Nueve masacres con sello militar venezolano

La Operación de Liberación del Pueblo cobra nuevas víctimas. Desde el pasado 7 de octubre, en Barlovento se desplegó una OLP que abarcó seis municipios con 1.300 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional y otros cuerpos de seguridad. El objetivo: patrullaje. Sin embargo, 12 jóvenes desaparecieron de Barlovento. Perecieron bajo el velo de la ilegalidad, aunque jamás se les conoció delito alguno y tampoco poseían orden de aprehensión. De hecho, la propia Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, habló de personas “inocentes”.

Durante mes y medios familiares de los jóvenes notaron su ausencia, pero no encontraron respuestas sobre su paradero. Incluso, denunciaron que periódicos como Últimas Noticias ignoraron sus voces cuando fueron a dar a conocer su desespero.

Ante la irregularidad, los familiares denunciaron las desapariciones ante el Ministerio Público, sin respuesta. No obstante, semanas después el misterio tuvo final: el pasado viernes 25 de noviembre fueron hallados varios cadáveres en dos fosas comunes de los municipios Acevedo y Brión, en el estado Miranda. Según confirmó el Ministerio Público, las víctimas fueron detenidas el 15 de octubre de 2016. Dos de los cadáveres se encontraron en el sector El Café, mientras que los otros diez cuerpos fueron encontrados el sábado en el sector Aragüita, vía a Guatopo. Las pruebas forenses determinaron que las identidades de los cuerpos coincidieron con la de los desaparecidos y que la data de muerte fue hace mes y medio. Es decir, los jóvenes fueron asesinados al poco tiempo de ser detenidos.

Néstor Reverol Torres, ministro de Relaciones Interiores y Justicia, informó sobre la detención de ocho militares presuntamente implicados. Asimismo, el ministro no descartó que se hicieran más detenciones. Por su parte, mediante un comunicado, el Ministerio Público notificó la acusación contra de once funcionarios del Ejército por el asesinato de los jóvenes. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, añadió que entre el lunes 28 y miércoles 29 de noviembre se recibieron cinco nuevas denuncias de desaparecidos correspondientes a la masacre.

Según Inti Rodríguez, representante de la ONG Provea, una matanza puede ser considerada como tal cuando tres o más personas son agredidas. “Hablamos de masacre cuando hay una ejecución masiva o un uso indiscriminado de la fuerza”, indica. Desde la instalación de la democracia en 1958 hasta el socialismo del siglo XXI han ocurridos hechos que son reconocidos como masacres

El discurso oficial ha tratado de caracterizar a “la cuarta República” como una donde el asesinato, la tortura y los ataques al pueblo eran política común de Estado; casi una dictadura violadora de Derechos Humanos. En 2012 se aprobó una Ley para sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998, y el Ministerio Público informó en 2013 que adelantaba 146 investigaciones relacionadas, incluyendo 1.635 denuncias sobre casos de desaparecidos y asesinados en la referida época. Sin embargo, la Comisión por la Verdad constituida para tal fin –integrada por la Fiscal, José Vicente Rangel, Jorge Rodríguez, Tarek William Saab, José Numa Molina, Tania Díaz, Germán Ferrer, entre otros- tiene en su página web una lista de desaparecidos que documenta siete personas del período de gobierno de Rómulo Betancourt, 78 de Raúl Leoni, ocho durante el primer mandato de Rafael Caldera y cinco durante el periodo de Luis Herrera Campins.

En cualquier caso, de las masacres vividas en Venezuela, ninguna ha terminado con reparaciones totales a las víctimas o familiares, ni mecanismos certeros de previsión para evitar la repetición de los hechos, aun cuando hay sentencias interamericanas que lo ordenaron. La de Barlovento recuerda una ristra de matanzas anteriores.

Masacre de Cariaco, 2016

La noche del viernes 11 de noviembre, nueve personas murieron por balazos en la cabeza y otros tres resultaron heridas. Los victimarios fueron seis hombres que viajaban en un vehículo color gris, jóvenes y ataviados con ropa deportiva, quienes portaban armas de alto calibre.

