En el país que tiene la inflación más alta del mundo y el salario mínimo más bajo, el régimen de Nicolás Maduro, a través de un tribunal contra "terrorismo", condena a 16 años de cárcel a seis sindicalistas y activistas que protestaron el año pasado por demandas salariales. Mensajes en Twitter y WhatsApp entre las supuestas "pruebas" de delitos.
El sistema de justicia chavista condenó este martes 1 de agosto a seis dirigentes sindicales y sociales a 16 años de prisión, por protestar en la calle en demanda de salarios dignos y en reclamo del cumplimiento de contratos colectivos, denunciaron abogados de la defensa y activistas por los Derechos Humanos.
Los manifestantes llevan más de un año presos sometidos a un juicio arbitrario y sin que les pudieran probar ningún delito, han denunciado varios defensores de los Derechos Humanos.
Los activistas Reynaldo Cortés, Alfonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron apresados por agentes del gobierno de Nicolás Maduro durante unas protestas en julio de 2022 y ahora han sido condenados sin pruebas fehacientes por supuesta «conspiración», por un tribunal que se aboca a casos de «terrorismo».
«Han sido condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir a 16 años de cárcel por la juez Grendy Duque, a pesar de ser inocentes», publicó la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Twitter.
«Esta condena sin ningún asidero, sin pruebas, demuestra, una vez más, que el sistema de ‘justicia’ está al servicio del poder y no de los ciudadanos. La lucha por reivindicaciones, por la libertad, por el bienestar de los venezolanos no es un crimen», publicó en X (ex Twitter) el activista social Roberto Patiño.
«Todavía estamos esperando saber cuál es la razón verdadera por la cual esa gente está presa. Por conspiración no es porque nunca conspiraron en nada. Es una cosa realmente surrealista por qué esa gente está presa y sobre todo esa condena de 16 años, es una cosa oprobiosa. Y es una amenaza a los que protestan y una amenaza a los sindicalistas para que vean qué les va a pasar si siguen protestando«, comentó a El Estímulo el abogado y activista por los Derechos Humanos Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia.
El año pasado la plataforma Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, conformada por Acceso a la Justicia, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y Espacio Público, denunció que estas «detenciones arbitrarias» representan otro ataque a la libertad sindical y a las organizaciones civiles.
Todos los detenidos, señaló la organización, han ejercido el activismo sindical en diversas regiones del país y Gabriel Blanco se desempeñaba como trabajador humanitario.
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