Seguridad ciudadana, lo que nunca le importó a Chávez

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El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez recibió un país que había registrado 4.550 muertes violentas al cierre del año 98. A su fallecimiento, la cifra había incrementado de manera alarmante: 21.692, según reportó el Observatorio Venezolano de Violencia. Los expertos lo declaran y los hechos lo confirman: garantizar la seguridad nunca estuvo entre las políticas de Estado del comandante eterno, y su legado posicionó a Venezuela entre los países más peligrosos del mundo.

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Hugo Chávez siempre habló del “hombre nuevo”, uno que, a través del alcance de la igualdad, derribaría los “antiguos vicios” que provenían del “antiguo modelo social” marcado por el capitaismo y así dar paso a una sociedad donde la pobreza y la exclusión no existieran. De esta manera, el líder revolucionario concebía que factores como la violencia desaparecieran de la rutina de los venezolanos. Pero esto nunca ocurrió. Tan solo en los dos primeros años de su gobierno la cifra de muertes violentas se duplicó con respecto a la del último año de gestión del presidente Rafael Caldera; de 4.550 a 8.022.

La explicación del aumento de la violencia en Venezuela radica, según el sociólogo Roberto Briceño León, en la destrucción institucional y “esto es un fenómeno muy amplio. Es un conjunto de lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 40 años”. El también director del Observatorio Venezolano de Violencia expresa que el incremento excesivo de los hechos delictivos en el país tuvo su génesis en El Caracazo y se agudizó tras el golpe de Estado liderado por Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.

Aún cuando el proceso comenzó mucho antes del mandato del barinés, con su llegada al poder en 1998 terminó de consolidarse debido a que el Gobierno decidió que no se actuaría frente al delito. “Chávez justificó al que robaba. Un presidente no puede decir eso, al hacerlo lo que hace es incentivar. Las reglas del juego de la sociedad se quebraron y el mensaje que se empezó a dar fue equivocado”, añade Briceño León.

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Luis Izquiel, abogado penalista, explica que Chávez destruyó el sistema policial. “Se despreció la figura del policía a unos grados nunca antes visto. Hubo ataques, les bajaron los salarios, el Ministerio de Interior y Justicia se llevó las armas de las policías municipales y estadales; las hicieron inoperantes”.

Briceño León aclara que esta decisión se sustenta en primer lugar en el populismo, es decir, a Chávez le interesaba mantener su simpatía, y castigar el delito “siempre puede llevar a excesos y no quería verse enredado en eso”. En segundo lugar, la acción se enfoca en la lucha de clases, pues la violencia y la delincuencia “es el resultado de la pobreza, de la explotación, del capitalismo y por lo tanto que se exprese es normal”; además hay una percepción positiva de la violencia en el ideal marxista. “En el Manifiesto Comunista se habla de la violencia como la gran partera de la historia. Sobre ese razonamiento se montó la decisión política de no usar a la policía para reprimir al delito porque eso forma parte de la políticas de los gobiernos de derechas y en Venezuela solo se harían políticas sociales”, explica el sociólogo.

Ambos expertos aseguran que en la gestión de Chávez nunca estuvo contemplada la seguridad civil. “La tesis fue que la violencia era una sensación creada por los medios, que también ocurría en otros países y que, además, había una exageración en las cifras que difundían las ONG”, expone Izquiel.

Entre los años 2000 y 2012 se desarrollaron aproximadamente 13 planes de seguridad civil, pero ninguno dio los frutos prometidos pues eran “improvisados, descabellados y violaban cualquier lógica de seguridad”, alega Fermín Mármol García, abogado criminalista. Insiste en que la aplicación de proyectos para la seguridad ciudadana tuvo relevancia en su discurso y “tampoco en el presupuesto de la Nación”.

Asimismo, Izquiel menciona que un factor importante en el fracaso de los mismos fue que eran dirigidos por militares “y ellos no tienen conocimiento de seguridad ciudadana; no es su materia y la mayoría de los ministros de seguridad fueron militares”.

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El poder de las alianzas y la ambigüedad del desarme

Un informe de The New York Times sobre la crisis en Venezuela cita que después del golpe de Estado al presidente Hugo Chávez en 2002, el mandatario entendió el poder que representan las alianzas con grupos civiles armados. Los especialistas consultados concuerdan que aquel evento solo fortaleció los vínculos.

“Las alianzas comenzaron desde antes, solo que no tuvieron tanta fuerza como después de 2002 porque fue el momento en el que Chávez empezó a pensar seriamente en el plan b”, declara Briceño León. El analista recuerda que Chávez tenía a su favor a un grupo que le demostraba su fervor, pero este grupo no estaba dispuesto a salir a matar. Por ello, el comandante “sabía que tenía que contar con grupos armados y ahí fue cuando comienzan a darse mayores alianzas, estrategias, provisión de armamento hacia estos grupos”.

