Protestas de 2017 en el espejo del 11 de abril

15 años no son ni serán suficientes para olvidar desgracias. La violencia que se desencadenó en la avenida Baralt y las inmediaciones de la residencia presidencial el 11 de abril de 2002 dejó secuelas en la forma de protestar del venezolano. Los 19 muertos y más de cien heridos que se generaron bajo una sombra impune duelen tanto o más que las investigaciones que se engavetaron en las instituciones gubernamentales y policiales. Las marchas de hoy tienen un antecedente que intimida, que encorseta, que limita y, no obstante, azuza ánimos. Una contradicción que se respalda en la democracia. Hoy, la impunidad sigue siendo la regla y la represión es cada día más frecuente y violenta.
Abril de 2017 no se queda atrás con respecto al de 2002. En la búsqueda del hilo constitucional perdido, la oposición se ha volcado a las calles de la capital y el interior del país. Sin embargo, la tónica pacífica que caracteriza el constitucional derecho de manifestarse contra el yerro y exabrupto—en este caso las sanciones del Tribunal Supremo de Justicia 155 y 156— se disipa con la contención que imparten funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los casos de agresión aumentan en cada jornada de vítores y reclamos. Como el de Román Camacho, fotógrafo que, mientras cubría la manifestación del 10 de abril, recibió el impacto de una bomba lacrimógena disparada a quemarropa que le fracturó la tibia. Él se suma a la lista de afectados encabezada por los estudiantes Jairo Ortiz de 19 años, quien falleció el 7 de en Carrizal, Miranda; y Daniel Queliz de 20, asesinado el 10 de un balazo en la nuca en Valencia.
Malvina Pesate se ve reflejada en ese espejo. Ella sabe de agujeros. Recibió un disparo durante los hechos violentos del 11 de abril de 2002 —que entró por la comisura de su labio y salió por su nuca. Su herida no fue letal como la de las 19 personas que fallecieron en esa aciaga tarde, precedida por tres días de huelga general convocada por distintas gremios como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Fedecámaras.

Pesate está entre los que vieron la muerte cara a cara y vivieron. El aliento que expira el relato, el testimonio que pasará a la historia. Desde su perspectiva: “El 11 de abril se ha repetido durante estos 15 años muchas veces. Esta última oportunidad me acuerda tanto a las primeras marchas de la oposición, que eran grandes y luego fueron in crescendo”.
Como si fuera ayer
Una década y media después es capaz de narrar el horror de lo que sucedió. La emoción de saberse tantos, una masa atiborrada de espíritu y denuedo, multitudinaria, que despreciaba las políticas gubernamentales, se tornó en violencia, desesperación. Sangre. “En mi cabeza no entraba que a mí, que iba a dar una opinión, a mostrar mi descontento de cómo se estaba llevando el país, me iban a pegar un tiro”. Al llegar a puente Llaguno, Pesato vio las ballenas de la Guardia Nacional y al cuerpo policial que invadían la zona para entonces “resguardándose no sabía de qué, pensé que era de piedras que estaban lanzando”. Vio caer frente a ella a quien identificaría posteriormente como Jorge Tortoza, fotógrafo de 2001, quien falleció de un impacto en la cabeza proveniente de la parte superior de la avenida. Nunca imaginó que era una bala la que había acabado con Tortoza, ni otra la que había atentado contra la suya. Pensó que era una piedra la que le había destrozado la mandíbula y reventado varios nervios.
Necesitó meses de terapia para siquiera poder hablar, tal como lo hace hoy en día para confesar el temor que le generó enterarse, tres días después, de que había recibido un tiro. “Sentí un susto, una angustia de si buscaban rematarme, ya sabiendo que había quedado viva. El miedo a que me quisieran matar fue muy duro los primeros años. No me podía sentar si no era contra una pared, me daba miedo sentarme frente a una ventana”, confiesa.

Lianni Bordones cuenta los hechos como espectadora de la fatalidad. La alegría que la contagiaba al haber dado a luz a su segunda hija el 3 de abril de 2002 dio un vuelco trágico ocho días después. La razón fue el asesinato de su padre. Alexis Bordones, trabajador de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por doce años, había viajado a la capital desde Valencia para conocer a su nietecita. “Yo le había mandado al mercado y hablamos cuando regresó. Me comentó que estaba nervioso, no sabía muy bien por dónde ir a la manifestación, y le expliqué cuáles eran los puntos de concentración. Desestimé su comentario. No entendí cuáles eran sus miedos en el momento. Luego comprendí muchas cosas”, confiesa.
Alexis no tenía celular. Lianni no tuvo información alguna de su papá en tanto él marchaba con más de un millón y medio de personas —esta fue una de las manifestaciones más sangrientas de contemporaneidad. Ella estaba en Caracas, atendiendo a su bebé, mientras su madre y hermano estaban en Valencia viendo en televisión cómo se desencadenaba la violencia en la capital. Una llamada a las 4:30 de la tarde de su madre le avisó que había caído en la avenida Baralt. “Fue horrible, súper desesperante. Yo no lo había visto en el momento, pero luego lo vi. Es una cosa que uno no cree que le va a pasar, porque cree que está exento de ese tipo de desgracias. Fue un impacto muy fuerte, yo estaba recién dada a luz”.

