Yenni Peña tenía una vida tranquila hasta que se embarazó. Dice que al quedar en estado se convirtió para su pareja en una molestia, una carga, una loca, un fastidio. El hombre utilizaba esos adjetivos en público y en privado, incluso llegó a repetirlos frente a los compañeros de trabajo de ambos. Frases como: “Tú lo que quieres es perseguirme” o “estás fastidiosa por el embarazo” socavaron la dignidad de Peña, hasta que no aguantó más y decidió denunciarlo por violencia psicológica.
Para hacerlo tuvo que acudir a cinco instancias distintas. Primero se dirigió al Instituto Nacional de la Mujer. Allí le dijeron que mejor era “dejarlo así”, ya que por ser maltrato psicológico la denuncia no iba proceder. Luego acudió al Servicio de Atención a la Víctima del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde tampoco tuvo éxito: “Dijeron que no podían hacer nada, porque tenían que agarrarlo en flagrancia”, es decir estar presentes en el preciso instante en que su pareja la insultaba. Finalmente, en la Fiscalía número 28 Para la Defensa de la Mujer pudo denunciar, aunque antes la funcionaria que la atendió le dijo: “Yo no estoy aquí para resolver problemas de pareja. Yo no estoy aquí para que vuelvas con él”.
“Yo sabía que ella estaba obligada a atenderme, fue por eso que insistí y logré poner la denuncia”. Peña, socióloga, salió de la Fiscalía con una orden de alejamiento, que llevo a Polibaruta para que se la entregara a su agresor. Tal fue el impacto que esa situación tuvo en su vida que creó ProyectoInfo_Genero, una plataforma que se dedica a informar sobre iniciativas, proyectos y organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos humanos de las mujeres.
“En Venezuela es un problema muy común que ha sido silenciado o naturalizado. Son conductas que se tratan como normales y por eso en muy pocos casos se denuncia, y al hacerlo se da el caso de que muchos funcionarios repiten los estereotipos. En el país la violencia contra la mujer es un problema estructural”, asegura Peña.
La falta de sensibilización de los funcionarios encargados de impartir justicia es una de las debilidades en la aplicación de la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada el 25 de noviembre de 2014, que tipificó el femicidio –asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujer– como delito y lo identificó como una de las 21 formas de violencia contra la mujer.
“Las personas responsables del sistema de justicia, incurren en violencia institucional, en hechos como: no tomar la denuncia porque no le parece que el hecho sea grave o porque no hay computadora o no hay funcionario o funcionaria, porque asumen actitudes de desestimación del hecho o de la acción física violenta”, indica el Informe Alternativo al Tercer Informe Periódico de la República Bolivariana de Venezuela al Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Entre los 15 primeros
El informe presentado en junio de este año señala que Venezuela se encuentra entre los 15 países con más femicidios en el mundo: “La tasa de femicidios en Venezuela es poco más de 5,5 por cada 100.000 mujeres, es decir 145 femicidios en una población de 14,5 millones de mujeres”. Agrega que de acuerdo con Cofavic, 90% de las muertes ocurre en el ámbito privado, y los responsables son la pareja o familiares. Sin embargo, el Estado no suministra cifras oficiales.
Una investigación hemerográfica realizada por el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres y Fundamujer determinó que en lo que va de 2015, al menos 133 mujeres del área metropolitana de Caracas han muerto víctimas de violencia.
El Informe Anual del Ministerio Público de 2014 refiere que ese año recibió 70.763 denuncias en la Dirección para la Defensa de la Mujer. La cifra representa 12,33% del total de denuncias y es la segunda razón por la cual los ciudadanos acudieron a la Fiscalía, superada solo por la Dirección de Delitos Comunes.
Con respecto a los casos de violencia contra la mujer, hubo 19.016 audiencias preliminares, 11.075 imputaciones y solo 482 juicios. El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres asegura que sólo llega a Tribunales un pequeño porcentaje de los casos de violencia contra las mujeres denunciados ante el Ministerio Público y de ellos una ínfima minoría consigue sanción legal.
“El femicidio se caracteriza por el desprecio al cuerpo de la mujer, por el odio. Hay una situación de control y dominio por parte del hombre y por eso el cuerpo de la mujer queda golpeado y el rostro desfigurado por heridas, golpes, ácido o quemaduras. Por lo general el hombre tiene una relación de confianza con la víctima o una relación de superioridad por jerarquía”, explica Griselda Barroso, Defensora Delegada Metropolitana del Instituto Metropolitano de la Mujer.
Agresión que se calla
Las mujeres prefieren callar las historias de violencia. No las quieren contar porque las avergüenza. “Las mujeres no denuncian con el primer grito o el primer empujón. Cuando acuden a las autoridades es porque han soportado años de maltrato físico, psicológico, verbal, sexual o patrimonial. En el mundo, cada cinco minutos una mujer es víctima de violencia”, afirma Barroso. Para la abogada, es una tarea urgente impulsar el reglamento para Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o crear una ley adjunta procedimental. “No podemos seguirnos rigiendo por el Código Orgánico Procesal Penal porque ofrece lapsos muy cortos y es un código androcéntrico (enfocado en el hombre), en el que si no hay sangre no se actúa y lo primero debe ser la prevención. Se debe educar a los niños y niñas como iguales desde la escuela”.
Aunque pocos, El Estímulo halló un caso que sí llegó a término judicial por lo que se insiste en que se hagan las denuncias pertinentes en caso de sufrir algún tipo de violación. El 10 de enero Yesenia Anaís Herrera, de 33 años de edad, estaba en su vivienda ubicada en Petare. Ese día su ex pareja, José Daniel González de 23 años, le pidió reanudar la relación. Ella se negó y él, en medio de ofensas y amenazas, la roció con gasolina y le lanzó un fósforo encendido en presencia de sus dos hijos. El 13 de noviembre, González fue condenado a 20 años de prisión por el delito de femicidio.