Según reporte de El Pitazo, a las 10 de la noche siete hombres de la familia Rodríguez escucharon tres disparos provenientes de San Pedrito, una zona agrícola del sector El Porvenir, a cinco minutos de Cariaco, en el estado Sucre. “Unos 15 minutos antes de los disparos vimos pasar a una patrulla de la policía del estado Sucre subiendo hacia San Pedrito, seguida por un carro modelo Aveo, color gris. A los disparos no le paramos, pensamos que era normal porque se había corrido el rumor de que recogerían a los malandros que nos tienen azotados en el pueblo”, dijo Leonardo Rodríguez, cuyo hermano, sobrino y primos fueron asesinados esa noche.

Un vecino de la zona comentó que a las 9 de la noche de ese 11 de noviembre, de un carro gris bajaron varios hombres en la Plaza Bermúdez del centro de Cariaco y efectuaron varios disparos, dañando un carro amarillo estacionado con tres tiros. Otro habitante del poblado, relató que los sujetos antes habían comido perros calientes en la misma zona céntrica, iniciando una pelea con los lugareños y retirándose sin pagar la cuenta.

Esos hombres asesinaron a Juan Alberto Cabello con un disparo a la cabeza usando un arma de alto calibre. Luego agredieron a los hermanos Samir y Luis Alberto Cabello, quienes dormían en pequeñas habitaciones y los arrodillaron en las afueras de su casa, también por tiros a la sien. “Decían que venían buscando a El Negro, un azote del sector que vive más arriba, en el monte”, contó la hermana de las víctimas a El Pitazo. Luego los agresores acudieron a la vivienda de los Rodríguez a quienes apuntaron y dispararon, dejando siete asesinados.

Desde Caracas, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, nombró una comisión del Cicpc para investigar el caso. Las pesquisas condujeron al Ministerio Público a acusar al teniente Aldo Rafael Del Naza y los sargentos César Rafael Fuentes, Anthony José Ramos, Moisés Fernando Zamora y Robert Antonio Bastidor, todos de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) por homicidio intencional calificado con alevosía en perjuicio de los hermanos Carlos y Luis Cabello. Según el relato oficial, los imputados cenaban en la plaza de Cariaco, cuando presuntamente habrían golpeado a un joven sin motivo aparente y después lo despojaron de su teléfono celular y una cadena. Además, dispararon al aire en múltiples oportunidades para disipar a las personas que se encontraban aglomeradas en el lugar, y causaron daños severos a varios carros y motos que estaban estacionadas en las adyacencias.

Los funcionarios fueron imputados por homicidio intencional calificado en ejecución de un robo agravado respecto a Luis, Jackson, Javier, Jesús y Luis José Rodríguez, además de Eduardo Vallejo y Miguel Acosta; y el mismo tipo penal pero en grado de frustración en relación con las tres personas heridas. Adicionalmente, fueron imputados por agavillamiento, uso indebido de arma orgánica y robo agravado

El expediente afirma que los acusados, quienes fueron aprehendidos en Cumaná el 23 de noviembre, se dirigieron a una vivienda del sector Porvenir, donde habrían agredido a una mujer para que les diera información sobre la ubicación de una persona. En este sentido, los hermanos Cabello intentaron defender a la joven, razón por la cual los efectivos militares les habrían disparado en varias oportunidades causándoles la muerte. Posteriormente, los uniformados habrían despojado de sus pertenencias a las otras siete víctimas y les dispararon sin mediar palabras. Durante el hecho otras tres personas resultaron heridas de gravedad.

Masacre de Uribana, 2013

La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Valera, declaró a finales del año 2012 que se realizaría una requisa en el centro penitenciario de Uribana, en el estado Lara, para buscar armas. La inspección finalizó en un enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad y los reos, según las declaraciones de la ministra Valera.

El 25 de enero del año 2013 la requisa fue llevada a cabo. Funcionarios armados de la Guardia Nacional ingresaron a la cárcel preparados para iniciar la inspección, y pocas horas después inició un enfrentamiento dentro del recinto. Los informes extraoficiales indicaron que por lo menos 63 personas murieron y que más de 120 resultaron heridas.

