Valencia bajo acoso y persecución de la GNB

La planta que José Castro tiene en su balcón está llena de huecos. No fueron gusanos, sino perdigones. Es sábado, y el terror ha pasado. Su hijo de tres años toma un baño en el porche de la casa mientras su esposa, una manicurista, atiende a una cliente. Horas antes todo era distinto. La familia se estaba asfixiando por las bombas lacrimógenas que disparó la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Un hombre armado y vestido de verde, con casco y máscara, saltó la reja de dos metros para entrar a su casa, en el sector 8 de La Isabelica, a 4 kilómetros al sur de Valencia. Caminó agazapado, miró por las ventanas y luego disparó. Estaba buscando manifestantes.
—Gracias a Dios le coloqué vidrio de 5 milímetros a las ventanas, dice el hombre, aún indignado.
—¿Ustedes vieron cuando entró el guardia?
—Sí, mi esposa estaba del otro lado mirando. ¿Te imaginas que hubiera roto el vidrio? ¡Le destroza la cara! Ahí sí es verdad que yo salgo y me mato con ese guardia.
José Castro afirma que la acción casa por casa ocurrió luego de que los uniformados «no pudieron llevarse a nadie». Relata cómo la arremetida contra la propiedad privada fue la reacción ante no lograr detención alguna. «Se dieron el deleite de romper los vidrios de 15 carros. Una de las guardias decía: ‘A los parabrisas, que eso es lo más caro, pa’ que les duela!'».


En Carabobo comenzó la Operación Tun Tun, con acento en La Isabelica. No es más que un operativo de persecución contra opositores. Se trata de buscar en residencias a manifestantes o personas que apoyen con agua y refugio a quienes protestan. Esa urbanización tiene más de un mes en resistencia, dice Luis Galea, dirigente vecinal. Es una urbanización que nunca ha podido ser dominada electoralmente por el chavismo, asegura. Entonces los métodos de control han hecho metamorfosis. “Hemos sido víctimas de la brutalidad”, apunta. El lunes 29 de mayo los vecinos acudieron al Ministerio Público en Valencia y consignaron un documento con detalles de las más de 100 irrupciones a viviendas y las decenas de destrozos a vehículos.
La pesada cruz de mayo
El 18 de mayo, Diosdado Cabello anunció la ‘Operación Tun Tun por la paz’. Lo hizo en su programa de televisión pública Con el Mazo Dando. Es diputado de la Asamblea Nacional y no integra comisiones de seguridad, por lo que su cargo no tiene nada tiene que ver con planes de orden ciudadano. A pesar de eso fue el vocero del Gobierno para anunciar que los «terroristas», como llama a los manifestantes, serían perseguidos y encontrados: «Tun tun. ¿Quién es? El Sebin», rió con sorna.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) apoyan a la GNB para neutralizar a «la resistencia», como se denomina el movimiento opositor que salió a las calles masivamente luego que el 30 de marzo dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) restaran competencias a la Asamblea Nacional. Desde entonces hay un golpe de Estado en Venezuela, según la oposición, y una ruptura del orden constitucional, de acuerdo con la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.


La tarde del 24 de mayo un grupo de manifestantes corrió por la calle 6 de La Isabelica huyendo de la represión. La GNB los siguió y un grupo se apertrechó debajo del toldo de la peluquería Maritza. Roger Rico, yerno de la dueña, estaba dentro cuando vio a través del vidrio ahumado a los efectivos disparando las bombas lacrimógenas.
Cuando dejaron de apretar los gatillos, los guardias se voltearon hacia el mostrador de la peluquería. Empuñaron sus escopetas y partieron los cristales. Entraron y empezaron a llevarse todo lo que podían. Rico grabó la escena con su celular mientras insultaba a los uniformados cuando escuchó «Sal, que te vamos a reventar». Indefenso, registrar lo sucedido era la única opción para drenar su ira ante el robo descarado de un negocio con 38 años de antigüedad. Está convencido: los guardias no actuaban así por la adrenalina del momento, sino que contaban con la venia, quizá el mandato, de causar destrozos. La orden era intimidar.
—¿Guardias Nacionales llevándose maquillaje y shampoo?
—Sí… tipos llevándose pinturas de labio, se las metían en los bolsillos. De todo.


