La Unión Venezolana en Perú, presidida por Oscar Pérez. admite que las multas son para todos los extrajeros pero las considera "desproporcionadas" e imposibles de pagar por la mayoría de los venezolanos
Un grupo de venezolanos en Perú solicitó al gobierno de Pedro Castillo que se les condonen masivamente las deudas por no haber cumplido con los plazos para renovar la visa de residencia.
Representantes de la Unión Venezolana en Perú las consideraron «desproporcionadas» e imposibles de pagar por la mayoría de los migrantes.
En Perú se multa a los extranjeros de cualquier nacionalidad que no gestionen sus renovaciones de visas de residente dentro del plazo de la ley. Esas son las multas que la Unión Venezolana quiere que les exoneren.
Las multas equivalen a 12 dólares por cada día de retraso.
A través de una carta dirigida al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, el presidente de la ONG venezolana, Óscar Pérez, instó a las autoridades peruanas a adoptar medidas para condonar estas sanciones económicas «impagables» a las que se enfrentan los ciudadanos extranjeros en Perú.
«Estamos pidiendo que se evalúen medidas extraordinarias de condonación, de exoneración de multa. Pedimos una suerte de amnistía que permita olvidar estas deudas y que las personas puedan nuevamente regularizar su situación migratoria y seguir avanzando en aportar al desarrollo económico del Perú», declaró Pérez desde el frontis del Ministerio del Interior.
«Hoy estamos apelando a la visión humanista y solidaria, a la generosidad del señor ministro del Interior para que se busque algún tipo de medida que permita devolverle la paz a todas estas personas», insistió.
En el oficio, que tuvo el respaldo de 5.000 firmas, el presidente de la Unión Venezolana sostuvo que, a pesar de «coincidir plenamente con la visión administrativa (…), las sanciones pecuniarias impuestas a quienes por diversos motivos no inicien los trámites de prórrogas de residencia dentro de los plazos establecidos resulta desproporcionada en comparación con la realidad económica por la que atraviesan la mayoría de ellos».
En concreto, la multa contemplada en estos casos asciende a 46 soles diarios (unos 12 dólares), un monto «imposible» de afrontar en el contexto de vulnerabilidad en el que viven los ciudadanos venezolanos en el Perú, agravado por la crisis económica desatada por la pandemia de la covid-19.
«La multa que está contemplada en la ley de migraciones es de 46 soles por día, pero el salario básico en este país es de 31. Es imposible pensar que alguien que gana 31 soles por día pueda pagar para mantener su residencia, pues le faltarían 15 soles diarios para poder completar el pago de esta multa», espetó Pérez.
El representante de la Unión Venezolana en Perú insistió, también, en las consecuencias sociales y económicas que implicaría la pérdida de la residencia de los migrantes y refugiados venezolanos en el país andino, «la mayoría de ellos profesionales y emprendedores».
«Estamos hablando de gente que ha venido a hacer las cosas bien y a seguir adelante. Son profesionales, médicos, enfermeras, que están a punto de perder la residencia. Así no pueden seguir ejerciendo la carrera acá», subrayó.
Un estudio de la Cámara Venezolana Peruana de Empresarios y Ejecutivos (Cavenpe) y la Konrad Adenuaer Stiftung (Kas) reveló en agosto pasado que los migrantes y refugiados venezolanos generan un impacto fiscal neto de 139 millones de soles (unos 35 millones de dólares) en Perú. Este valor podría escalar en un 113 % si el país andino impulsara políticas públicas eficientes a favor de la inserción laboral y económica de esta población migrante.
Mientras ocurrían las protestas contra la masiva presencia de inmigrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, el canciller Andrés Allamand se encontraba en Madrid por asuntos diplomáticos, lo que levantó críticas de ciudadanos y políticos
La rudeza de las condiciones en que migran los venezolanos se cobró otra víctima: Edgard Zapata, de 47 años, que cayó justo en la frontera del país destino: Chile. El día anterior, en Santiago, falleció de un infarto una venezolana de apenas 27 años. Su familia solicita ayuda para repatriar el cuerpo
El plan también incluirá soluciones a "casi 200.000 personas flotantes que van hacia el sur", lo que ha requerido el diálogo también con los Gobierno de Colombia y Perú.