Según el diario La Verdad, media hora después del ingreso de los uniformados al recinto, al menos dos mil 200 internos estaban desnudos, acostados boca abajo en el engramado del estadio de fútbol del penal. Les hicieron la revisión corporal que antecedería a la requisa del penal. Pero no, fue el preámbulo de una “masacre”, como lo calificó “El gordo”, un recluso que resguardó su identidad y denunció los excesos. “Nos golpearon y dispararon al aire. Cuando tratábamos de levantarnos o les gritábamos que dejaran de hacer tiros nos daban cachazos y patadas. De pronto comenzaron a dispararnos a nosotros. Ahí comenzó la sangre. Fue como una hora de plomo y bombas”, narró el condenado por homicidio.

La oposición y organizaciones no gubernamentales criticaron la forma en que se llevó a cabo la requisa, denunciando el “uso desproporcionado de la fuerza”, así como la gestión del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció los hechos y responsabilizó al gobierno por los resultados. A su vez, llamó a realizar una investigación de lo ocurrido. No hubo responsables ni acusaciones judiciales por estas denuncias.

Masacre de La Paragua, 2006

En el año 2006, el 25 de septiembre, bajo el mandato del ex presidente Hugo Chávez, una división del Teatro de Operaciones número 5 (TO-5) fue enviada a desarticular unas invasiones mineras presuntamente ilegales. Poco antes de las 10:00 am, un grupo de exploradores decidió regresar a la mina de El Papelón, en La Paragua del estado Bolívar por falta de combustible. En el camino fueron sorprendidos por un helicóptero del TO-5, del cual descendieron varios efectivos que, tras detenerlos, los asediaron hasta la muerte.

Manuel Felipe Lizardi, único sobreviviente, declaró que del aire lanzaron poderosos explosivos que acabaron con el campamento donde se encontraban. Se dijo que 14 funcionarios acribillaron a seis mineros en El Papelón de Turumbán y otras cuatro víctimas resultaron ahogadas al intentar escapar de otra comisión militar en Maripa.

Por aquellos días, la prensa regional había dado cuenta de la denuncia hecha por mineros según la cual el TO-5 los estaba desalojando de las minas sin haberlos reubicados previamente en las de Guariche y Chicanán, conforme a lo prometido por el Gobierno nacional dentro del marco de la llamada “reconversión minera”.

La primera versión oficial, dada por el general Francisco Enrich, comandante del TO-5, apenas anunciaba que la única aeronave de la FAN que sobrevoló la zona del Alto Paragua no estaba equipada con armamento de gran poder, y sólo hacía vuelos de reconocimiento en atención a unas denuncias de las comunidades indígenas del sector, sobre daños ambientales. Era un desmentido a lo que comenzó como rumores. Más tarde, el entonces Ministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, calificó como un “enfrentamiento” lo ocurrido en Bolívar.

El caso generó una ola de protestas de familiares y dirigentes sindicales en la entidad, conduciendo a una declaración del presidente Hugo Chávez quien afirmó que en el caso “hubo uso excesivo de armas de guerra, y eso tiene que ser penado de manera contundente”, llamando a realizar investigaciones.

Las investigaciones condujeron a un juicio donde se acusó a 14 efectivos militares, quienes se mantuvieron con privativa de libertad durante el proceso judicial. El  entonces ministro de Interior, Jesse Chacón, insistió en la tesis del enfrentamiento, pues se habrían encontrado dos escopetas en manos de los mineros asesinados, ante los cuales los uniformados habrían respondido disparando fusiles. 10 funcionarios fueron condenados a 15 y 17 años de cárcel, en sentencias individuales.

Masacre de Kennedy, 2005

La noche del 27 de noviembre de 2005 el Barrio Kennedy, ubicado en Las Adjuntas en la ciudad de Caracas, vivió un caso de exceso policial que le valió ser reconocido como masacre. Lo que inició como un operativo para buscar al asesino de un funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) finalizó con el asesinato de seis estudiantes universitarios.

Los alumnos de la Universidad Santa María (USM) salían de presentar un examen de Matemáticas, a bordo de un vehículo Corsa. Al entrar a la zona de Kennedy, se encontraron con una alcabala de un grupo de hombres armados, sin identificación y con las caras cubiertas, que les ordenaron detenerse. El punto de control fue impuesto por la DIM sin autorización judicial ni orden superior.

Los jóvenes, Leonardo González Lares (conductor, de 25 años), Erick Montenegro, Edgar Quintero, Daniza Buitrago, Irúa Moreno y Elizabeth Rosales, creyendo que serían víctimas de un robo, aceleraron. La respuesta de los funcionarios fue descargar su arsenal contra el vehículo. Uno de los funcionarios de la DIM efectuó un disparo de fusil contra el carro, que rebotó e hirió a Luis Peña, agente del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Las ráfagas continuaron.

