Venezuela se autoimpuso un bloqueo económico internacional

Las polémicas sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia en las que se le otorga la potestad al presidente Nicolás Maduro para crear empresas mixtas o vender acciones de las ya existentes, es un síntoma de que la situación de liquidez del gobierno es precaria. Analistas basan esta apreciación en que al dejar a un lado a la Asamblea Nacional para dar el aval a cualquier contrato de interés nacional, con la justificación de desacato, ha complicado el acceso al financiamiento externo.
«Nadie le quiere prestar a Venezuela, el gobierno se autoimpuso un bloqueo económico internacional por su mala gestión de las finanzas, lo que observamos en la percepción de alto riesgo que tienen los inversionistas. Venezuela tiene el riesgo país más elevado de la región», apuntó el economista del banco de inversión Goldman Sachs, Ricardo Penfold.
Durante el foro organizado por la consultora Ecoanalítica «Ya viene el cambio… Estrategias para resistir», indicó que ya Venezuela entró en una cesación de pagos debido a que desde hace algún tiempo le viene cancelando a sus proveedores internacionales y empresarios la deuda en divisas con bonos, además de reestructurar deuda con China.
«La voluntad del gobierno para pagar los bonos de deuda externa ha sido asombrosamente alto, han vendido todos los activos que han podido y están literalmente raspando la olla. Están también tratando de pedir ayuda a la CAF (Banco de Desarrollo). Las sentencias del TSJ es porque se les dificulta conseguir financiamiento, dada la situación de liquidez del gobierno que es muy precaria y esto no se los estoy diciendo yo, lo está diciendo el gobierno al estar dispuesto a violar la Constitución para conseguir financiamiento», dijo.
Recalcó Penfold que no basta con que se reconozca a la AN para que el país recupere el financiamiento internacional, también hace falta un plan fiscal coherente y un equipo económico creíble. «Se requiere un cambio en la política macroeconómica, que haya apertura en el sector privado, se necesita un vuelco».
Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, sostiene que aunque el gobierno ya cuenta con los recursos para cancelar su compromiso de deuda externa del mes de abril por 2.084 millones de dólares por el Pdvsa 2017, hay suficientes indicios de que «la voluntad de pago del gobierno se ha ido resquebrajando y que las probabilidades de cesación de pagos se han incrementado significativamente».
Señaló que muchos inversionistas tienen bonos venezolanos desde hace 8 y 10 años, pero recomendó que ya es hora de ir disminuyendo la posición de estos títulos de su cartera de inversiones.
«Deben bajar la dosis, sabemos que los papeles de deuda de Venezuela son muy atractivos por su alto rendimiento. Pero vayan preparándose para reducir de manera importante la exposición que tienen de Venezuela y moverse hacia posiciones mucho más defendidas como el Pdvsa 2020, el cual tiene una garantía como Citgo, y con aquellos bonos de bajo cupón y precio de 34% que en un escenario de default impactaría menos».
Recalcó Grisanti que al gobierno venezolano se le han complicado tanto el acceso al financiamiento externo, que hasta Rusia se han distanciado un poco.
«Cualquier posibilidad de darle divisas al país lo están sopesando muchos gobiernos y entes multilaterales. Uno de los principales bancos de inversión (Nomura) que analizaba prestar al gobierno venezolano 1.200 millones de dólares ya se retractó, precisamente por la querella con la AN y pensaría que quizás no tengamos un anuncio público sobre algún acuerdo con Rosneft (petrolera rusa estatal)», apuntó.
Destacó que al gobierno le quedarán prestamistas de última instancia que muy posiblemente harán altas exigencias.]]>