Por su parte, Izquiel considera que con estas alianzas se inició una proliferación y descontrol de armas en manos de los llamados ‘colectivos’, hecho que ponía en tela de juicio las políticas llevadas a cabo para el desarme en el país: la Ley Desarme aprobada en 2003 y la reforma hecha en 2011 por la Asamblea Nacional bajo el nombre Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones. “Chávez no creía en el desarme, creía en el pueblo armado”, declara Roberto Briceño León. Recuerda que el expresidente intentó armar a “las comunas, las UBCH, y cuando crea las milicias discute con los militares para que les permitan llevarse las armas a la casa y la oficialidad militar no lo autorizó”.

Luis Izquiel asevera que el principal obstáculo que tuvo el cumplimiento de dicha ley fue la contradicción en el discurso oficial del desarme. “Chávez dijo que en Venezuela cada pescador, cada campesino y cada muchacho tenía que aprender a manejar un arma. En un gobierno que desde la Presidencia de la República tiene un discurso de este tipo, es contradictorio que una ley tenga éxito porque en un lado avanzan a armar a la gente y por el otro, desde el punto de vista retórico, dicen que la van a desarmar”.

El informe Esto no es vida, elaborado por la ONG Amnistía Internacional, revela que en Venezuela la mayoría de los homicidios que se registran en el país son perpetrados con armas de fuego. Según los archivos consultados, entre 2010 y 2011 el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) pudo contabilizar un 90,5% homicidios con armas de fuego.

Asimismo, en el año 2012, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en su Informe sobre la Situación de la Prevención de la Violencia en la Región de las Américas, reseña que “en América Latina las muertes por armas de fuego representaban el 74%, en Venezuela se trató del 90% del total”. Las cifras difundidas por el Ministerio Público en 2016 advierten que el 86,6% de los homicidios en Venezuela fueron cometidos por armas de fuego.

El Observatorio Venezolano de Violencia en su informe anual de 2017 estimó que 26.616 venezolanos fallecidos en el año, 16.046 fueron casos de homicidio.

El estudio Global Violent Death 2017 de la ONG Small Arms Survey, posiciona a Venezuela como el tercer país con más tasas de muertes violentas en el mundo; y el segundo con más muertes por armas de fuego de la región.

Desde el año 2005, el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz no divulga cifras oficiales sobre homicidios en el país, violando el derecho a la información pública. “Si no mides la realidad criminal no puedes realizar los planes en políticas públicas correctos, diseñar o construir el remedio hacia el problema (…) Después de 2002 se elevó el proceso de toma de las instituciones del sistema de justicia. Allí se acabó con toda meritocracia del Ministerio Público, se acabó con los nombramientos de fiscales a través de sus credenciales y sus conocimientos, y esto terminó afectando a la seguridad ciudadana”, demanda Izquiel.

Candelita que se prende, candelita que se apaga

Una protesta universitaria en 2009 despertó al comandante represor. “No se le puede permitir a nadie que tranque (cierre) una avenida, calle o autopista, así que a estos grupitos dirigidos por el imperio les digo y doy la orden de una vez: les echan gas del bueno y me meten presos a los responsables”, expresaba el presidente en una alocución.

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Roberto Briceño León manifiesta que “Chávez entre el año 2009 y 2010 se da cuenta que no pudo imponerse a la sociedad habiendo tenido todo el poder posible, todo el dinero posible, todos los recursos, y aún así la mitad del país estaba parada en la acera de enfrente. Lo que se empieza a demostrar era que el camino que había era la represión.”.

El sociólogo declara que el líder revolucionario de cara a unos comicios presidenciales endeuda al país y “logra montarse en un proyecto populista de producir dinero y mantener una ficción de bienestar”. Sin embargo, lo que quizá nunca vio venir él, ni su heredero Nicolás Maduro, sería que el país se sumiría en una crisis en la que las protestas serían una constante. “Ya no hay posibilidad del circo sino la represión abierta y directa, y es el declive sostenido que hemos tenido todo este tiempo”, indica León.

En febrero de 2014, casi un año después de la muerte de Hugo Chávez, una ola de manifestaciones se desencadenó en el país. En ellas el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad fue evidente y denunciado por políticos, líderes estudiantiles y ONG. Tal y como el comandante lo había declarado, los manifestantes llevaron “gas del bueno”. En aquel entonces, los conflictos se extendieron por un mes, y la cifra de caídos fue de 43.

Más tarde, en 2017, la historia se repitió, aun peor. Una declaración del Tribunal Supremo de Justicia en el que se atribuía las funciones de la Asamblea Nacional y la declaran en desacato originó, nuevamente, una ola de protestas en el territorio nacional. Esta vez el uso de la fuerza fue mayor y exagerado, se denunciaron violaciones de Derechos Humanos e incluso hubo jóvenes que murieron a causa de impactos de la fuerza policial. La convulsión social sumó dos meses más, y el saldo de fallecidos aumentó a 165.

