Disputa histórica con Guyana por el territorio Esequibo escala a otro nivel, pues nuevas concesiones petroleras en curso llegan hasta la zona económica exclusiva del estado Delta Amacuro y anulan la salida de Venezuela al Atlántico.
El secretario general de la OEA (Organización de estados Americanos) terció a favor completamente de Guyana por el caso de las concesiones petroleras en aguas del territorio Esequibo y levantó una ola de críticas y rechazos inclusive de antichavistas que tanto le agradecían en el pasado su posición alineada con la oposición que ha intentado buscar la democracia plena en Venezuela.
«Condenamos con vehemencia las tácticas intimidatorias que buscan socavar el principio de «buena vecindad». Reconocemos el derecho de Guyana a dar la bienvenida a los inversores. Guyana debe preservar su integridad territorial y seguridad abordando su caso con Venezuela en el @CIJ_ICJ» (Corte Interamericana de Justicia), escribió Almagro en su cuenta de Twitter.
En las últimas horas se han caldeado los ánimos entre Venezuela y Guyana, a partir de mensajes retóricos y declaraciones de ambos gobiernos, después que el régimen de Nicolás Maduro reaccionó con varios meses de retraso a una ronda de licitaciones y al cierre de ofertas de bloques petrolero en alta mar, inclusive frente a la plataforma continental de Venezuela en el estado Delta Amacuro, además del territorio Esequibo.
Este caso está bajo instancias de la Corte Internacional de Justicia, en un complejo proceso que puede durar años.
La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. «Desempeña una doble misión: el arreglo conforme al derecho internacional de controversias que le sean sometidas por los Estados, y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del sistema de Naciones Unidas que tengan autorización para hacerlo», explica su información institucional.
Guyana logró llevar la disputa por el Esequibo a esta instancia después de la inacción, especialmente de Venezuela, que había dejado languidecer el caso durante 50 años en manos de un «Buen Oficiante» de la ONU, que nunca ofició nada concreto.
Guyana sostiene en este proceso ante la CIJ que el laudo del Tribunal Arbitral de 1899 (que Venezuela nunca ha reconocido) «es el acuerdo pleno, definitivo y perfecto sobre la frontera terrestre con Venezuela».
Mientras tanto Guyana ha seguido ejerciendo su control físico sobre el territorio Esequibo y sobre la proyección de la plataforma continental de esa zona. Esto implica que controla aguas del océano Atlántico y en la práctica le cierra el paso a Venezuela a su propia fachada Atlántica, inclusive se la cierra a áreas como las generadas por la proyección marítima del estado Delta Amacuro, que están más allá de cualquier disputa porque Venezuela ejerce ahí su plena soberanía continental histórica que nunca ha estado en tela de juicio.
Almagro acusa a Venezuela de socavar el principio de buena vecindad, pero no comenta la decisión unilateral de Guyana de otorgar concesiones en aguas marinas y submarinas que nunca han sido delimitadas pues ambos países tienen una controversia legal histórica que no ha podido resolverse.
Tras años de incapacidad de sucesivos gobiernos venezolanos para hacer valer los derechos históricos del Estado venezolano en esa disputa que estaba sometida al Protocolo de Ginebra, tampoco se ha resuelto la delimitación de esas aguas que Guyana reivindica casi por completo.
De este modo, la salida atlántica de Venezuela ha quedado bloqueada por los reclamos de Guyana y Trinidad sobre la proyección de la plataforma continental venezolana.
Al menos en redes sociales, Almagro ha cosechado de inmediato comentarios condenatorios de sus expresiones, incluso de parte de chavistas y de antichavistas.
Los consorcios de compañías que licitaron y ofertaron por los nuevos bloques son Total Energies EP Guyana B.V, Qatar Energy International E&P LLC, & Petronas E&P Overseas Ventures SDN BHD (Malaysia); Delcorp Inc – Guyana, Watad Energy, Arabian Drillers (Saudia Arabia);Exxon Mobil Guyana Limited, HESS New Ventures Exploration Limited, and CNOOC Petroleum Guyana Limited; Liberty Petroleum Corporation (USA) y Cybele Energy Limited (Ghana); Sispro Inc. (Guyana); y lastly International Group Investment Inc. (Guyana), en asociación con Montego Energy SA (London).