Varios metros más adelante, una segunda alcabala de la DIM y el Cicpc empezó a disparar contra los estudiantes quienes logran escapar avanzando hacia las casas de la zona. Leonardo González fue el primero en morir por un certero tiro de fusil en la cabeza. A Edgar Quintero y Erick Montenegro -quienes gritaban que eran estudiantes- se les asesinó en un callejón, luego de someterlos, esposarlos y golpearlos. Ambos registraron más de 12 impactos de bala en sus cuerpos.

Las tres muchachas heridas fueron llevadas a centros asistenciales. Una de ellas, se informó entonces, temía ser agredida en pleno Hospital Pérez Carreño, luego de recibir amenazas de no rendir testimonio por parte de funcionarios no identificados. 22 uniformados fueron detenidos por este caso, pertenecientes a la DIM, al Cicpc y a Policaracas. Además, se investigó a otros funcionarios por presuntamente haber alterado la escena del crimen para ocultar lo sucedido.

El ministro de Relaciones Interiores de la época, Jesse Chacón, anunció la intervención de la Dirección de Inteligencia Militar y de las divisiones de Homicidio y de Criminalística del Cicpc en el marco de las investigaciones sobre la masacre. Asimismo, en el año 2007 se confirmó la sentencia condenatoria a cada uno de los implicados en la llamada masacre de Kennedy, los cuales resultaron ser 24 funcionarios con penas de tres a 30 años, en sentencias individuales.

José Baldomero Peña, mayor del Ejército que encabezó la comisión mixta de la DIM que abrió fuego en Kennedy, fue condenado a 17 años tras las rejas, pero según informó el periodista Javier Ignacio Mayorca en 2012, el oficial nunca estuvo recluido en la Penitenciaría General de Venezuela o en Ramo Verde, como correspondía, sino que permaneció en el regimiento de Policía Militar de Fuerte Tiuna. “De allí sale a diario y se pasea por el Círculo Militar, vestido con sudadera.  A veces, hace visitas conyugales en el hotel de esa instalación, ante la mirada indignada de otros uniformados que lo han reconocido”, contó el reportero citando fuentes del Ejército.

El Caracazo, 1989

Para los venezolanos, El Caracazo fue el día en el que el pueblo “bajó de los cerros”. Durante los días 27 y 28 de febrero de 1989 se desataron una serie de saqueos en el país a raíz de las medidas económicas anunciadas por el ex presidente Carlos Andrés Pérez, que se extendieron hasta el 8 de marzo de ese año. El hecho fue reconocido como un estallido social ante la situación del país.

Las protestas iniciaron en Guarenas, estado Miranda, por el aumento del pasaje a la capital. Los transportistas exigían cancelar el monto con 50% de aumento, a pesar de que el ajuste aprobado era de 30%.

Sin embargo, se asumió como masacre cuando el 28 de febrero los cuerpos de seguridad del país salieron a la calle a controlar la situación y reprimir las revueltas, registrándose ataques a civiles, muertos por disparos y acciones violentas en el marco del “Plan Ávila”. La primera víctima fue Yulimar Reyes, estudiante de Letras de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien fue asesinada en los pasillos de Parque Central por un policía que le disparó perdigones en la cara y el cuello.

Se dice que 4 mil efectivos del Ejército y la Guardia Nacional fueron activados para “restablecer el orden” en la capital, y que los asesinatos continuaron aún después del cese de los saqueos en las zonas populares. Según recuento de Telesur, “las patrullas del Ejército comenzaron a allanar casas en los barrios, supuestamente en busca de mercadería, y a arrestar a los sospechosos”.

A raíz de los hechos, cuatro días después, se fundó el Comité por los Desparecidos y las Víctimas Inocentes que luego cambiaría su nombre por el de Cofavic (Comité de los Familiares de las Víctimas). Fue esta organización la que informó a los medios nacionales e internacionales de las dimensiones de los sucesos ocurridos. Los reportes oficiales reportaron 276 muertos y numerosos heridos, mientras que algunos extraoficiales hablan de 300 personas fallecidas y 3.000 desaparecidas. Sin embargo, todavía hoy no se conocen los números reales.