Para entonces, Venevisión transmitió en vivo cuando Alexis Bordones cayó al suelo en las cercanías de puente Llaguno con un disparo en la cabeza. Su cuerpo inerte cubierto con una bandera de Venezuela invadió las pantallas y su exánime fotografía enlutó las portadas de los medios impresos nacionales. Mientras el presidente, Hugo Chávez, hacía un llamado a la calma en Cadena Nacional, las televisoras decidieron mostrar los acontecimientos en pantalla dividida como una respuesta periodística. “Eso me generó un trauma muy grande por muchos años. Se supone que uno de los Derechos Humanos es la libertad de expresión, de opinión, y aquí no se respeta. No es justo que, porque tengas opinión contraria al gobierno, tengan que reprimirte. Cada vez que hay un fallecido en una marcha a mí me afecta porque revivo lo que viví y me solidarizo con las personas afectadas”.
Después de la marcha más muerte
El estado de excepción que se impuso en los días siguientes a la renuncia del fallecido expresidente Hugo Chávez, dimisión que oreó a sus anchas en televisión abierta Lucas Rincón, rutila la frase “la cual aceptó”, dejó secuelas de barbarie. Olga Nieto recuerda cómo la policía “hacía y deshacía”, tal como lo hizo con sus hijos Yurmy Noé y Romy José Nieto, de 20 y 22 años respectivamente. No habían tragado “gas del bueno” ni habían huido para mantenerse con vida el día anterior a su muerte, “cada quien estaba en lo suyo”, recuerda su madre con pesar. Aquella tarde el 12 de abril, ambos dejaron su casa para visitar a sus novias, que vivían cerca de Las Adjuntas, en Caracas. Pero no llegaron jamás. Ante su ausencia, Nieto pensó que se habían quedado en la casa de su abuela materna. Nunca imaginó que sus retoños habían sido ejecutados extrajudicialmente en una zona boscosa de Macarao.

“Un testigo vio cuando la policía se los llevó detenidos. Al siguiente día, como a las 8 de la mañana, funcionarios me estaban avisando por teléfono que mis hijos estaban heridos por una balacera que hubo, y que estaban en Hospital Pérez Carreño. Cuando llego, mi mayor sorpresa fue encontrarlos en la morgue”, dice su madre quince años luego, sin justicia y sin esperanzas de tenerla mientras el chavismo esté en el poder. Cada persona que cae en una manifestación le duele como si fuera sangre de su sangre. “Por supuesto que me siento identificada. Pienso en cada madre. Si yo tuviera más hijos, nunca los dejaría asistir a una marcha. Así sea para reclamar. Uno sale a la marcha, pero no sabe si regresa”, se cuestiona. 
La impunidad como regla
Las víctimas de 2002 acudieron a distintas Organizaciones No Gubernamentales. Cofavic —para la protección y promoción de los Derechos Humanos— acogió a los afectados de ese día junto a los de “El Caracazo”, detonante de su creación. Algunos de tendencia política afecta al gobierno se alejaron de Cofavic para conformar la Asociación de Víctimas del 11 de Abril (Asovic), de corte chavista. Cobró tanta repercusión que incluso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la ayuda de la organización Vive, que mudaría de pieles y nombre, ahora Foro Penal Venezolano con los años.
En 2017, los afectados siguen sin verle el queso a la tostada. La nieta de Bordones tiene ya quince años, sin abuelo que la consienta. “El caso nunca fue reabierto en la Fiscalía. Todavía estamos a la espera. Mientras los poderes no sean autónomos, no puede haber justicia porque no hay el interés, no hay objetividad, no hay investigaciones exhaustivas, que tengan resultados concretos. Son muchas más víctimas de represión las que deben estar pasando por lo mismo”, se lamenta su hija. Pesate, a sus 61 años, no cree que la persona que le disparó para acabar sea condenada. “Siento que me deben justicia, que con el gobierno de Chávez no conseguí y con el de Maduro tampoco la voy a conseguir. La persona que me quiso matar simplemente por pensar diferente tiene que pagar. Quiero que se pongan en mi lugar. Si hubiera sido su hija, hermana, madre, también pedirían justicia. Aquí tiene que haberla, sé que algún día la habrá. Tengo paciencia para esperar que eso suceda”.
Solo se investigaron dos casos de homicidios y ocho lesiones provenientes del violento desenlace que vivieron los venezolanos hace 15 años. “Quedan 17 casos que no se sabe qué pasó con ellos. Algunos están engavetados, otros sobreseídos. También se hablaba de unos francotiradores que estaban en las inmediaciones de Miraflores. No hay ni una investigación sobre eso. La regla es la impunidad”, indica Gonzalo Himiob, de Foro Penal Venezolano.

El patrón del 11 de abril de 2002 se repite en las manifestaciones pacíficas de la oposición en 2017. El elemento descollante: violencia. Sin embargo, hace tres años, en abril de 2014, también hubo tristes corolarios. Las protestas que entonces encabezaba Leopoldo López cavaron las tumbas de 11 persones, según cifras oficiales. El Foro Penal contabiliza 36, más siete funcionarios de los cuerpos militar y policial que fallecieron para la fecha. El dirigente opositor del Voluntad Popular fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión en la cárcel de Ramo Verde por aquellos sucesos. Himiob condena que las protestas actuales correspondan a un escenario “exactamente igual” al del 11 de abril de 2002, tampoco tienen parangón con el de 2014.
Quizá el único punto en común sea la inexistencia de procesos judiciales. Según el informe presentado por Cofavic en octubre de 2016, el 98% —de 8.196 casos presentados ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales en el año 2013— no llegó a juicio. En 2014, solo 105 de 8.049 casos recibieron un proceso judicial. El Ministerio Público se reserva las cifras de los años posteriores.]]>