El dolor y la estafa reúnen a las víctimas de las prótesis PIP

“Todo empezó el día viernes 27 de junio del 2014. Salimos de nuestra casa aproximadamente a las cuatro de la mañana para dirigirnos a Maracay. Llegamos al hospital Cipriano Castro dos horas después. Le dieron ingreso a mi madre para abrirle una vía y pasarle suero. Estaba en ayuno desde el día anterior. Luego entré para acompañarla en la sala. Además de mi mamá, Eugenia, estaba otra mujer, que también se iba a operar ese día. Ambas deseaban retirarse sus prótesis. En el lugar se encontraba una representante de ISENA —Instituto de senología de Aragua. Ella llevaba un control con un cirujano de ISENA anteriormente, pues llevaba dos años esperando su operación. Esa espera le causó trastornos psicológicos, ya que, según las informaciones, tener los implantes PIP podrían ocasionar cáncer de mama. Tuvo que llenarle las manos a más de uno para que le movilizaran la operación, hasta que llego el día después de dos años de espera.

“Como a las dos de la tarde le traen la bata para que se cambie y la llevan al quirófano. Me quedé esperando en la sala, con los allegados de la otra paciente. A las cuatro, sale el asistente del cirujano y me pregunta que si soy familiar de la señora que entró. Le respondo que sí. Me informa que mi madre convulsionó, que debía seguirlo. Me llevó a una antesala, donde estaban el cirujano, el asistente del cirujano, el anestesiólogo, una enfermera y un enfermero. Todos estaban muy nerviosos. El anestesiólogo me dice textualmente que por la convulsión, la entubaron para salvarle la vida. Según su versión, la reacción sucedió cuando estaba sentada en la camilla. Aseguraban que no la habían tocado, que estaban haciéndole las preguntas pre-anestésicas cuando empezó, de la nada, a convulsionar.

“Los médicos me explicaron que debían trasladarla al hospital central de Maracay, que la estaban esperando en terapia intensiva. En ese punto yo estaba muy nerviosa y acepté. En la antesala al quirófano le pregunté a una enfermera y un enfermero que se encontraban ahí, que qué había pasado y se negaron a darme información… los únicos autorizados para hablar eran los médicos. Salí corriendo a buscar las cosas de mi madre y me devolví a la entrada del quirófano donde ya estaban agentes del 171. Se trataba de una mujer y un hombre. Yo tenía muchas preguntas. ¿Cómo habían cuadrado el traslado tan rápido? ¿Porque no la atendían allí mismo? ¿Qué fue lo que en realidad pasó ¿adentro?

“Mi madre salió inconsciente y entubada. No respiraba por sí sola. El anestesiólogo le bombeaba aire artificial con un ambú —resucitador manual. La montaron en la ambulancia a eso de las 4:30. No me permitieron montarme con ella. Sí la acompañaban el anestesiólogo, un médico que no había visto y la paramédico del 171. Yo iba de copiloto en la ambulancia, con el otro funcionario del 171, que manejaba. El vehículo iba muy rápido. Adelante de nosotros pude ver a cuatro escoltas del 171. Iban en motos, parando el tráfico, algo que jamás en mi vida había visto. Llegamos rápidamente al Hospital Central de Maracay.

“Ingresaron a mi madre como a las cinco, por emergencia de adultos. Nadie quería agarrar el caso. Ella estaba muy mal, la trasladaron al piso uno, en terapia intensiva. La vieron muchos médicos y no decían nada; el anestesiólogo aún se encontraba en el hospital central de Maracay, pendiente de ella. Nos vimos en la obligación de llamar a un amigo, que conocía a la directora del hospital para que le pudieran dar el ingreso. Estuvo en terapia intensiva hasta las siete de la noche. En ese transcurso de tiempo pude comprobar que mi madre estaba muy mal y con restos de yodo en los senos. ¿Por qué tenía restos de yodo si supuestamente, como ellos dicen, no la llegaron a tocar antes de las convulsiones?

“Cuando mi padre llegó, enfrentó al anestesiólogo. Le preguntó qué había pasado. Él le reiteró lo que ya nos había comentado, acotando que ella no había pasado más de tres minutos sin oxígeno. Seguía muy asustado. Mi padre le preguntó su nombre y luego no lo volvimos a ver. Desapareció. A mi madre la bajaron a la sala de observación, donde le asignaron una cama. Un médico del hospital nos hizo las preguntas de rutina, como los datos del paciente y todo eso. A las dos semanas, fui a visitarla y casualmente estaba el anestesiólogo observándola y supervisando lo que le estaban suministrando. No me dejé ver. Solo seguía lo que él estaba haciendo. Él se retiró y yo busqué a mis familiares para comentarles lo sucedido. Salimos corriendo por todo el hospital a buscar al anestesiólogo, pero se había esfumado».

