Viviendas desocupadas, el secreto mejor guardado del inmigrante

Aunque la cifra es incierta, cada vez son menos las luces que se encienden en los edificios de Caracas por las noches. Los altos índices de criminalidad, amén de la contracción económica venezolana, han generado una migración que deja huella en las casas y apartamentos vacíos de la capital. Los cascarones arquitectónicos empolvan los “por si acaso” de sus propietarios, que prefieren tener un inmueble y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, como predicaría alguna vez Gilberto Correa en la cuña de Multinacional de Seguros.
Un cúmulo de factores generó que la periodista Mónica Silva emigrara a Estados Unidos hace más de un año. Desde Miami, rescata aspectos como la inseguridad y la descomposición social —que la sacaban de sus casillas. Tan solo en 2016, el hampa dejó sin vida a 28.479 personas en todo el territorio nacional, de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), con un saldo de 91,8 homicidios por cada cien mil habitantes. Su esposo y ella se sienten más en casa incluso a 2.200 kilómetros de distancia de su antiguo hogar en San Antonio de los Altos, que quedó para acoger polvo y telarañas.

Dejaron el inmueble vacío sin arrendar “para ver cómo nos va”. En el interín, ya acumulan catorce meses fuera de Venezuela sin miras a alquilarlo. “Ojo, pagamos los servicios, el condominio, la luz, el agua. Estamos al día con todo. Al final no nos cuesta nada, para nosotros equivale a 20 dólares al mes, quizá menos”, confiesa Silva. Además de tener los gastos cubiertos, la periodista se tranquiliza al saber que sus padres se encargan del mantenimiento mínimo. Simulan estancias y un flujo de ir y venir. Su partida es la tercera “echada de llave” de su piso de cuatro apartamentos.
Como ella, más de dos millones y medio de venezolanos emigraron del país desde la llegada del chavismo, declaró el científico e investigador Iván de la Vega para El Estímulo. El experto explicó que la diáspora criolla alcanzó niveles comparativos con otros países de la región como Argentina, Chile, Uruguay o Brasil, que en algún momento vivieron migraciones en masa producto de desastres naturales, dictaduras de plomo y crisis económicas. Desde la perspectiva inmobiliaria, la agente de Rent-a-House Betzabe Sorondo, tras acumular una década de experiencia en el área, explica el fenómeno: “La gente clase media, la que tiene con qué alquilar un apartamento, por ejemplo, se está yendo y el que se queda es porque no tiene posibilidades de emigrar. Y el que maneja grandes sumas de dinero aquí quiere invertir en grande”.
Gustavo Cabrera es un joven recién graduado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Simón Bolívar que se une a las estadísticas migratorias. Decidió buscar más y mejores oportunidades profesionales al sur del continente. Vivir solo en un apartamento de su padre ubicado en La Trinidad no le era suficiente. El cordón umbilical se le hacía difícil de cortar: “Estaba ya fastidiado de que, para hacer cualquier cosa, tenía que estar vinculado con mi papá. Un sueldo de ingeniero con mis pocos años de experiencia en cualquier empresa no me alcanzaba para vivir. Un postgrado acá tampoco podía pagármelo. Por eso me vine a Buenos Aires”.

Sus posibilidades de independencia se constriñeron con un sueldo mínimo, que no logra hacer frente a la inflación. El presidente Nicolás Maduro oficializó en 2016 cuatro aumentos salariales y uno más en 2017, que lo ubicó en 40.638 bolívares más 108.000 bolívares en tickets de alimentación. Sin embargo, los esfuerzos se quedan cortos ante la economía hiperinflacionaria: el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios de Venezuela (Consecomercio) estimó que la inflación se situó por encima de 700% el año pasado.
Cabrera prefirió tener el apartamento de su padre desocupado como un “backup por cualquier cosa que pase”. Con casi un semestre viviendo en Argentina, trabaja en una empresa que desarrolla softwares y maneja bases de datos, oficio que quizá no hubiese podido conseguir en Venezuela. Según declaró el vicepresidente de Consecomercio, Alfonso Riera, para Unión Radio, “en 2016 se han perdido 500.000 empresas, quedan 230.000”.
El tabú de no estar
La diáspora venezolana genera un limbo en el mercado inmobiliario en tanto los propietarios decidan no arrendar o vender sus viviendas. El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Carlos Calanche, afirma que desde el punto de vista social existen pérdidas en todos los ámbitos. Señala que el comportamiento ha ido en detrimento desde los últimos tres años, acrecentándose a finales de 2016. “Cuando tienes una casa en desuso empieza a deteriorarse, las tuberías se dañan, el área se llena de monte y evidentemente trae como consecuencia a los amigos de lo ajeno o a los que se dedican a invadir”, indica.
Una vivienda vacía es, además, una alarma para la comunidad, señala Calanche, que en muchos casos opta por ocultar información por miedo a ocupaciones ilícitas. Sin importar si está en venta, en alquiler o simplemente desocupada, ese comportamiento es el modus operandi que muestran propietarios y conserjes de zonas de alto y mediano poder adquisitivo de la ciudad capital.
La conserje de un edificio en Santa Rosa de Lima optó por hablar desde el anonimato. Allí, cuatro de 22 apartamentos están desocupados y sin miras a alquilarse. “Esos echan llave y se van. No venden. Hay varios que dejaron todas sus cosas ahí, se fueron sin mucho pa’ fuera, sobretodo desde hace unos años para acá, cuando vieron que perdieron las elecciones de presidente otra vez”, explica. En la misma zona, otra conserje indica que “la gente acá se iba seis meses a Europa o Estados Unidos, y después venían. Ahora parece que no vuelven”. Aunque alega que todos los apartamentos están ocupados, suelta que “no le ponen anuncios a los que están vendiendo. Eso nunca se ha puesto acá. Y ya nadie alquila por como está la cosa”. Las viviendas desocupadas se convirtieron en tabú.

