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Venezuela militarizada: firme y a discreción

No es secreto que Venezuela sufre una crisis en todos los aspectos sociales y políticos posibles. Aun así, no es un país en guerra. Sin embargo, las calles se han teñido de verde oliva ante la ocupación militar casi omnipresente a lo largo y ancho del territorio. El uniforme y sus rifles amenazantes invaden el espacio civil. La población, lejos de estar intimidada, siente frustración

Venezuela militarizada: firme y a discreción

La cotidianidad es difícil de definir en Venezuela. La rutina se ha colmado de hechos tan atípicos como usuales. Se convierten en costumbre. La delincuencia —aunque a nadie le gusta, excepto a sus perpetradores— es tema repetitivo. Los asesinatos no tienen cara, solo cifras en las estadísticas. Las protestas por alimentos, medicinas, educación de calidad, vivienda y servicios básicos van in crescendo. Sin una razón explícitamente clara, las calles están atiborradas por la Fuerza Armada Nacional, especialmente, los días de manifestación por parte de la oposición. Poco a poco, los castrenses penetran el ámbito de la sociedad civil aunque, en teoría, entre esos dos mundos no hay coexistencia directa posible. Para María Soledad Hernández, historiadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, esta medida responde a “una política de represión y de cerrar los espacios de disidencia y de salida democrática. La convivencia no existe. Están arrebatando los espacios para plantar injerencia militar donde no la debería haber”. Sí, en vista de que no hay un conflicto bélico.

Los antecedentes históricos muestran que en la década de los 60 los militares también se extendieron en el territorio nacional, pero para combatir la insurrección de las guerrillas armadas. La predominancia militar no es una invención del chavismo. También en 1989, la revuelta popular de El Caracazo provocó la suspensión de las garantías constitucionales y la intervención del Ejército para controlar la situación. La expugnación verde fue error político, desde el punto de vista de Liliana Ortega, presidenta del Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), porque conllevó a la muerte evitable de ciudadanos. Este hito marcó pauta para luego —en el artículo 332 de Constitución de 1999— separar las funciones de seguridad ciudadana del accionar militar. “Además de que las armas que usan los cuerpos militares no son aptas para el orden público, las fuerzas militares están diseñadas para actuar en momentos de protección de la soberanía, para repeler al enemigo, y el ciudadano no puede ser visto como un enemigo”, comenta Ortega.

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El poder militar está subordinado al civil, no por encima de él. Pero el deber ser es mutilado cuando la autoridad gubernamental así lo dispone. De los 30 ministerios que posee el gabinete de Nicolás Maduro, 32,1% está presidido por oficiales activos o retirados. De acuerdo con Yorelis Acosta, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes), los despliegues militares cumplen dos propósitos. El primero: mostrarle a la población que hay una autoridad omnipresente. El segundo: propagar un mensaje de que el Gobierno tiene capacidad para reprimir y disolver las actividades de sus enemigos internos. La duda es: ¿quiénes son los enemigos? Venezuela no está invadida por una potencia extranjera, más allá de la entelequia inventada por Nicolás Maduro, esa que machaca como guerra económica del imperio.

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La Fuerza Armada rige el comportamiento de los civiles, en las compras de supermercados, en el control de alcabalas de tránsito y cada vez más en manifestaciones. Este 27 de mayo, los oficiales salieron del cuartel para instalarse en el Hospital de Barquisimeto. El Tribunal Segundo Municipal ordenó una inspección al recinto de salud para vigilar que se cumpliera la sentencia judicial en la que se prohíbe el paro de médicos. Según reseña El Impulso, el colectivo uniformado conversó con el director del hospital, Francisco Rojas, e inició un recorrido por las instalaciones en compañía del doctor Marcial Daza, director de Atención Médica y jefe de Cirugías y Quirófanos. 

Enmanuel Ortiz, presidente del Foro de la Verdad, indicó que se iniciará un proceso penal en contra de la institución por “desacato judicial” en vista de que por 48 horas hubo interrupción de algunas consultas médicas externas y cirugías colectivas como forma de protesta. El gremio denuncia la precariedad del hospital y la falta de insumos que ofuscan la garantía de salud para los pacientes. Por exigir mejores condiciones, su desenvolvimiento es supervisado con fusiles.

