Venezuela: el riesgo de invertir en un país sin ley

La situación que enfrenta la empresa Odebrecht en Venezuela, sirve para ilustrar el efecto que tiene sobre el capital privado el choque de poderes que sacude la política local. Mientras por un lado la corporación brasileña desarrolla proyectos milmillonarios con el Gobierno chavista, por el otro es objeto de una investigación que adelanta la Asamblea Nacional de mayoría opositora sobre irregularidades en el sector eléctrico.

El jefe de la comisión parlamentaria que dirige las averiguaciones, Jorge Millán, comenta que el Ejecutivo ha obstruido su labor.

“El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, se niega a atendernos y no nos ha entregado ni una sola información”, se queja. En contraste con el desprecio oficial, afirma que ha podido avanzar con las pesquisas gracias a los datos ofrecidos por “gran cantidad de empresas”.

Paradojas de la Venezuela de hoy, Odebrecht, gran aliado comercial del régimen chavista, consignó seis cajas de documentos ante la AN, que permitirán a los legisladores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indagar sobre las razones de la paralización de las obras de la planta hidroeléctrica de Tocoma, en el sur del país.

El presidente Nicolás Maduro desconoce la autoridad del Poder Legislativo y amenaza con asfixiarla económicamente. “Estando esta Asamblea Nacional fuera de la ley, yo como Jefe de la Hacienda Pública no puedo depositarle recursos”, declaró el 2 de agosto. En esa misma línea, el Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el chavismo, ha dictado 24 sentencias en 8 meses contra el Parlamento, anulando muchas de sus competencias y funciones constitucionales.

Sin embargo, la gerente de una transnacional que opera en Venezuela explica que para “sobrevivir” deben evitar caer en medio de ese conflicto institucional. “Si nos llama la Asamblea, vamos. Y si nos convoca el Ejecutivo, también”, apunta la fuente consultada, que prefiere resguardar su identidad. “Nuestra respuesta corporativa es automática: somos fieles cumplidores de las normas en los países donde prestamos servicios”, repite de memoria la fórmula que incluyen en todos los comunicados.

– Tira y encoge –

Contando con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia, Maduro impuso la vigencia de un decreto de emergencia económica y maneja los fondos públicos sin someterse a la supervisión del Poder Legislativo.

“Vamos a oficiar a todas las embajadas que los únicos contratos con validez serán los revisados por la Asamblea Nacional. Contratos no aprobados por la Asamblea carecerán de vigencia en este y en el próximo Gobierno”, ha advertido el presidente de la Cámara, Henry Ramos Allup.

El Parlamento aprobó en abril un voto de censura contra el ministro de Alimentación, general Rodolfo Marco Torres, a quien culpa por distintos hechos de corrupción y los altos índices de escasez de productos básicos. Lejos de removerlo del cargo, el Jefe de Estado lo ratificó en ese despacho clave. “Señores proveedores nacionales e internacionales, cualquier contrato o acuerdo que suscriba Marco Torres es nulo porque está destituido”, alertó el diputado José Guerra, miembro de la Comisión de Finanzas.

El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) aprobó a finales de julio un crédito de 482.5 millones de dólares para el Banco Central de Venezuela, con la finalidad de “contribuir a la estabilidad económica regional”, según informó este organismo con sede en Bogotá. Como esta operación no fue avalada por los asambleístas, desde el Poder Legislativo sentenciaron que “esa será una deuda ilegítima”.

Maduro suscribió el 5 de agosto una serie de contratos por 4,500 millones de dólares para ejecutar proyectos en el llamado “arco minero”, una zona de 111,843 kilómetros cuadrados ubicada en el sur venezolano rica en oro, diamantes, bauxita, níquel, coltán, hierro y otros minerales. Entre las transnacionales que sellaron alianzas con el Gobierno venezolano está la canadiense Gold Reserve, que mantuvo un conflicto en tribunales internacionales con la República por el fin de una concesión en 2009. “En las próximas semanas haremos otras inversiones por miles de millones de dólares más”, adelantó el mandatario.

El Parlamento acordó rechazar los pactos firmados por el Ejecutivo, argumentando la necesidad de proteger el sistema ecológico, la biodiversidad y el hábitat de los pueblos indígenas.

“Ningún contrato de interés público nacional puede ser avalado si no tiene el certificado del Poder Legislativo, de modo que esta payasada que hizo Maduro es inconstitucional”, sentenció el diputado Américo De Grazia, integrante de la Comisión de Energía y Petróleo.

– En rojo –

“El ingrediente fundamental para la inversión privada es la confianza y las reglas de juego claras y estables. El choque institucional lo que hace es incrementar la incertidumbre, pues al no tener un Estado de Derecho lo que reina es el caos”, explica Jorge Roig, expresidente de la patronal venezolana Fedecámaras.

El último informe Doing Business publicado por el Banco Mundial en 2016 ubica a Venezuela en el puesto 186 en una lista de 189 naciones que mide la facilidad para hacer negocios. La República Bolivariana es peor evaluada que Haití (182) y solo se ubica por encima de Sudán del Sur, Libia y Eritrea.

Roig apunta que la pelea entre los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo “introduce aún más desconfianza, escepticismo y alejamiento de inversiones, en un ambiente que ya es contrario a la iniciativa privada”. La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) afirma que entre 1999, año del arribo al poder del difunto presidente Hugo Chávez, y 2015 el número de industrias cayó de 12.700 a 3.500. De las activas, todas estarían funcionando por debajo del 43% de su capacidad histórica, de acuerdo con un estudio de la organización.

El Gobierno de Maduro aplica el modelo del “socialismo del siglo XXI”, que se caracteriza por promover la intervención del Estado, las expropiaciones y los férreos controles sobre la economía. El chavismo, además, acusa a los empresarios de agitar una “guerra económica” que sería la causante de las elevadas tasas de inflación y desabastecimiento que padecen los ciudadanos.

“La confrontación sin que haya mediación, mediadores y árbitros institucionales, incrementará la recesión y la descapitalización del país”, observa Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas.

A principios de julio, la transnacional Kimberly-Clark abandonó el territorio venezolano y el Citibank anunció que cerraría las cuentas que mantenían abiertas el Banco Central de Venezuela y el estatal Banco de Venezuela. Maduro reaccionó interviniendo a la empresa y denunciando un “bloqueo financiero” contra su gestión.

Maldonado cree que ese tipo de hechos ocurren a consecuencia del choque institucional. “A estas alturas, los actores económicos están buscando desesperadamente rectificación económica y cordura política, pero ahora el riesgo país se incrementa y seguimos en la cola del mundo”, se lamenta.

El abogado de una firma internacional que trabaja en Venezuela admite que la situación es cada vez más confusa. La AN dejó sin efecto la última renovación del Poder Judicial, realizada por el chavismo en diciembre de 2013, lo que afecta la designación de 13 de los 32 magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia. En teoría, casi la mitad de los jueces son ilegítimos. “Pero, igual, nosotros tenemos que atender el llamado de todos los poderes, como si no pasara nada. Hay que tener mucho cuidado, porque aquí todo se politiza y si un bando respalda tu solicitud, el otro la condena. Así no se puede avanzar”, critica el experto legal.