La agente inmobiliaria de Rent-a-House reitera que la inmigración trae como consecuencia el abandono de un espacio. Señala una mayor incidencia en las áreas donde vive la clase media o donde radican parejas jóvenes, como La Tahona, La Boyera, El Rosal y Macaracuay. “No es tanto el tema de que esté desocupado el sitio, sino es la situación económica y social actual. Cuando el inmueble está abandonado, lo que incide es la confianza en el país, que en estos casos parece haberse perdido”, aclara Sorondo. La expresidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Rosa Magaly Varela, concuerda: “Si confío hoy en el país, compro, y si no, vendo. Al final, son muy pocas las personas que confían e invierten. Mucha gente vende porque se va, pero hay quienes quieren vender, no se compra y el apartamento termina solo”.
La periodista Silva es de las que tampoco confía. “Tengo miedo que las cosas en Venezuela empeoren y que pierda mi apartamento porque me lo invadieron. Que se corra la voz de que en mi piso hay otros tres desocupados y quieran meterse”. Preocupaciones como esta no sorprenden cuando entre 2005 y 2015 se contabilizaron 110.974 violaciones a la propiedad privada efectuadas durante los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y el actual mandatario, de acuerdo con registros del Observatorio de Propiedad Privada, de Cedice Libertad.
Entre leyes inaplicables
Pese a que el derecho a la propiedad está consagrado en la Constitución de la República, la Ley contra el desalojo y desocupación arbitraria de viviendas preocupa a más de uno, especialmente por su artículo 13 que establece que el Ministerio de Hábitat y Vivienda provisione “refugio temporal o solución habitacional definitiva para el sujeto afectado por el desalojo y su grupo familiar, si éste manifestare no tener lugar donde habitar”. Sin embargo, están los que se arriesgan a ofertar contra viento y marea.
Al este de Caracas, Cumbres de Curumo es una de las zonas en las que, además de las varias cortinas cerradas a plena luz del día, se divisan carteles de “Se vende” con frecuencia atípica. Pueden atisbarse incluso hasta dos anuncios con números de teléfono en una misma torre, al igual que propiedades en alquiler sin identificación alguna, más que la buena voluntad de los conserjes en dar información al respecto. “Existe gente que está arriesgándose más en alquilar y confiando más en las personas que se acercan a preguntar. Antes de tener un bien depreciándose y consumiendo condominios y servicios, están los que prefieren alquilar a muy bajos precios”, indica Sorondo. La agente inmobiliaria afirma que aquel mercado que estuvo sobrevalorado en 2014 encontró su estabilidad en los años venideros: “La oferta aumentó y la demanda hizo todo lo contrario, los precios tuvieron que ajustarse a la realidad del país. No era posible que un apartamento acá costara lo mismo que en una gran ciudad de Europa”.

La estabilidad de la que habla Sorondo se desplomó a finales de 2016 de acuerdo con cifras proporcionadas al portal El Interés: el mercado inmobiliario de Venezuela sufrió una caída superior a 30% en los precios de las propiedades en dólares y otra mucho más pronunciada en bolívares.
De acuerdo con el presidente de Apiur, “es un hecho evidente que la Misión Vivienda no ha podido dar la oferta necesaria. Hay mucha gente que quiere alquilar y no hay. Esto obedece a la falta de seguridad jurídica con la Ley contra el desalojo y desocupación arbitraria de viviendas y la Ley de regulación y control de arrendamiento de vivienda. También a propietarios que no se sienten seguros porque están conscientes de que no van a recuperar sus casas nunca”. Desde su perspectiva, la legislatura actual es “bastante fuerte, rígida, desequilibrada”. La solución de Calanche es tajante: derogar ambas normativas e incentivar el mercado de arrendamiento de inmuebles, que considera una válvula de escape al mercado inmobiliario actual. “Todo no lo puede dar el Estado. Se tienen que incentivar políticas para que el sector privado pueda lograr alquileres y ventas y esto pueda estabilizarse”.]]>