En el Cementerio General del Sur se bautizó un sector del camposanto como “La Peste”, porque durante El Caracazo allí eran llevados y amontonados por días los cuerpos de los civiles asesinados en los barrios, para ser luego enterrados en fosas comunes. Años más tarde, fueron localizados 70 cadáveres no identificados, no incluidos en la lista oficial de fallecidos del gobierno venezolano.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 1998 la actuación del Gobierno venezolano, llamando al Estado a indemnizar a las víctimas, hecho cumplido parcialmente en el año 2004 con aquellas víctimas representadas por la organización de derechos humanos Cofavic. A finales de 2006, el gobierno del expresidente Hugo Chávez anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.

En 2013, la Asamblea Nacional juramentó una comisión para investigar la actuación de policías y militares en 1989; y luego la Fiscalía acusó a Virgilio Ávila Vivas (exgobernador del Distrito Capital) por su responsabilidad en la masacre.  En noviembre de 2014 inició el juicio en su contra, aún sin resultados.

Masacre de El Amparo, 1988

El 29 de octubre de 1988, en la localidad de El Amparo, en el estado Apure, alrededor de las 11:00 am, 14 pescadores del Arauca fueron asesinados. Los culpables de su muerte fueron los integrantes del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), un escuadrón conformado durante el gobierno de Jaime Lusinchi por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y miembros de las Fuerzas Armadas., que tenía apenas un año de conformado para el momento de la operación. La agrupación se encargaba de llevar a cabo la operación denominada “Anguila III”, que consistía en la lucha contra grupos subversivos colombianos.

La masacre ocurrió en el Caño La Colorada, un pueblo pequeño de ocho mil habitantes ubicado justo a la frontera con Colombia. Fue coordinada por los jefes del CEJAP, el General Humberto Camejo Arias, el Coronel Enrique Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la Disip, Henry López Sisco. Los efectivos justificaron sus acciones indicando que los pescadores eran guerrilleros colombianos con intenciones de sabotear oleoductos de petróleo y secuestrar a los ganadores de la zona. La realidad era que casi la totalidad de las víctimas eran venezolanos sin antecedentes judiciales.

Dos de los pescadores, Wollmer Pinilla y José Augusto Arias, lograron escapar la emboscada y ofrecieron su testimonio, refutando la versión oficial que aseguraba que había ocurrido un enfrentamiento con grupos guerrilleros. No obstante, la justicia avaló el testimonio de los militares. El 29 de abril de 1992 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal dictó la sentencia, confirmada más tarde por la Corte Marcial en 1994, y también por la Sala Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las organizaciones de derechos humanos del país decidieron remitir el caso a instituciones internacionales. La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y Provea lo llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo dirigió a la Corte Interamericana, luego que los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velázquez incumplieran sus recomendaciones.

Un año después, el 11 de enero de 1995, el Estado venezolano reconoció los hechos y asumió la responsabilidad ante la Corte IDH. El 14 de septiembre de 1996 dicho tribunal hemisférico dictó una sentencia que fijó el monto de las indemnizaciones que debían pagarse a los 2 únicos sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos y ordenó que se continuara con las investigaciones y se sancionara a los responsables. Aunque durante el gobierno del expresidente Rafael Caldera se canceló casi la totalidad de las indemnizaciones, quedó pendiente un monto, producto de no acatarse el mandato de la Corte que regulaba la forma de calcular los montos en moneda nacional.

El 29 de octubre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la sentencia que absolvió a los implicados en la masacre ocurrida en El Amparo. Aunque la justicia ha señalado a López Sisco como el principal responsable, no se ha actuado contra Ramón Rodríguez Chacín, gobernador del estado Guárico y miembro del PSUV, que está señalado en el expediente como autor intelectual de los hechos y por familiares de las víctimas, también en el expediente, como autor material de otros hechos conocidos como Los Amparitos, que se produjeron antes de la masacre, según información de Provea que solicitó investigar al exministro desde 2011 sin obtener respuesta institucional.

