Trump y los migrantes: ¿cuáles medidas ha tomado en sus primeros 10 días?

Dejar sin efecto la protección para unos 600 mil venezolanos, tal como se comentó aquí en El Estímulo, aviva un clima de miedo e incertidumbre entre los migrantes venezolanos en Estados Unidos, que en general gozaron de preferencias por encima de otras nacionalidades durante la administración de Joe Biden. El caso del TPS fue usado, además por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para insistir en la narrativa de que los migrantes venezolanos son sinónimo de criminales de la banda Tren de Aragua.

Esta decisión se confirmó este 29 de enero, pero desde que se juramentó como presidente, Trump y sus colaboradores más cercanos han estado tomando decisiones de diverso calibre en materia migratoria en sus primeros 10 días de gobierno.

No ocurrió, sin embargo, la anunciada deportación masiva, que prometía ser sin precedentes en la historia de Estados Unidos, en el día 1 de su mandato. En la primera semana del gobierno de Trump desde México reportaron unas 4.000 deportaciones, mientras que las que ocurrieron con otros países de la región se trató de algunos vuelos que sumaron varios centenares de personas.

Tal como se ha dicho en El Estímulo, el presidente Trump dejó en claro en su diatriba con Gustavo Petro, el mandatario colombiano, que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para llevar adelante su plan de deportaciones.

Algunas de las decisiones que afectan a migrantes

Dos de las acciones ejecutivas que firmó el presidente Trump, apenas se juramentó en el cargo, restringen el acceso a la protección en la frontera. Una de ellas restablece las expulsiones diríamos que, en caliente, mientras que la otra elimina vías de acceso para personas en condiciones de vulnerabilidad.

Según la narrativa oficial que sustenta este paquete de decisiones, se debe garantizar la protección de Estados Unidos ante una “invasión”, que el discurso de Trump asegura la protagonizan migrantes y personas en busca de protección.

Bajo este argumento, la orden ejecutiva suspende la entrada de personas señaladas de ser parte esta “invasión” y ordena a los oficiales fronterizos “rechazarlas, repatriarlas o retornarlas”.

Del mismo modo, otra orden ejecutiva, titulada “Asegurando nuestras fronteras», restablece el programa “Quédate en México”, con el cual obligan a quienes buscan asilo a permanecer en México con acceso limitado a representación legal mientras sus casos avanzan en las cortes de Estados Unidos. 

El gobierno de Trump eliminó el uso de la aplicación CBP One como herramienta para solicitar asilo o acceder a programas de permisos de entrada humanitarios (parole) en la frontera. Esto se aplicó de inmediato y dejó en el limbo a miles de personas que ya habían concertado citas a través de esta aplicación.

Junto a esto, la nueva administración puso punto final al programa conocido como “Parole humanitario”, que estaba dirigido a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV). Y quienes ya se vieron beneficiados de este programa podrán ser sujetos a revisión de sus expedientes por oficiales de migración, quienes podrían decidir su eventual deportación.

La Dirección de Seguridad Nacional (Homeland) anunció que estarán permitidas las redadas migratorias en lugares sensibles, como hospitales, escuelas e iglesias, con lo cual se revierte una prohibición anterior que protegía estos espacios.

Se sumó, además, la aprobación en el Congreso, el pasado 23 de enero, de la llamada Ley Laken Riley, que exige la detención obligatoria y sin derecho a fianza de personas migrantes acusadas o arrestadas, incluso en casos de delitos menores o no violentos.

En relación con las deportaciones, que se prometen serán masivas, durante la campaña el vicepresidente J.D. Vance mencionó un millón de deportados en el primer año de gestión y no estarán dirigidas solamente contra migrantes que recién hayan ingresado a territorio estadounidense.

La deportación expedita ahora se aplicará a personas aprehendidas en cualquier lugar del país que tengan menos de dos años de presencia continua en Estados Unidos.

Las órdenes ejecutivas incluyen disposiciones destinadas a endurecer las condiciones de vida de personas indocumentadas que ya residan dentro de Estados Unidos.

La orden ejecutiva “Protegiendo al pueblo americano contra la invasión”, firmada por Trump, instruye al secretario de Seguridad Nacional, entre otras acciones a: eliminar beneficios públicos existentes para personas indocumentadas; recudir el acceso a permisos de trabajo; y priorizar sanciones civiles y penales contra aquellos en situación migratoria irregular.

Las multas, además, no serán solamente contra personas sin documentación, migrantes sin papeles, sino que las sanciones también alcanzarán a quienes “faciliten su permanencia”.

Entre las ordenes ejecutivas se dispone que la ciudadanía estadounidense no se aplicará automáticamente a personas nacidas en el país si su madre estaba en Estados Unidos sin autorización o temporalmente, y si su padre no es ciudadano ni residente permanente legal.

Finalmente, otra decisión de la Casa Blanca, es la orden ejecutiva “Realineando el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos”, que suspende indefinidamente el reasentamiento de refugiados hasta que el programa se “ajuste a los intereses nacionales”. Aunque permite excepciones caso por caso, basadas en la seguridad nacional u otros intereses, esta suspensión detuvo la reubicación de miles de personas, muchas de las cuales ya estaban listas para viajar a Estados Unidos.