Fue la tarde de los cristales rotos, pero en Carabobo. En la peluquería de Maritza los pedazos de vidrio todavía están en el suelo. Adentro, la señora mayor sigue trabajando. “Aquí estoy, con mis clientas que vienen desde muy lejos, esto no debe ser. ¿Con quién va a contar uno si ellos son los que deberían protegernos? Antes uno decía ‘pobres guardias nacionales’. Ahora los odio, no quiero saber nada de ellos, con lo que nos hicieron. Se tienen que ir de aquí, no los queremos».
Carlos Molina es abogado y fue quien asistió a parte de los 60 detenidos en La Isabelica en los sectores 7, 8 y 9. Según su relato, los arrestos ocurrieron luego de que los funcionarios entraron a las casas con furia. “Algunos ni siquiera estaban protestando, sino que iban a su trabajo”, defiende a sus clientes. Los apresados fueron llevados al Cicpc de Plaza de Toros, al sur de la ciudad, donde sufrieron más violaciones de derechos. Luego de horas de estar en un patio a la intemperie, fueron reseñados, verificados en el sistema y liberados. El abogado explica que eso no constituye antecedentes penales, pero no había necesidad de tal penuria. Y las consecuencias locales ya son evidentes. “Aquí he visto, en La Isabelica, a un niño de un año que, cuando ve a un guardia o escucha una bomba lacrimógena, se hace pipi del miedo. Eso no puede ser”.
Uno de los casos más alarmantes es el de Yajaira, una vecina del sector 8, dice Molina. Cuando los uniformados llegaron a su casa, rompieron las puertas y se llevaron a sus hijos, de 14 y 15 años respectivamente. Ninguno estaba protestando. Los muchachos veían televisión y revisaban sus teléfonos mientras su mamá les preparaba arepas. No hubo orden de allanamiento ni contemplación. Fue una razzia política contra 120 casas que resultaron violentadas, según los registros de vecinos. «Únicamente por motivos políticos», agrega Galea.
En Valencia se está criminalizando la protesta. En la parroquia Rafael Urdaneta el fallecido Hugo Chávez ganó las presidenciales en 2012 con 52,73% de los votos. En 2013 Nicolás Maduro obtuvo 50,61%. Pero en las últimas elecciones el apoyo al Gobierno se desplomó: la oposición se hizo de los tres puestos de diputados de la Asamblea Nacional del circuito 5 de Carabobo. La represión en La Isabelica es un pase de factura, asegura el dirigente vecinal Luis Galea.


Relatos del horror
Las bombas lacrimógenas entraron a casa de Carmen Petit. La GNB arremetía contra los edificios desde el sector 3 al 6 de La Isabelica. Detrás de la tanqueta iban los motorizados o colectivos rompiendo los vidrios de todos los carros. “Llegaron a mi casa, lanzaron piedras, y luego lacrimógenas”, narra la mujer. El niño de dos años que estaba en su cuarto tuvo que ser evacuado al baño. Su hija, asmática, se estaba ahogando en el piso. “Hoy pudiéramos estar hablando de muertos. Ellos no tienen consideración de nada, van con saña”.
A Ricardo Barros le pasaron dos veces una moto por encima. Con el arma como objeto contundente, un GNB le rompió la cabeza. Luego le dispararon a quemarropa. No eran perdigones, sino metras. La herida casi lo desangra, cuenta Petit. “Ricardo no estaba manifestando, sino tratando de ayudar a una mujer embarazada que se estaba asfixiando. Ahora está hospitalizado y tiene una fractura de fémur”.
La vecina se siente indignada, llena de rabia, tristeza y dolor. «Ninguno de nosotros puede salir a la calle libremente. Al muchacho que vende plátanos frente a mi casa se lo llevaron detenido, por estar trabajando. Aquí el terror proviene de la GNB. Nosotros somos los aterrorizados». Carmen Petit ya no concilia tranquilidad ni al interior de su hogar. “Tienes siempre el temor de tener un guardia detrás que vaya a irrumpir a tu casa”.
Con permiso para robar
La Operación Tun Tun es, principalmente, un mensaje. El abogado criminaista Fermín Mármol García explica que el objetivo del Gobierno es decirle a los manifestantes que serán perseguidos, sin papeleo ni respeto al debido proceso, la defensa y la inviolabilidad del hogar. “En el marco de las protestas civiles, de corte político, no conozco precedentes. Se parece mucho a la Operación de Liberación del Pueblo (OLP)”. A juicio del profesor de la Universidad Santa María, se materializó el primitivismo institucional.
La principal semejanza de la Operación Tun Tun con la OLP es que parte de una información de “patriotas cooperantes”. Personas, de la comunidad o no, que señalan la residencia de aquellos que pueden ser de interés para los organismos de seguridad. La otra es que las acciones son nocturnas, sin acompañamiento de fiscales del Ministerio Público ni de veedores de Derechos Humanos o medios de comunicación. Con ello aumenta el rango de acción para que los funcionarios roben, maltraten y pasen por encima de garantías fundamentales. La gran diferencia: la motivación política para eliminar a la disidencia. “Se busca gente desarmada, estudiantes, de quienes está en entredicho que se hayan cometido hechos punibles”, fija el especialista.