“Mi madre pasó un mes y medio en el Hospital Central de Maracay. Varios fueron los diagnósticos, además de una hipoxia cerebral, que es falta de oxígeno en el cerebro. El mismo día, cuando empezó todo, le practicaron un examen llamado marcha analítica. Allí se ven todos los medicamentos suministrados en las últimas 72 horas y dio como resultado que tenía, en pocas cantidades, un anestésico que incluye ketamina y adrenalina. A la semana siguiente realicé la denuncia en la fiscalía superior de Maracay. Me tomaron la declaración y se abrió un expediente, el cual después pasó al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). Me citaron tres veces y siempre estaba ocupado el funcionario encargado del caso, por lo tanto nunca tomó mi declaración. En el último trimestre de 2015 insistimos en que se tomaran en serio el caso. Llevamos todos los exámenes que probaban que mi madre antes de esa operación estaba totalmente sana, llena de vida. Entonces sí tomaron mis declaraciones, pero ahí quedó todo”.

Como consecuencia, Eugenia H. fue diagnostica como paciente con Coma Vigil. En estos casos los pacientes tienen los ojos abiertos pero la mirada perdida. Regularmente no tienen conciencia ni pueden establecer contacto emocional con su entorno. Dependen en su totalidad de terceros. Después de tres meses, es poco probable que pueda recuperarse.

Quien narra la historia, habla del caso con temor. Pide a Clímax cambiar el nombre de su madre y el de ella por miedo a represalias. En este reportaje se llamará Bárbara. En el camino se ha encontrado con desafíos, paredes y amenazas, desde los trabajadores implicados hasta de los funcionarios públicos. “Al principio recibíamos ayuda en cantidades pequeñas del gobierno. Ahora todo es más complicado. Entre mis tías, mi abuela y mi papá, nos ayudamos para mantener a mi mamá, pero no nos alcanza para mucho porque además no se consigue nada”, cuenta Bárbara, quien se graduó en Ciencias Fiscales, Mención Aduanas y Comercio Exterior en 2015. “Pero por la situación actual del país no la ejerzo, a pesar de que he metido currículo en todas partes”.

“La situación es complicada, la familia de mi hermana es muy humilde. El padre no tiene un trabajo fijo. Por miedo decidieron dejar de mover ese tema legalmente. Yo colaboro enviando dinero cuando puedo desde Estados Unidos, pero estoy también recién acomodándome y tengo dos hijos. Así que tampoco puedo ayudar con mucho”, refiere Nohelia, tía de Bárbara, quien trabaja en EEUU como secretaria en una cárcel.

El de Bárbara es apenas uno de los 4 mil testimonios que se han adherido a la causa que nació en Venezuela en contra de la empresa Poly Implant Prtothhese (PIP), creada en 1991 en Francia. La Asociación Civil sin fines de lucro de Venezolanas Afectadas con Prótesis PIP, @Asomuvenapip, ha reunido a la mayoría de víctimas en el país, que es representada por el abogado Gilberto Antonio Andrea González. “Entre la Asociación, la acción que intentamos desde Venezuela y las mujeres que adherimos en Francia, tenemos a casi cuatro mil personas adheridas a nuestra consultoría jurídica”, cuenta Andrea González. “Nosotros ejercimos el primer amparo constitucional que se hizo en el mundo, el seis de enero de 2002. Más de 700 mujeres se sumaron a él, iniciativa que intentó originalmente Adriana Zorrilla, la titular, que lamentablemente falleció”.

II

“Soy de Petare, Caracas. En 2010 me puse los implantes PIP y un año después gané un cáncer de pulmón que no me permite ni entrar en la lista de quienes podrán retirarse las prótesis porque tengo afectado el sistema inmunológico”, así se presentó al diario Panorama, Zorrilla, quien fallecería tres años después de adenocarcinoma de pulmón, la misma causa por la que moriría la primera víctima documentada en Francia.

“Originalmente esto comenzó como un amparo individual que tuvo muchas adhesiones. Posteriormente, el tribunal Supremo de Justicia ordenó tratarlo como una misma causa”, acota Andrea González, quien mantiene informada a su clientela mediante su blog y videoconferencias.

