Tres años después de que Perú pasó a ser el principal productor de cocaína del mundo, pequeñas avionetas transportan más de una tonelada de la droga diaria a Bolivia bajo las narices de los militares.
Si bien abunda la corrupción en Perú, la plaga de narcovuelos refleja la ineptitud y la desidia de los militares, que controlan la remota región selvática de donde parte la droga.
Fiscales, policías antinarcóticos, exoficiales de las fuerzas armadas y agentes antidrogas de Estados Unidos activos y en retiro dicen que las fuerzas armadas básicamente hacen la vista gorda ante los vuelos que salen del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocida como VRAEM.
Los vuelos transportan cargas que generan al menos 7,2 millones de dólares en el exterior.
El Congreso aprobó en agosto una ley que autoriza abrir fuego contra las avionetas. Pero pocas son derribadas y el gobierno descartó la compra de los radares necesarios para implementar ese plan, el cual hubiera costado 71 millones de dólares.
El presidente Ollanta Humala, un ex teniente coronel cuya popularidad está por debajo del 15%, tiene otros ochos meses en el cargo.
Una investigación de The Associated Press comprobó que las «narcoavionetas» han sido cargadas con drogas en pistas, algunas a minutos por aire de bases militares, en el remoto valle, donde casi no hay caminos y del que salen unos dos tercios de la cocaína peruana.
La AP consiguió videos que muestran dos de esas operaciones, filmadas por agentes de unidades antinarcóticos especiales de la policía, que no pudieron intervenir porque no tenían suficiente apoyo, según dijeron.
Wilson Barrantes, general retirado del ejército que denuncia desde hace tiempo la corrupción de los militares generada por el narcotráfico, dijo que darle a las fuerzas armadas el control del valle «es como poner a cuatro perros callejeros a cuidar a un plato de bistec».
Un individuo acusado de pilotear «narcoavionetas» le dijo a la AP que los comandantes militares locales cobran 10.000 dólares por vuelo para permitirles aterrizar y despegar sin que nadie los moleste.
Ni el ministerio del Interior ni el de Defensa respondieron a reiterados pedidos de AP de entrevistas para hablar de este tema.
El viceministro de Defensa Iván Vega, que dirige las operaciones de contrainsurgencia en la región, expresó que no tiene conocimiento de ningún oficial militar bajo pesquisa.
«La corrupción existe, pero nosotros estamos siempre pendientes», expresó. «Si sabemos de alguien, pues le vamos a caer con todo».
Cuando Humala llegó al poder en el 2011 dijo que la lucha contra el narcotráfico sería una de sus prioridades y su gobierno ha destruido cantidades récord de hoja de coca.
Pero eso no basta, según la procuradora antidrogas Sonia Medina, quien dijo en una entrevista que el narcotráfico fue «de mal en peor» bajo Humala al corromper a políticos, al sistema legal, la policía y los militares. «No hay una política coherente. (Es) algo completamente distorsionado, incoherente, inerte».
Los detractores de Humala dicen que lo único que se hizo fue permitir que la mayor parte de la producción de cocaína se traslade al valle del VRAEM, donde no hay campañas de erradicación y la vigilancia de las autoridades es escasa.
En el valle rige un estado de emergencia desde hace nueve años por la continua presencia de rebeldes de Sendero Luminoso que trafican drogas, quienes han matado más de 30 policías y soldados durante la gestión de Humala. La policía dice que Sendero es solo uno de los 15 grupos narcotraficantes que operan en el valle y ha sido reducido a 60 combatientes.
Sin embargo, el gobierno afirma que si destruye cocales en el valle provocaría a una reacción armada.
«Sería muy estúpido de nuestra parte que vayamos a querer erradicar. Más bien lo que vamos a fomentar es la captación de personal para Sendero», dijo Vega, el viceministro de Defensa.
Hay unos 6.000 soldados distribuidos a lo largo de más de 30 bases, supuestamente para combatir «el narcoterrorismo». Por ley, las operaciones antinarcóticos son llevadas a cabo por menos de 1.000 policías en el valle. Pero los agentes antinarcóticos dependen de los militares para el transporte aéreo y muchos se quejan de tener que hacer misiones conjuntas con los soldados.
En documentos y testimonios obtenidos por la AP, la policía y los fiscales antidrogas cuestionaron la confiabilidad de los militares en la lucha contra el narcotráfico. Uno de ellos recuerda haber preguntado por las pistas clandestinas en 2013, en un encuentro con oficiales de las fuerzas armadas.
«Les explicamos que queríamos entrar a esas pistas», rememora la fuente, que habló a condición de no ser identificada por temor a represalias. «Ellos sacaron sus mapas donde tenían conocimiento de que habían pistas por acá, pistas por allá. Pero nunca nos informaron de todo esto».
Se sospecha también que se estaban filtrando datos de inteligencia a los traficantes.
Cuatro fiscales antidrogas denunciaron esas filtraciones en una carta escrita en mayo del 2014 a su jefe, de la cual la AP consiguió una copia.
Tres veces compartieron información con los militares acerca de cuándo y dónde aterrizarían los vuelos con drogas, señalaron. En todos los casos, los aviones jamás aparecieron. Una cuarta vez se guardaron la información y actuaron por su cuenta, con apoyo de la policía.
Capturaron al piloto y el copiloto murió en un tiroteo. Se incautaron 357 kilos de cocaína y 5.500 dólares en efectivo. La operación de marzo del 2014 fue la única de los últimos dos años en la que se capturó al piloto, las drogas, el dinero y la avioneta.
En ese período, fueron «capturados» más de dos docenas de avionetas con drogas. La mayoría eran aeronaves que sufrieron desperfectos y tuvieron que hacer aterrizajes forzosos. En todos los casos, con excepción de cinco, los pilotos escaparon.
El piloto acusado de narcotráfico que dijo que los oficiales cobraban 10.000 dólares por vuelo para no intervenir, afirmó que «ningún avión viene sin medio millón de dólares por lo menos para pagar la droga, para pagar las pistas y para corromper a las autoridades».
Igual que otros, habló a condición de no ser identificado por temor a lo que le pudiese pasar y la AP no pudo confirmar sus afirmaciones en forma independiente.
Antes del auge de narcovuelos, los militares enviaban gente al valle como castigo por alguna transgresión, indicó Víctor Andrés García Belaúnde, legislador opositor y sobrino del finado presidente Fernando Belaúnde.
«Pero finalmente ha resultado ser rentable estar en el VRAEM y hoy en día hay oficiales que piden ir al VRAEM», señaló.
En Perú se formó una comisión legislativa especial para investigar la infiltración del narcotráfico en la política después de las elecciones regionales y municipales en octubre pasado, en las que Medina contó unos 700 candidatos que estaban siendo investigados o habían sido hallados culpables de colaborar con el narcotráfico.
Su presidenta, la congresista Rosa Mavila, dijo en una entrevista que Perú «no es aún un narco estado; (pero) está en riesgo de serlo».
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