Javier Gorriño, criminólogo y exfuncionario de la extinta Policía Técnico Judicial (ahora Cicpc) coincide. “Son allanamientos de los que alguien es objeto por el solo hecho de ser opositor”. Explica que el plan tiene una doble connotación: la de buscar elementos del delito, y la de exponer a las personas o residencias ante la comunidad, señalándolos como criminales”. Es un terrorismo de Estado, sentencia. “Las dictaduras tienen que demostrar que son fuertes, temidas”. Las detenciones podrían hacerse en una marcha, dice Gorriño. «Pero ir hasta la residencia de las personas le da más autoridad al Gobierno y refuerza su mensaje de control».
El problema está en la definición. El Gobierno argumenta que los manifestantes opositores son terroristas. “Se ha mezclado el discurso del terrorismo con el de delincuentes comunes y eso genera mucha confusión”, dice Javier Ignacio Mayorca, miembro del Observatorio Venezolano de Delincuencia Organizada. “Es necesario recordar lo que dice el profesor Bruce Hoffman: Todo hecho terrorista constituye algunos delitos. Pero no todos los delitos son necesariamente actos terroristas”.
Pioneros en la represión
Es el segundo plan piloto aplicado en Carabobo. Antes, fue la fase dos del Plan Zamora -activado el 3 de mayo- que incluye la activación de tribunales militares para juzgar a civiles, violando lo establecido en la Constitución. Tan solo en sus primeros días, el gobernador Francisco Ameliach y el comandante de la GNB, Antonio Benavides Torres, contabilizaron 738 detenciones, más de 135 personas presentadas ante tribunales militares y 100 encarcelados y enviadas a la cárcel 26 de julio en Guárico. “Carabobo es el estado donde la justicia militar actuó con mayor agresividad”, dice Alfredo Romero, director del Foro Penal.
Las violaciones de Derechos Humanos no tuvieron punto de comparación. No solo los civiles fueron presentados ante el tribunal 6º de Control Militar, a cargo de la jueza Luz Marina Santafé, sino que los tratos crueles e inhumanos fueron desproporcionados, recuerda Luis Armando Betancourt, coordinador regional del Foro Penal. “A algunos presos se les obligó a comer pasta con grama y excremento. Eso está en las actas y quedó constancia en las audiencias de presentación”.


Todavía hay vestigios del Plan Zamora. Damiano del Vescovo, presidente de Fedecámaras Carabobo, detalla que 200 empresas fueron vandalizadas en las 90 horas previas al Plan Zamora. “No hay precedentes de esto. El que tiene uno es del año 1989, cuando el Caracazo. Imagina que en ese entonces fueron saqueados entre 50 y 60 comercios en el estado”. Como el gobierno no actuó para defender la propiedad privada, los comerciantes exigen ser indemnizados.
En Carabobo, por lo menos 80% de los comercios afectados se declararon en pérdida total. De ese porcentaje, alrededor de 35% no podrá abrir nuevamente. La inflación hace que el monto cubierto por aseguradoras no signifique prácticamente nada, lamenta Del Vescovo. “Los saqueos generaron una descapitalización tremenda. Hay algunas empresas que han comenzado el proceso de liquidación. Estamos calculando que por lo menos cinco mil empleos, directos e indirectos, se perdieron”. Son las consecuencias de los saqueos que comenzaron en la avenida Universidad de Naguanagua la tarde del lunes 1 de mayo.
Aún el supermercado Hong Kong, el segundo en ser vandalizado, tiene cicatrices. Mientras se erigen puertas de hierro, los anaqueles están vacíos. Luz Mejías pasa frente a la fachada y lamenta que, luego de 50 años viviendo en la localidad, «ahora tengo que ir hasta San Diego —un municipio vecino— porque desde los saqueos aquí no se consigue nada”. Muchos la acompañan en ese trajinar, por lo que los patrones de consumo sufrirán cambios dramáticos, dice Del Vescovo. En Flor Amarillo y La Isabelica los centros de abastecimiento, como el Central Madeirense, se verán ahora sobrepoblados, porque los saqueos dejaron a los pequeños y medianos comercios sin posibilidades. “Lo que más me preocupa es la complicación en los sistemas de distribución por esta migración del consumo”, añade el empresario.
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