No puede ser chaperón un organismo entrenado para suprimir al adversario, en este caso en desventaja al ser un ciudadano sin armas. Acosta señala que, además, esta estrategia “no le da seguridad a la gente porque hay descrédito del sistema normativo. La gente no cree en las instituciones, en la policía, en la guardia. Además, los índices de inseguridad siguen subiendo”.

Contra todo pronóstico, el uniforme y las armas no han intimidado a la población. Los números indican que las protestas aumentan. En el año 2015, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 5.851 protestas y, para el primer trimestre de 2016, el acumulado ya es de 1.552 manifestaciones. Ortega asegura que “la represión no garantiza gobernabilidad, ni estabilidad. A fuerza de bayonetas y armas de guerra no se estabiliza un país. Se estabiliza con el diálogo, con crear políticas de consenso y con políticas públicas que mejoren las condiciones de los ciudadanos”. Para Hernández, los procesos de militarización fueron recurrentes en dictaduras latinoamericanas y el objetivo siempre es “sembrar miedo, angustia y zozobra”

El Ejecutivo, en aras de mantener el legado del difunto Hugo Chávez, no se aleja de las políticas militaristas concebidas durante la gestión del Teniente Coronel reconvertido en Comandante en Jefe. De hecho, desde 1999 hasta 2016, en 16 años de la era chavista, la inversión en compra de armamento bélico por parte del Estado venezolano fue de 5.620 millones de dólares según el Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (SIPRI). Venezuela ocupa el puesto número 18 dentro del ranking de mayores compradores de armas en el mundo. Hernández, sostiene que en regímenes de rasgo militar “es muy común este tipo de actitudes y posturas porque es una forma incluso de ellos protegerse contra cualquier levantamiento o disturbio generalizado. Hay motivos de sobra para que la gente esté en la calle.”

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¿Dictadura militar?

Tildar de dictadura o democracia al régimen venezolano actual será tarea de la historia, pero algunas de sus acciones se despegan del hilo constitucional, por lo cual el cuestionamiento es válido hacerlo en el presente. El politólogo Guillermo Tell Aveledo sostiene que no todo uso de la fuerza es autoritario. “Lo es en tanto que está siendo justificada por una medida política que no responde ni a la voluntad de la sociedad, ni al control político que se supone ha de tener”.

Tell señala que la capacidad de respuesta de la población es preocupante en tanto que no tiene cómo enfrentarse ante un fusil. Son los cuerpos policiales los encargados de mantener el orden público y su sustitución no soluciona la crisis que atraviesa el país. “Se pretende resolver con efectos visuales lo que es un problema de fondo. La conducta delincuencial y las posibilidades de disturbios no ocurren porque haya menos o más policías. Ocurre porque hay una estructura de incentivo al delito, incentivo al bachaqueo que tiene que ver con la estructura política y económica del Gobierno”, opina el politólogo. Mientras tanto “el Estado venezolano se caracteriza por ser absolutamente refractario a las demandas sociales y no escuchar lo que la población quiere”.

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Para 2016 el presupuesto asignado al Ministerio de la Defensa superó al de 2015 en 158%. El año pasado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) recibió 33 mil millones de bolívares, pero la cartera militar se incrementó en 2016 a 85,3 mil millones de bolívares. La institución es el octavo ministerio con mayor cantidad de recursos y supera con creces otras carteras como la del Ministerio de Alimentación correspondiente a 21,4 mil millones de bolívares.

El Ejército atiborra las calles y escala en la esfera política. Interviene en el desarrollo de la cotidianidad, pero las letanías de carencias no desaparece. “Las fuerzas de seguridad tienen que entender que en Venezuela hay razones para ejercer el derecho a la protesta. Lo que tienen que procurar es que esas protestas sean encausadas al punto legal y pacífico”, afirma Ortega. A su juicio, en caso de que se efectúen actos represivos, no se podrá garantizar orden, solo el aumento de la violencia. La expectativa queda a la orden del día para un país, en teoría democrático, que está ocupado militarmente por su propio ejército.

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