina Venezuela exacerba aún más el contrabando de armas y drogas”. El rotativo indicó que los principales proveedores de las armas podrían ser soldados de la Guardia Nacional, y refirió un caso reciente en el que fueron hallados dos fusiles de asalto.

En abril, el Ministerio Público informó sobre la acusación contra un policía del municipio Carirubana del Estado Falcón Juan Carlos Lugo, su pareja y otros dos hombres porque presuntamente pertenecían a “una red de tráfico de armas que opera entre el estado Falcón y Aruba”, según nota de prensa. La captura del funcionario fue ejecutada al recibirse una petición cursada a través de Interpol.

En julio fue detenido en la población fronteriza de El Amparo, Estado Apure, el inspector jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Sergio Luis Ortega cuando supuestamente iba a entregar, junto al civil Cristian Suárez López, 480 cartuchos de distintos calibres y un chaleco antibalas.

Según Godnick, en la frontera entre Venezuela y Colombia, operan diversos grupos que podrían lucrarse con el comercio de armas. Indicó que las FARC nutren su poder de fuego con fusiles, mientras que la mayoría de las armas comerciadas en el mercado negro son pistolas y revólveres.