La historia del Poder Electoral, creado con la Carta Magna de 1999, ha sido bien accidentada. Ha vivido situaciones críticas desde su inicio, dada la particular interpretación de Chávez de cómo deben conducirse las campañas electorales.
El CNE trató inicialmente de frenar el ventajismo del Presidente contra sus oponentes, pero fracasó rotundamente. Entre 2002 y 2003, en pleno paro petrolero, entró en crisis, al quedar reducido a solo cuatro rectores, situación legitimada por la Sala Constitucional, ya con mayoría chavista. En agosto de 2003, derrotado el paro petrolero, ante la incapacidad de la Asamblea para acordar el nombramiento de un nuevo CNE, éste fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia orientado por la noción de “equilibrio” entre las fuerzas políticas. Dos rectores pro oficialismo, dos pro opositores y el quinto supuestamente independiente.
La experiencia con CNE “equilibrados” ha sido mala. En la primera, presidida por Jorge Rodríguez, los rectores se sintieron comprometidos con su parcialidad política, actuando en consecuencia.
Las decisiones se tomaban tres a dos, imponiendo el oficialismo su mayoría, pues el “independiente”, Francisco Carrasquero, resultó chavista. Por otra parte, la actual hegemonía chavista es también desafortunada, pues el ente comicial ha dejado de garantizar el derecho a procesos electorales en igualdad de condiciones.
“Equilibrio” político es una cosa, y otra diferente es “independencia”. La Constitución manda que los rectores sean independientes, es decir, que no tengan militancia ni compromisos con partido político alguno. Hasta ahora esto no se ha cumplido. Una salida pacífica y democrática a la crisis actual obliga a obedecer este mandato. Sólo rectores independientes en el CNE pueden garantizar “la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales…” que exige la Carta Magna.
Un nuevo reparto por cuotas políticas, como insinúan algunos partidos, no es el camino.
