La diputada a la Asamblea Nacional, Dennis Fernández, recibió la propuesta de reforma parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), de Alejandro Rebolledo, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho.
El proyecto de Ley entró en la agenda parlamentaria como parte del debate sobre la corrupción y la actuación de los poderes públicos.
En rueda de prensa realizada este miércoles en el palacio legislativo, Rebolledo informó que la reforma busca «actualizar y fortalecer la base legal necesaria que incorpore en el ordenamiento jurídico mejores prácticas, novedosos instrumentos y efectivos procedimientos para el combate de la hoy moderna, ágil, mutante y tecnológica delincuencia organizada».
El especialista en materia de prevención de lavado de dinero dijo que hay que fortalecer el ordenamiento jurídico a las mejores prácticas y estándares internacionales a través de una plataforma que arroje los resultados esperados en materia de recuperación de bienes, ya que es la forma más efectiva contra las acciones criminales que amenazan la paz y seguridad de la sociedad, el capital, la productividad, la competitividad y en definitiva la calidad de vida de los venezolanos”.
Agregó que es necesaria la recuperación de los fondos y activos que hayan sido transferidos por medio de actos de corrupción y otros delitos, a cuentas de sociedades y particulares en el extranjero a disposición de mafias que se amparan a la sombra del poder político y financiero en Venezuela. “Para estos fines de recuperación de activos, es necesario contar con canales más eficientes en materia de asistencia mutua y cooperación judicial internacional, así como tratados, pactos convenciones y acuerdos vigentes en la materia, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela”, precisó Rebolledo en nota de prensa.
Además, sostuvo: “Es apremiante adecuar la legislación venezolana en materia de prevención y control de los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, a las nuevas recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero del año 2012, conocidas como los “Estándares Internacionales para el Combate del Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo y de las Armas de Destrucción Masiva”.
Para ello se plantea la necesidad de incorporar a la ley delitos como el contrabando, la evasión fiscal, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masivas; la publicación oficial del listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y establecer el criterio para la desclasificación de las mismas, así como la creación de la estructura jurídica y marco regulatorio necesaria para supervisar las actividades profesionales y comerciales no financieras susceptibles a la delincuencia organizada, indicó Rebolledo.
En la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el riesgo y el Fraude, que se celebrará en Caracas los días 14 y 15 de julio, se estarán dando respuestas a las interrogantes surgidas por el caso de los Papeles de Panamá.
Con el voto salvado de de la bancada oficialista, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de reforma parcial de la Ley que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inconstitucional la reforma parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, sancionado el pasado 3 de marzo por la Asamblea Nacional (AN).