Durante estas horas en Nueva York el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Alí sostiene reuniones de alto nivel (además de la que tuvo con Almagro) con varios interlocutores representantes de varios gobiernos para convencerlos de la posición de su país en torno a la explotación plena del Esequibo y las aguas del océano Atlántico.
«El presidente también hará hincapié en las recientes declaraciones e incluso amenazas realizadas por Venezuela y llevará el asunto a la Asamblea General de la ONU. Además, también se han planeado una serie de reuniones bilaterales con países y con varios otros organismos sobre las recientes declaraciones de Venezuela», dijo el Secretario de Asuntos Exteriores de Guyana, Robert Persaud, a Demerara Waves Online News.
«Guyana lo considera una amenaza no sólo para Guyana, sino para la paz y la seguridad regionales e internacionales, así como para todos los socios inversores actuales y potenciales de Guyana», declaró el gobierno de Alí.
El gobierno de Guyana afirma que no tiene ninguna duda de que, en virtud del derecho internacional, las aguas en cuestión forman parte de su Zona Económica Exclusiva, y dice que es la única que goza de derechos soberanos sobre los recursos del mar y del subsuelo marino.
«Si Venezuela disputa esto, entonces está obligada por la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA (Organización de Estados Americanos) a emplear sólo medios pacíficos para buscar una solución. Ambas Cartas prohíben la amenaza o el uso de la fuerza contra otro Estado», añadió el gobierno en un comunicado.
Tanto el gobierno de Irfaan, como la coalición parlamentaria de oposición «Partnership for National Unity+Alliance For Change (APNU+AFC)» ya han manifestado que «el país se reserva el derecho de llevar a cabo actividades de desarrollo económico en cualquier parte de su territorio soberano o de los territorios marítimos anexos en beneficio de los guyaneses», reportan medios locales.
«Guyana también sostiene que cualquier intento unilateral por parte de Venezuela de restringir el ejercicio por parte de Guyana de su soberanía y derechos soberanos será totalmente incompatible con el Acuerdo de Ginebra y el estado de derecho internacional», agrega ese comunicado, citado por Demerara Waves.
«La advertencia de Venezuela a las compañías petroleras de que no se reconocería su presencia en los bloques petrolíferos marinos de Guyana se produjo nueve días después de que el presidente Ali dijera ante el Consejo Permanente de la OEA que Caracas tiene un historial de agresiones contra Guyana», cita este medio.
«El reclamo territorial fue reabierto sobre buenas bases espurias. Desde entonces, a lo largo de su existencia como Estado independiente, Guyana ha soportado actos de agresión que amenazaron nuestra integridad territorial e intimidaron y desalentaron la inversión, frenando nuestro crecimiento y desarrollo», dijo Ali ante esa instancia donde Venezuela no tiene representación debido a los largos conflictos políticos internos.
A través de un comunicado en X (Twitter) el gobierno de Nicolás Maduro rechaza una nueva ronda licitaciones de 14 bloques en alta mar con los que Guyana se propone atraer nuevas inversiones para su naciente industria petrolera, que ya produce la mitad de lo que extrae Venezuela.
El FMI ve un crecimiento de 20,4% para Guyana en este 2021, con una inflación de solo 3,1%. Para 2022 se espera que la economía del pequeño país vecino de Venezuela crezca otro 49%. China, con sus capitales y sus empresas, ya saca partido al boom de inversiones en infraestructura, servicios, petróleo y energía.
Una serie de acontecimientos al inicio de la década de los ochenta comprometió la recién inaugurada relación de Venezuela con el régimen cubano. El internacionalista Luis Fidhel analiza cómo el vencimiento del Protocolo de Puerto España y la intensificación del conflicto Este-Oeste en Centroamérica y el Caribe, entre otros asuntos, determinaron que la República Cooperativa de Guyana fortaleciera su posición de reclamo sobre el territorio en disputa
