«Estamos seriamente preocupados por acusaciones de detenciones arbitrarias y uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en el marco de las protestas públicas, así como por el uso de tribunales militares para enjuiciar civiles», indicaron los expertos, según un comunicado de prensa de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
“El Gobierno venezolano tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos no sean privados arbitrariamente de su libertad, o penalizados de ninguna manera, por expresarse y protestar pacíficamente. Las protestas no deben ser criminalizadas”, señalaron los expertos.
“El uso de la justicia militar penal debe ser estrictamente limitado a casos en los que militares activos cometan delitos militares”, señalaron los expertos.
«Al menos cuatrocientos manifestantes habrían sido juzgados de esta manera y la gran mayoría habrían sido privados de su libertad bajo acusaciones de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, tales como rebelión militar, traición a la patria y ultraje al centinela», señaló el comunicado de prensa.
«El uso de la justicia militar penal debe ser estrictamente limitado a casos en los que militares activos cometan delitos militares», recordaron los expertos.
“Recordamos al Gobierno venezolano la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estas normas deben regir la actuación de las fuerzas policiales y militares en todo momento”, indicaron.
El comunicado de prensa indicó que los expertos en derechos humanos de la ONU se comunicaron con las autoridades venezolanas para pedir aclaraciones.
Los cinco expertos son el mexicano José Antonio Guevara Bermúdez, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el estadounidense David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la italiana Annalisa Ciampi, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el peruano Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y el suizo Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.]]>
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