La resolución llega casi un mes después de que el juez Alvin Hellerstein dejara abierta la posibilidad de reconsiderar el caso si la administración Trump bloqueaba el pago de honorarios
Casi un mes después de la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en la que se debatió el financiamiento de su defensa legal, la disputa llega a su fin.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) envió una carta al juez que lleva el caso, Alvin Hellerstein, en la que indica que modificó sus licencias para permitir que los dos imputados paguen a sus respectivos equipos legales con fondos del Gobierno de Venezuela.
La carta, emitida este viernes 24 de abril, establece algunas condiciones:
«Los acusados retiran sus mociones por considerarlas sin objeto, sin perjuicio de volver a presentarlas si surgieran situaciones similares en el futuro», dice la carta.
El documento también solicita al juez Hellerstein que programe la tercera audiencia en un plazo de 60 días, tiempo que no contará dentro del plazo legal del proceso. Tanto la defensa como la fiscalía buscan ese margen para presentar y revisar las evidencias con tiempo suficiente, evitando así que el caso pueda ser desestimado por razones procesales.
Maduro y Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero por fuerzas militares de Estados Unidos y trasladados posteriormente a la cárcel de Brooklyn, en Nueva York, donde enfrentan cargos de narcotráfico, entre otros.
El juicio que se le sigue a Nicolás Maduro y Cilia Flores, en Nueva York, no sufrirá dilaciones ni reajustes tras la muerte, por causa natural, del veterano juez que encabezaba la corte donde son juzgados. Aquí explicamos quién queda a cargo del proceso, que tendrá en 2027, también como el escenario político venezolanos, su momento de definición
La información que se ha hecho pública indica que falleció por causas naturales. Ahora, el sistema deberá asignar un nuevo juez y es probable que el inicio del juicio se postergue, tal como había pedido la defensa
Maduro leyó la nueva acusación y expresó que eran mentiras en su contra. El juez tomó sus palabras como una declaración de no culpabilidad. Por estos nuevos cargos, pueden enfrentar una sentencia mínima obligatoria de 50 años
