Miembros de la mayoría parlamentaria estudian proponer una comisión mixta que investigue los escándalos y una reforma a la ley de drogas. Quieren que en la plenaria los dirigentes chavistas respondan por las acusaciones lanzadas desde el exterior
La Unidad Democrática va en serio. Integrantes de la mayoría de la Asamblea Nacional tienen previsto impulsar un debate en plenaria sobre el narcotráfico y proponer la instalación de una comisión mixta, conformada por miembros de Política Interior y Contraloría, para investigar los escándalos que han salpicado a altos funcionarios civiles y militares del Gobierno, dijeron a El Estímulo fuentes del legislativo.
“Tenemos que abrir esa discusión en el hemiciclo”, apunta un representante de la alianza opositora.
“Debemos pedirle explicaciones a Cilia Flores (PSUV-Cojedes) sobre el caso de sus sobrinos, lo mismo que a Diosdado Cabello (PSUV-Monagas) y Hugo Carvajal (PSUV-Monagas) por las distintas acusaciones que pesan en su contra”, remacha la fuente.
Diputados de la Unidad Democrática estudian una reforma a la Ley de Drogas. Advierten que las prisiones están llenas de pequeños consumidores, mientras que los “peces gordos” del negocio reciben castigos leves o evaden la justicia. “Además, hay que poner el acento en medidas educativas para contrarrestar este flagelo”, sostienen.
En la sesión de instalación de la Comisión de Contraloría de la AN, el miércoles 20 de enero, su vicepresidente Ismael García (PJ-Aragua) embistió a Carvajal, echándole en cara que en el pasado se le ha relacionado con capos de la droga como el encarcelado Walid Makled. En aquel debate, García adelantó que abordarán los casos de narcotráfico que se ventilan en el exterior y que involucran a jefes civiles y militares del chavismo.
El diputado Julio Montoya (PJ-Apure) declaró que “nada impedirá que investiguemos casos de narcotráfico y corrupción”. A juicio del legislador, que también ocupará una curul en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), “la mejor manera de ayudar a nuestra Fuerza Armada, a moralizarla, es buscando la verdad sobre el ‘Cartel de los Soles’ (supuestamente conformado por generales venezolanos), empezando por una discusión seria en el Parlamento. No nos explicamos cómo es que hay jóvenes encontrados con droga en el exterior que tienen pasaportes diplomáticos y cómo hay narcotraficantes con pasaportes diplomáticos abriendo cuentas bancarias en Andorra”.
Montoya solicitó por escrito este miércoles 27 de enero al presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Guevara (VP-Miranda), un derecho de palabra para retomar la averiguación sobre el caso del Banco de Andorra, una supuesta trama de lavado de dinero que involucra a antiguos funcionarios del Gobierno y a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El primero en la lista
El gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, se convirtió este miércoles 27 de enero en el primer mandatario regional que será investigado por la nueva Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Atendiendo una solicitud del diputado Conrado Pérez Linares (PJ-Trujillo), la mayoría de la Comisión de Contraloría decidió abrir una averiguación contra Rangel Silva por supuestas irregularidades en la construcción del acueducto metropolitano de Valera.
Pérez Linares recordó que en 2010 el exgobernador de Trujillo, Hugo Cabezas, anunció que recibirían 450 millones de dólares provenientes del Fondo Chino para la ejecución de esta obra. El 10 de abril de 2013, a cuatro días de las elecciones presidenciales, el para entonces vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, informó en un acto de masas que había aprobado la transferencia de 33.563.680 bolívares para el desarrollo del mismo proyecto.
Sin embargo, denunció el parlamentario trujillano, el acueducto metropolitano de Valera aún no se ha construido y funcionarios de la Gobernación han reconocido que no cuentan con el presupuesto para realizarlo. “Todo eso pese a que el presidente Maduro aseguró el 18 de diciembre de 2013 que se contaba con los recursos y que esta obra está incluida entre las prioridades del Plan de la Patria 2013-2019”, advirtió.
La fracción del oficialismo, encabezada por el diputado Pedro Carreño (PSUV-Delta Amacuro), se abstuvo de apoyar la propuesta de Pérez Linares. “Yo no meto la mano por nadie”, indicó Carreño para evitar que le acusaran de incurrir en solidaridades automáticas. Argumentó que no respaldaban la iniciativa por considerar que la mayoría de la comisión estaba incumpliendo los procedimientos que establece el reglamento interno. “Están investigando genérico”, se quejó.
El presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Guevara (VP-Miranda), respondió que esta averiguación se ajustaba a la normas de la AN y a la propia Constitución. Guevara estimó que la pesquisa servirá para determinar si el dinero se desvió o si jamás se entregó y simplemente mintieron al pueblo trujillano. Por último, agregó que la unidad técnica y la subcomisión de asuntos regionales, dirigida por la diputada Nora Bracho (UNT-Zulia), se encargarán de profundizar el caso.
Cambios normativos
García planteó la necesidad de crear una comisión para evaluar la posibilidad de reformar el reglamento interno de esta instancia parlamentaria. La idea fue acogida por la Unidad Democrática, mientras que los voceros del Polo Patriótico manifestaron que no participarán en esta revisión y amenazaron con acudir al Tribunal Supremo de Justicia si una eventual modificación de la norma violaba los principios de la Carta Magna.
El vicepresidente de la Comisión de Contraloría apuntó que el reglamento vigente “está hecho para que nadie denuncie la corrupción”. Descartó que pretendan perseguir o favorecer a una tendencia política en específico. “Queremos darle garantía y transparencia a todos, para que puedan llevar sus casos en condiciones de igualdad y sin miedo”, explicó.
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