AN debate en Táchira con familiares de secuestrados por las FARC y el ELN

Familiares de secuestrados en la entidad participaron en la sesión especial del Parlamento venezolano y levantaron su voz ante la ausencia de respuestas por parte del Estado y organismos de seguridad, al manifestar que el Estado los abandonó y paralizó las investigaciones en cada caso.
La Asociación de Familiares de Secuestrados, pidió a la AN, oficiar ante el gobierno de Colombia para que interceda ante las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias, (FARC) para que de noticias de sus parientes en cautiverio.  Asimismo, emplazaron al Poder Legislativo a realizar un llamado sobre el mismo caso al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera deliberadamente en la frontera colombo venezolana.
Durante su derecho de palabra, los parientes de los plagiados narraron a los diputados la situación que envuelve el secuestro de sus parientes. El caso más emblemático fue el denunciado por  Juan Pabón, hijo de Ana Dolores Pabón, quien fue raptada junto a otro de sus hijos y un vecino en 2003, en el municipio Andrés Bello, al norte del Táchira.
“En nuestro caso denunciamos la impunidad porque en el secuestro de mi madre y hermano participó el Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (GAES), al mando del Coronel Quintero Aguilar y miembros de nuestra familia con el fin de adueñarse de algunas propiedades, caso que ya tiene nombres y apellidos de los responsables”, relató.

Denunció que el expediente fue archivado en la Fiscalía y que quien comandaba la unidad del grupo GAES en el Táchira en el 2003, habría recibido dinero para la desaparición del grupo familiar.
“A la familia es a quien nos ha tocado las labores de inteligencia. Pedimos al Estado se aboque a solucionar el caso que ya cumple 15 años”, dijo.

El caso de la familia Pabón -como los demás no ha obtenido ninguna respuesta por parte del Estado venezolano, a pesar que los familiares de las personas en cautiverio- aseguran que han agotado todas las instancias y han cumplido con todos los requisitos de ley para que se indague en cada caso.
Por su parte Jorge Sánchez, hijo de Blanca Oliva Sánchez, quien fue secuestrada en el kilómetro 4 de la vía que conduce de San Cristóbal al municipio fronterizo de Junín, dijo que su caso no es diferente al de otros tachirenses y que también ha sido olvidado por el Estado venezolano.
De la dama, quien al momento del secuestro en el 2007, tenía 78 años de edad, no hay ninguna fe de vida. Fue secuestrada en las adyacencias de su residencia y en el caso no descartan la participación de grupos armados guerrilleros como responsables.
“Mi hermano quien junto a mí se dedicó a la investigación del caso, fue asesinado dos años después del secuestro de mi madre, tema que tampoco se investigó. Nunca supimos quien lo mató y quedó como asesinado el hijo de la secuestrada”, lamentó. 

La sesión desarrollada por parte de la AN, dijo Pabón, forma parte de una petición que se hizo cuando los diputados estaban en campaña y hoy solicitamos que los casos sean llevados a instancias internacionales.
En el caso de Blanca Oliva Sánchez,  paso algo particular, cuando les entregarían una fe de vida y los llamaron a que se presentaran en las cercanías del aeropuerto de Santo Domingo, (Táchira) los familiares fueron acompañados de un funcionario del grupo Gaes de la Guardia Nacional que fue secuestrado en el procedimiento y después de unos días liberado…”nunca supimos qué pasó y ni siquiera así intervino el Estado”.

Secuestrados por FARC y ELN

Trabajos adelantados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y el grupo Gaula de Colombia, subversivos pertenecientes a el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), hace más de 14 años, secuestraron a Porfirio Dávila Arellano. Al día de hoy su familia no tiene ninguna información de su paradero.
“Sabemos que la FARC mantuvo en cautiverio a varios tachirenses, mientras que el ELN domina ampliamente este territorio de la frontera y ante nuestra necesidad humana de cerrar el ciclo en un proceso tan doloroso como es la ausencia de nuestros familiares, no nos queda otro que pedir la intervención de la Asamblea Nacional para que sirva de puente con Colombia”, precisó Porfirio Dávila, hijo del secuestrado.

Los organismos de seguridad, -aseguró Dávila- obedecen órdenes centrales y no existe interés por parte del gobierno en el tema de los secuestros.
“En el Táchira pocas veces o jamás hemos visto movilizaciones por aire y tierra para el rescate de un secuestrado, salvo en casos influyentes como el de la madre del pelotero que se actuó de manera rápida y eficiente. Aquí nada se hace por los secuestros, tratándose de un delito que crece subterráneamente. Nadie tiene cifras de los secuestros en la entidad”, agregó.

El caso de  María José Molina Contreras, tachirense que fue secuestrada cuando apenas tenía 15 años, clama justicia, dijo la madre de la muchacha plagiada en junio de 2008.
La infortunada madre aseguró que por parte del Estado venezolano no han recibido ningún tipo de apoyo en las investigaciones que den con el paradero de la joven venezolana, quien a la fuerza fue sacada de su casa en el municipio Andrés Bello, al norte del Táchira.
Aseguró que la única información y fe de vida que ha obtenido de su hija es una imagen transmitida a través de medios de comunicación de Colombia en donde se registra a la joven, portando uniforme. En ese momento se conoció que la tachirense podría estar bajo el control del frente 33 de la FARC.
“Mi instinto de madre me dice que ella está con vida. Mi mensaje para ella es que a pesar de la situación que haya podido vivir, somos su familia y estamos esperándola, si su decisión es permanecer en otra parte, con el dolor del mundo se la respetaremos pero queremos que se comunique con nosotros”, dijo.

Gobernadora pidió más seguridad

La mandataria regional, Laidy Gómez, dijo que así como la Gobernación del Táchira abrió las puertas a la Asamblea Nacional, de la misma manera le ofrece los mismos espacios a los cuerpos de seguridad para que se planteen y programen acciones contundentes en contra de la situación de inseguridad en frontera.
Pidió una revisión detallada de los planes que se vienen implementando en la frontera, y para ello anunció que será recibida por el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, para tratar temas y las acciones de seguridad.
“No se pueden pasar por alto las operaciones e intromisiones de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, con la presunta anuencia de efectivos de la Fuerza Armada Bolivariana; razón por la cual se deben escuchar los testimonios de los afectados por diferentes delitos. “Se supone que tenemos una seguridad reforzada en la frontera, pero la violencia, los delitos y hechos irregulares siguen ocurriendo”, cuestionó.

La gobernadora señaló que las víctimas de violencia no están dispuestas a aceptar que se olviden los asesinatos, secuestros y desapariciones forzosas, junto a otros flagelos que ocurren en la frontera del Táchira.]]>