Una de las últimas reuniones tuvo carácter de urgencia debido a la difusión de una noticia falsa: la supuesta indemnización de las víctimas por parte del Estado galo. “Se dijo que el gobierno francés asumía la responsabilidad. Varias publicaciones se hicieron eco de ese rumor por lo tanto hice un estudio concienzudo de la sentencia, la cual me enviaron mis abogados que están en París, y en ella, que es de 8762 páginas, en ninguna parte dice que el Estado va a indemnizar ni que va a crear un fondo para las víctimas como se publicó en diferentes medios de comunicación”.

Lo que sucedió fue que la corte de apelaciones en Francia determinó el dos de mayo 2016, la ratificación de la sentencia en primera instancia sobre la responsabilidad civil expedito, de los dueños de la empresa PIP. “Esa responsabilidad genera la obligación de reparar, restituir e indemnizar los daños y prejuicios causados a las víctimas, y en la sentencia también se habla del daño moral que causó haberse sometido a ese riesgo y tener que continuar con nuevos procesos médicos para el retiro de los implantes”.

Además, esa corte ratificó que Jean-Claude Mas, creador de las PIP, debía permanecer cuatro años en la cárcel y pagar una multa de 75 mil euros —83 millones 475 mil bolívares a cambio no oficial. Otros cuatro empleados fueron condenados a tres años de prisión, aunque dos no estaban obligados a cumplir con el dictamen.

Pero hay otro actor: TÜV RHEINLAND, entidad alemana que debía auditar los procesos de fabricación y de calidad de PIP. El 14 de noviembre de 2013, el Tribunal de Gran Instancia de Toulon condenó a esta certificadora por los daños causados a las portadoras de los implantes y a tres distribuidoras de los implantes en Brasil, Italia y Bulgaria. Independientemente de si las prótesis causaron o no daño, cada víctima debía recibir 3.000 euros. La indemnización se ampliaba si se habían realizado nuevas intervenciones, como para retirar las PIP o si había otro daño físico o sicológico. “La sentencia está, el problema es que la empresa (PIP) está quebrada. Eso no es una buena noticia. Para indemnizar, tiene que haber un patrimonio, realmente fuerte y jugoso para responder a todas esas demandas. La esperanza está en ver si todas estas aseguradoras condenadas, tienen la suficiente capacidad económica para responder a las responsabilidades mil millonarias que les toca indemnizar”, explica Andrea González.

En Venezuela, mientras tanto, se hizo efectivo un recurso de amparo para atender los casos de emergencia. “Venezuela fue el primer país del mundo que otorgó protección a las afectadas PIP. Se ordenó, tanto a los médicos como a las clínicas, que debían atender gratuitamente a las víctimas y ordenó a la empresa Galaxia Médica, que diera gratuitamente las prótesis de reemplazo”, concluye el abogado.

Galaxia Médica C.A. fue la empresa que distribuyó las PIP en el país, a pesar de los diferentes juicios y órdenes no cumplió a totalidad con su deber. De hecho, el pasado ocho de julio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abrió un proceso por “presunto incumplimiento en la entrega de prótesis de reemplazo”..

Yamileth Álvarez es un ejemplo. En 2010, se realizó un chequeo y se enteró que la prótesis derecha estaba rota y que los ganglios axilares linfáticos estaban infiltrados. Sufría de siliconoma, que sucede cuando la sustancia migra a tu cuerpo. “Pude retirarme las prótesis en 2011 y lo hice con dinero propio. Quedaron ganglios linfáticos con la toxina y corro el riesgo de que siga migrando en mi organismo. Por lo tanto, debo someterme a otra operación con un cirujano especialista”, cuenta.

Gabriela Muñoz se las retiró porque se habían roto y este año volvió a presentar problemas: “El cirujano me dijo que son secuelas del maltrato al quitarlas. Tuvieron que hacerme un megalavado para retirar el material disperso en el bolsillo de la prótesis”. Y Rosario Arenas pinta un cuadro dramático: “Empecé a sentir ardor en el seno izquierdo y se me deformó. No la tengo en su sitio. Cuando me acuesto, se me va de lado. Debo mantenerla con un sostén. No he podido retirármelas porque la sentencia actual solo cubre operaciones para afectadas con prótesis rotas”.

Los testimonios se multiplican y cada uno representa una tragedia diaria y silenciosa. Es probable que la indemnización nunca llegue. Incluso que lo sucedido a pacientes como la madre de Bárbara nunca se aclare. Pero ella, en este momento, cuenta que tiene otros motivos para contar la historia que dio inicio a este trabajo: “Esto servirá de enseñanza para otras personas”.