400 funcionarios del servicio exterior de la Cancillería están “en el aire”

El reclamo también lo han expresado trabajadores de otros entes gubernamentales, como el eléctrico, el de la Cantv, el sector salud y recientemente, los trabajadores del Ministerio de Agricultura y Tierra.

Sin embargo, no hay respuestas. Ya el canciller Jorge Arreaza les había cerrado las puertas y ahora esperan que la vicepresidenta Delcy Rodríguez les dé respuesta, según voceros sindicales.

Los trabajadores que están en el servicio exterior serían los más perjudicados, pues calculan que serían alrededor de 400. Según la fuente, muchos estarían durmiendo en las delegaciones diplomáticas ya que no se les paga desde marzo un salario que es en dólares.

De acuerdo a la información que suministra el sindicato, sólo se le pagó al personal destacado en Naciones Unidas, pero lo que se les canceló fue el salario correspondiente al mes de abril.

Mientras, a los obreros les correspondía el bono vacacional correspondiente a la primera semana de septiembre. El pago fue suspendido y las autoridades del ministerio les indicaron que “no hay plata”.

Por su parte, a los jubilados tampoco se les canceló el bono de alimentación que se les adeudaba.

La dotación de ropa y calzado prevista en el contrato tampoco ha sido respetada. Esto se suma al pliego de denuncias sobre la reducción y eliminación, en algunos casos, de primas.

“El gobierno habla de la Misión Vuelta a la Patria y aquí no se le paga a los trabajadores ¿Cómo se entiende eso”, reclamó José Patines, quien lidera el sindicato de la Cancillería.

“Los trabajadores de la Cancillería estamos en la calle. Si la respuesta no es favorable, y sabemos que no lo será, vamos a buscar esas respuestas en la calle. En Miraflores”, agregó.

Patines señaló que los trabajadores no tienen la culpa de que se hayan robado el dinero del país, pero exige que el gobierno “les dé la cara”.

Cuestionaron que haya dinero para “viajes” y no para responder las necesidades de los trabajadores venezolanos.

La denuncia se repite. Un salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos (BsS) que después de un mes “ya no alcanzaban. Solo en colegio hay que pagar cerca de BsS 600. La comida está por las nubes y eso, sí la encuentras”.

Aunque la protesta era pacífica y sin obstruir el tránsito, efectivos de la Guardia Nacional les exigieron que se retiraran de la entrada de la Vicepresidencia, alegando que era “zona de seguridad”.

Los trabajadores se negaron lo que generó un intercambio de palabras entre los manifestantes y los efectivos militares.

No fue el único hecho que “alteró” la protesta. Un grupo de cuatro personas, dos hombres, uno de ellos con camisa roja, y dos mujeres, estuvieron haciendo preguntas a los militares sobre la identidad de los que lideraban la protesta. Los manifestantes los grabaron e increparon exigiendo que se identificaran. Estas personas nunca lo hicieron; por el contrario, amenazaron con “demandar” a quienes los abordaron.

La presión ejercida por los manifestantes hizo que estas cuatro personas se retiraran del lugar.

Una comisión de trabajadores fue recibida, de nuevo, por Miguel Castillo, encargado de la “articulación social” de la vicepresidencia.

Allí se les informó que el instructivo con la tabla salarial está en “construcción” y se responsabilizó al departamento de recursos humanos del ministerio y de otras instituciones, de las quejas por los tabuladores y supresión de primas, algo que rechazaron los trabajadores por cuanto esgrimen qué recursos humanos “recibe órdenes”.

Carrillo también les indicó que “próximamente” el presidente Nicolás Maduro hará anuncios sobre la contratación colectiva.

De nuevo, los trabajadores manifestaron su inconformidad ante estas respuestas por lo que seguirán en la calle.

Su objetivo es que se reviertan estos tabuladores y se respete el “mérito” así como que se cancelen las deudas pendientes.