Opositores y chavistas: unidos por dinero y corrupción

La primera piedra fue lanzada por el gobernador de Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles. Lo hizo durante el programa que saca todas las semanas a través de las redes sociales. Fue la edición del 6 de diciembre, fecha en la que desde luego cabía recordar con satisfacción o envanecimiento los resultados de la elección parlamentaria, celebrada un año antes, y en la que las fuerzas antichavistas obtuvieron una holgada victoria.
Capriles, sin embargo, pasó rápidamente esa página para concentrarse en el hecho inocultable de estar ante el gobierno y el Presidente más impopulares en el país desde 1958, y simultáneamente tener que lidiar con una oposición que no pudo aprovechar esta circunstancia para llegar a Miraflores. Peor aún: las encuestas indicaban que el efecto Titanic no solo afectaba a Maduro y su séquito. Capriles estaba consciente de que la aceptación al liderazgo opositor también tuvo desde octubre una merma superior a los 10 puntos, debido al enfriamiento de la calle y el inicio de la mesa de diálogo con representantes del Ejecutivo y del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV).
Para Capriles, la pérdida de popularidad era un costo previsible. Pero lo que a él le resultaba de difícil digestión era la presencia en sus propias filas de activistas que se dicen opositores pero que “negocian tras bastidores” con el régimen. “Tienen una actitud muy extraña con el Gobierno. Con nombres y apellidos los vamos a decir. Con nombres y apellidos”, amenazó. A lo largo del programa, continuó delineando a esta fauna que, en sus propias palabras, “forma parte de una sucia política que no ha cambiado en nuestro país”. Y añadió: “Hay gente que se dice del cambio y recibe dinero de boliburgueses (…) Gente que le pasa información al Gobierno”, afirmó.

La primera pregunta de una oyente fue directo al grano: “¿quiénes eran esos señores?” Capriles reculó: “No se trata de lanzar acusaciones”. Y eso quedó allí.
La declaración del gobernador —y principal promotor del referendo revocatorio— no cayó bien ni siquiera entre sus propios seguidores y comilitantes. El secretario general del Movimiento para la Unidad Democrática (MUD) Jesús Torrealba lo resumió en tono pedagógico: “La palabra, no solo desde el poder sino desde cualquier actividad política, es muy importante, y cuando no es sustentada con hechos se deteriora”.
El primer antecedente que llegó a su memoria fue el de la famosa Lista Piñerúa. Según la leyenda, era un documento elaborado durante largo tiempo por el excandidato presidencial de Acción Democrática (AD) Luis Piñerúa Ordaz, con los nombres de quienes se habían enriquecido de forma ilícita durante la bonanza petrolera que finalizó en 1983 con la implantación del Régimen de Control de Cambio (Recadi). El propio dirigente y exministro de Relaciones Interiores acudió a su prestigio de persona con hoja de vida intachable —le decían “el hombre correcto”— para amenazar con exponer al escarnio público a tirios y troyanos.

Pero Piñerúa nunca dio a conocer la famosa lista. Cada vez que intervenía en público, los periodistas le recordaban su compromiso, hasta que el tiempo y los nuevos escándalos arrojaron la promesa al olvido. Torrealba también tiene fresco el recuerdo de una oficina instaurada durante la segunda y última presidencia de Rafael Caldera (1994-1999), con la única finalidad de recabar denuncias sobre irregularidades en el manejo de fondos públicos, y cuyos archivos terminaron en la hoguera. Entre ellos los que contenían los secretos de la instancia que reemplazó a Recadi en el afán por controlar el uso de las divisas: la Oficina Técnica de Administración Cambiaria (Otac).
Desde entonces, no se tenía memoria de algún líder político que amenazara con identificar plenamente a las manzanas podridas, en especial las de sus propias filas.
Pero llegó Capriles. “Cuando algo tan grave se aborda y no se aterriza es más grave aún pues genera un efecto vacuna: la primera vez ocasiona alarma y angustia. Pero luego como que se normaliza, más adelante genera escepticismo y en fin de cuentas contribuye a la impunidad”, advirtió Torrealba.

Las manos en el dinero
Los entendimientos entre individuos afines al régimen y opositores no son nuevos. En septiembre de 2012, por ejemplo, el entonces dirigente de Primero Justicia (PJ) Juan Carlos Caldera acudió a una reunión privada con el empresario petrolero y de medios Wilmer Ruperti. El objetivo del encuentro era claro: Caldera recibiría dinero en efectivo para financiar actividades de campaña. La cosa tenía tanta normalidad que el activista nunca pensó en la posibilidad de una celada. Poco después, un video divulgado en medios oficialistas reveló que la “colaboración” fue otorgada en una sala transformada en estudio de televisión.
Ya para entonces era claro que Ruperti había amasado su fortuna mediante contratos de transporte petrolero. Es decir, mantenía y mantiene relaciones estables con Petróleos de Venezuela, una Pdvsa “roja rojita”. Por si quedaba alguna duda, en 2016 admitió ante el rotativo The Wall Street Journal que los cuantiosos gastos de la defensa privada de los sobrinos de la pareja presidencial, procesados y condenados en Nueva York por conspiración para traficar drogas, corrían por su cuenta.

