Aunque tengan dólares para pagarlos, no los dejan subir en los autobuses que van a Chile. Hasta la compasión la castigan: si alguien los traslada a algún pueblo y los descubren, les decomisan el vehículo, los multan y los acusan de tráfico de personas. Solo les queda soportar, a pie, las extremas condiciones de las montañas hasta llegar a Colchane donde, cada vez, los rechazan más
Migrantes venezolanos que pasan a Chile por la frontera con Bolivia, a más de 3.700 metros de altura, sufren el frío y el calor extremos en su recorrido por el altiplano andino rumbo al desierto de Atacama. Y también sufren una desolación profunda, al ser tajantemente rechazados y repudiados por la mayoría de los habitantes locales.
En enero y la primera semana de febrero, una ola migratoria duplicó la población de 1.700 habitantes de la pequeña localidad indígena de Colchane, en el norte de Chile. Y los venezolanos siguen llegando en grupos reducidos, suscitando un creciente rechazo entre los locales.
Los venezolanos no son los únicos migrantes que se cuelan por esa frontera. Pero es hacia ellos donde se dirige el mayor rechazo.
«Hoy pasamos con unos cubanos y bolivianos. Teníamos dólares para pagar el autobús, pero cuando dijimos de dónde éramos nos dijeron que no querían venezolanos», contó a AFP Anyier Prieto, de 40 años, que salió desde Caracas el 25 de enero junto a su marido y su hija de 14 años. Y añade, llorando: «Ya nadie nos quiere dar ni agua».
Los pobladores locales, en su mayoría aimaras que se dedican al pastoreo de alpacas, justifican esta actitud por robos en sus casas cuando, hace pocas semanas, llegaban centenares de migrantes cada día.
«Por unos pocos malandros (ladrones), que sabemos que los hay, pagamos todos», lamentó Prieto.
La familia salió el 25 de enero de Venezuela y recorrió más de 5.000 km y cuatro países. Y aunque el camino fue muy duro, «lo más horrible ha sido esto», dijo Reinaldo La Torre, el esposo de Anyier.
Con temperaturas bajo cero en las mañanas y en las noches, ráfagas de vientos de más de 30 km/h al atardecer, y un sol abrasador durante el día, se pueden ver inmigrantes llorando de frío, todos con los labios partidos tras caminar por una carretera con tramos a más de 4.350 metros de altura y desafiando la pandemia de covid-19.
Algunos conductores compasivos se paran para ver si necesitan algo y darles lo que puedan, pero se disculpan por no trasladarlos hasta Huara, un pueblo más grande situado a 170 km de Colchane. Si los descubren, serán sancionados.
Si una persona auxilia y traslada a los migrantes, las fuerzas del orden pueden multarla, decomisar su automóvil y acusarla incluso de tráfico de personas, explica un policía.
Según la información que manejan en un puesto fronterizo, unos 7.000 migrantes venezolanos entraron al país en lo que va de año. Esto es casi el doble de lo reportado por las autoridades.
Desde 2014, unos 500.000 venezolanos se residenciaron en Chile escapando de la crisis política y económica provocada por el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora son la colonia extranjera más numerosa.
Para filtrar los migrantes, y admitir solo los calificados, en 2018, el gobierno de Sebastián Piñera puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran establecerse legalmente. De todas las solicitudes, solo han aprobado 27%.
La desesperación de los venezolanos es tan grande que, si les rechazan la visa, buscan entrar por caminos ilegales como el altiplano boliviano.
La semana pasada, un centenar de migrantes venezolanos fueron expulsados del país. La forma como se hizo fue muy criticada, pues se les engañó y se les deportó de madrugada, vestidos completamente con trajes antisépticos a pesar que todos habían dado negativo en la prueba de coronavirus.
Este jueves 18 de febrero, la Justicia anuló la orden de expulsión de una cincuentena de ellos. Alegó que no tuvieron un debido proceso. Pero la justicia llegó tarde para la mayoría, que ya se encuentra en Venezuela.
Se trata de una iniciativa del recién creado Centro Europeo de la Migración Venezolana que trata de dar su aporte para generar políticas públicas. Aquí el link para participar
La ONG Médicos Sin Fronteras denuncia que el gobierno de Panamá no le renueva autorización para ayudar a atender la crisis humanitaria en el Darién, por donde cada mes pasan miles de migrantes rumbo a EEUU, la gran mayoría venezolanos. Las víctimas de delitos graves también aumentan con este tráfico humano.
Migrar jamás estuvo en los planes de Henry Martínez hasta que la crisis le dio el empujón para atravesar el Darién con su hijo mayor. Su testimonio es una bitácora de precios elevados y enormes riesgos que ayuda a entender lo que está en juego