Masacre de  Yumare, 1986

En mayo de 1986, en el sector Barlovento, caserío La Vaca del estado Yaracuy, nueve dirigentes sociales fueron ultimados por un comando de la Disip. La presidencia de Jaime Lusinchi había llamado a realizar una operación dirigida a erradicar grupos insurreccionales. La operación estuvo a cargo del cuerpo liderado por Henry López Sisco. Los efectivos simularon una emboscada a un supuesto grupo guerrillero denominado Punto Cero.

Pero el ataque fue contra nueve civiles que, tras ser asesinados, fueron vestidos con trajes militares con el propósito de presentarlos como facciosos. También afirmaron que habían estado en un enfrentamiento armado y que fueron emboscados en un lugar boscoso por los asesinados. No obstante, las evidencias fotográficas revelaron que la zona estaba poblada de vegetación baja y todo el terreno estaba despejado. Las víctimas fueron Dilia Antonia Rojas, Nelson Martín Castellano, Luis Rafael Guzmán, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jiménez García, Simón José Romero Madriz, Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronal José Marao Salgao y Alfredo Caicedo Castillo.

El caso fue reabierto en el año 2006, cuando el Ministerio Público acusó a varios exfuncionarios de la Disip. En junio de 2009, la Fiscalía también acusó al comisario jubilado Henry López Sisco, y pidió iniciar el proceso de su extradición desde Costa Rica. En 2011, fue condenado a 13 años de prisión el general retirado del Ejército Alexis Sánchez Paz, quien admitió su responsabilidad en los hechos de Yumare. Otros acusados fueron los exfuncionarios Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega. En septiembre de 2015, Ramón Celestino Rojas, también jubilado de la extinta Disip, fue señalado por homicidio. En agosto de ese mismo año fue enjuiciado su excompañero Raúl Johán Fernández.

Masacare de Cantaura, 1982

En 1982, el Frente Guerrillero “Américo Silva”, del partido de izquierda Bandera Roja, permanecía activo y con actitudes muy violentas. El gobierno del presidente Luis Herrera Campins ordenó una operación conjunta para someter a los insurrectos en la cual participaron el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Lo que comenzó como una operación militar, terminó por ser llamada la Masacre de Cantaura.

El lunes 4 de octubre de 1982, a partir de las 5:50 de la mañana, en el sector Los Changuarriales en el estado Anzoátegui, comenzó el ataque. Aviones militares lanzaron bombas de racimo —llamadas así porque cada una contenía 12 granadas— al campamento durante más de 10 minutos. Por tierra, más de 1.500 soldados, funcionarios de la Disip y la PTJ, cercaron el lugar. Durante dos días de combate hubo un saldo de 23 fallecidos y varios heridos. Según reportes posteriores, algunos de los capturados fueron asesinados a quemarropa, a las mujeres les mutilaron los senos, a otros los descuartizaron o fueron rematados por los uniformados. Una veintena de combatientes lograron escapar y luego relatar lo sucedido.

El gobierno de Campins calificó la masacre como un “encuentro armado”, pero las exhumaciones de los cadáveres hechas en 2011 confrontaron tal tesis. La mayoría de las víctimas mostraron signos de tortura y tiros de gracia en el cráneo. Fue la consecuencia de la reapertura del caso que hizo en 2009 la Fiscalía General de la República. Hasta el año 2011 fueron exhumados 18 cuerpos en las ciudades de Anaco, Barcelona, Caracas, Cumaná, La Guaira y Puerto Cabello. Actualmente, continúan abiertas las investigaciones en el marco de la Comisión de la Verdad sobre “crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos ocurridos en el período 1958-1998”.

En 2014, el Ministerio Público anunció que el médico forense encargado de haber adulterado los protocolos de autopsia de las víctimas había sido imputado, pero otros involucrados han permanecido sin castigo. Por ejemplo, el general Roger Cordero Lara quien piloteaba en 1982, y con rango de Teniente, uno de los aviones OV-10 que bombardeó el campamento en Cantaura. Llegado el gobierno de Hugo Chávez, el militar no solo admitió su participación en el caso argumentando “obediencia debida” sino que ascendió a Comandante General de la Aviación y, al pasar a retiro, se sumó al Partido Socialista Unido de Venezuela que lo postuló como candidato a la Asamblea Nacional, donde sirvió como diputado. Provea solicitó en 2011 el allanamiento a su inmunidad parlamentario y juicio por el caso de la masacre de Cantaura, pero no obtuvo respuesta.