Otro indicio se conoció en 2014 cuando se detectó que una reunión privada de la alianza opositora era grabada de manera subrepticia por uno de los asistentes, enviado por Avanzada Progresista. El exdiputado Carlos Tablante cree que estos son indicios de lo que describió como un “proceso de mestizaje” entre políticos y empresarios. Esto apunta no solo al financiamiento de actividades proselitistas sino también a engrosar las cuentas personales de los dirigentes de los partidos.
Tablante, quien también es autor junto a Marcos Tarre de Estado Delincuente (2013) y El Gran Saqueo (2015), habla de operaciones que reducen los 40 mil bolívares del episodio Ruperti-Caldera al plano de una caja chica: la compra de diarios y estaciones de televisión, los negociados con la importación y la distribución de alimentos, las emisiones de bonos de la República. Estas transacciones transformaron a Venezuela en el octavo país del mundo en cuanto a la exportación de capitales ilícitos, según estimados hechos en 2011 por la organización Global Financial Integrity. “Dentro de esta estrategia hay un componente político que implica el uso de estas perversiones (…) Estamos hablando de un gran mestizaje a la hora de los negocios con gente que se dice opositora”, advirtió.

La última guinda en este pastel estaría en el caso de la constructora de origen brasileño Odebrecht, que ha participado en un amplio menú de proyectos donde figuran las obras del sistema Metro, algunas de ellas —como la extensión a Guatire— inconclusas y con documentados sobreprecios.
El escándalo por el sistema de sobornos de esta empresa ha salpicado a varios países suramericanos. El último en la lista es Perú. En todos se han iniciado pesquisas judiciales, excepto en Venezuela donde, según Tablante, hay evidencias de sobornos por 100 millones de dólares. No descarta que una parte de esos fondos haya beneficiado a elementos que dicen adversar al gobierno de Nicolás Maduro.
Esta colusión podría explicar algunas acciones u omisiones individuales. Pero no el aborto del referendo revocatorio, tal y como sugirió Capriles durante su intervención del 6 de diciembre.  Torrealba cree que esa visión sobre el problema impedirá la implantación de los correctivos necesarios en las entrañas de la alianza opositora. “El tema de fondo es que pasaron 2016 diciendo cómo llegarían al poder sin decir qué harían con ese poder”, sostuvo.

Una práctica común
Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 se sustrajo formalmente al Estado venezolano de cualquier obligación en cuanto al financiamiento de los partidos políticos. En la práctica, según Tablante, esta decisión hizo a los partidos más vulnerables a la influencia de individuos y corporaciones, dispuestos a dar fondos a cambio de la protección de sus intereses. “Esa es una práctica común en el país”, advirtió la directora del capítulo venezolano de la organización Transparencia Internacional, Mercedes de Freitas.
Para ella esta connivencia se conoce como “conflicto de intereses”. En el plano mundial se han implantado normas y protocolos de actuación para las circunstancias en las que tales situaciones se plantean para prevenirlas. El descubrimiento de tales conflictos puede tener repercusiones políticas, como ocurrió en Guatemala con el proceso que desembocó en la renuncia del Jefe del Estado Otto Pérez Molina. Pero en Venezuela, explicó de Freitas, estas prácticas se han normalizado en el sector político y también en una parte del privado. “Uno habla de conflictos de interés. Los políticos creen que eso no les corresponde a ellos. Veo que la dirigencia del país tiene muchos problemas para aceptar y acatar prácticas tan elementales como las declaraciones de bienes y de intereses”, expresó.

La directora de Transparencia Venezuela dijo no poseer evidencias sobre colusión por parte de miembros de la MUD, “pero si lo dice un vocero tan importante para esta alianza como Henrique Capriles creo que debería precisar quiénes son y cuestionar los procesos que permitieron que eso ocurriera”. Según la experta este no debería ser un juicio abierto, entre otras razones porque las personas señaladas deben contar con la oportunidad de defenderse y exponer sus argumentos antes del escarnio público.
Luego de aquel programa Capriles no volvió a tocar el tema. La lista, con los nombres que iban a ser divulgados “con apellidos” quedó como una bravata más. El 31 de diciembre el excandidato presidencial y exgobernador del Zulia Manuel Rosales súbitamente quedó en libertad. Los alcaldes de su partido Un Nuevo Tiempo ya habían avalado la Ley de Presupuesto entregada por Maduro al Tribunal Supremo de Justicia en desconocimiento de las atribuciones del Parlamento.
El 9 de enero los diputados de Avanzada Progresista —organización liderada por el mandatario de Lara Henry Falcón— no votaron la declaratoria de “abandono de cargo” del Presidente, promovida en la Asamblea Nacional (AN). Las amenazas de Capriles no surtieron efecto.]]>