La comunidad internacional rechazó las acciones por parte del Estado, organizaciones internacionales condenaron la represión y denunciaron las violaciones de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas instó al Gobierno a detener “la represión violenta de las manifestaciones pacíficas, cesar el uso de fuerza excesiva y desproporcionada, en particular limitando el despliegue de efectivos de la GNB durante las manifestaciones y evitando la participación de cuerpos de seguridad que no tienen competencia para llevar a cabo labores de control de multitudes, como el Sebin y el Conas”. Nada pudo más que el ánimo represor del poder.

Fermín Mármol García indica que posturas y acciones como las que el gobierno tomó durante las protestas son característicos de los sistemas autocráticos, dictatoriales o apartados de la constitucionalidad, ya que para estos “es preferible pagar el precio de la represión rápida y muy violenta, antes de tener una cultura de brotes de protesta” a lo largo y ancho del país. Insiste en que “la represión generalizada, rápida y muy violenta, genera un apaciguamiento social y bien vale la pena una receta muy fuerte antes de estar permanentemente con políticas de mediana intensidad”. Admite que el mensaje de Chávez en 2009 fue un “mensaje claro y directo a los órganos represivos del Estado venezolano”.

Tiempo de ejecuciones extrajudiciales

La falta de cumplimiento de las leyes creó un sistema ciego y benevolente ante los delitos que debilitó la justicia y acrecentó la impunidad.

Con Chávez las ejecuciones extrajudiciales existieron, pero las mismas se agudizaron en 2015 con Nicolás Maduro en el poder. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por medio de la Policía Nacional promovió la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), un operativo que tenía como objetivo ingresar a una zona y verificar a hombres y mujeres en el Sistema Integrado de Información Policial a fin de determinar si se ha cometido algún delito y dar respuesta al incremento de la violencia en el país.

“Más que un plan de políticas públicas de seguridad ciudadana, fue un operativo policial a gran escala. Es un plan incompleto que generó molestias a la ciudadanía porque no fue estructurado como un plan que generara que la autoridad llegó para quedarse, sino que la autoridad llegaba, estaba seis horas y volvía en tres o seis meses. Eso no tiene ninguna razón”, explica Fermín Mármol García.

Estos operativos se llevaron a cabo hasta 2017 bajo el nombre de OLP. Más adelante nacerían las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), un escuadrón que ganó fama tras su participación en la conocida Masacre del Junquito.

La organización no gubernamental venezolana Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) ha documentado 6.385 casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 2012 y 2017. En 2015, la organización reportó 1.396 casos, un 37% más que en 2014, cuando fueron 1.018. En 2016 se registraron 2.379 casos, un 70% más que en el año anterior.

Liliana Ortega, directora de Cofavic, denuncia que en 2017 se registraron 1.845 casos de ejecuciones extraoficiales. En su informe Ejecuciones extrajudiciales, 40 historias de 6385 vidas ignoradas 2012-2017, la organización revela que “el 66% de los fallecidos son menores de 25 años y 93% hombres”.

El documento también revela que hasta julio de 2017, según la información disponible por parte del Ministerio Público, 1.074 funcionarios policiales o militares se encuentran bajo investigación por violaciones de Derechos Humanos en los operativos de la OLP y FAES. Tan solo 112 están imputados.

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Mármol García declara que las personas violan la ley en el mundo cuando están convencidos de que no habrá castigos, e indica que en el caso de los funcionarios policiales o militares, estos violan la ley cuando creen que “tienen patente de corso y que van a salir impunes”.

“Tenemos que comprender que la impunidad es el principal combustible para producir actividad delictiva. La gran tragedia que tenemos en el país es que la República poco a poco ha sido sustituida en un Estado comunal y eso se traduce en que la institucionalidad que nosotros conocimos en la última etapa del siglo XX ha sido erosionada y desmantelada en estos últimos 20 años”.

El abogado criminalista denuncia que las violaciones en materia de Derechos Humanos que ocurren en Venezuela son producto de “un país sin instituciones, sin división de poderes y sin equilibrio público” que generó desde un principio “profundas desviaciones y la seguridad ciudadana no escapó de ello”.

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo. De pequeña quería estudiar teatro, pero redireccionó su vocación luego del cierre de RCTV y por los constantes problemas que ha atravesado el país. Ama leer y escribir. Considera que, aunque muchos le han perdido la fe al oficio en Venezuela, “el periodismo es la profesión que más se parece al boxeo, con la ventaja de que siempre gana la máquina, y la desventaja que no se permite tirar la toalla”, como dijo Gabriel García Márquez.