Adicional al de Oscar Pérez, los cadáveres de otros cinco hombres y una mujer fueron llevados por las autoridades a la medicatura forense, tras ser cobrados durante la mañana del lunes en el sector Araguaney de El Junquito, afueras de Caracas, durante un operativo militar, policial y paramilitar en el que actuaron decenas de efectivos.
Fue en una retirada vivienda de esa parroquia del municipio Libertador, en donde en la madrugada del lunes se desató un brutal enfrentamiento entre funcionarios de la Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolívariana, Guardias Nacionales, «colectivos» del 23 de enero (grupos civiles parapoliciales adscritos al Partido Socialista Unido de Venezuela, Psuv) contra el puñado de compañeros de lucha del rebelde Óscar Pérez. La sangre corrió a pesar de los avisos de rendición del grupo atrincherado, transmitidos casi en tiempo real en videos y mensajes de voz a través de las redes sociales.
Desde la madrugada del martes, los cordones de la GNB impedian el acceso de vehículos y personas a las calles de Bello Monte adyacentes al depósito de cadáveres, mientras que para la sede administrativa del Servicio Nacional de Medicatura Forense (Senamecf) sólo admitían el acceso a aquellos que tuvieran papeles que avalaran su relación con la morgue.
Varias fuentes en el lugar explicaron que los trabajadores de esta sede laborarían hasta las 12:30 p.m., luego otros funcionarios tomarían el relevo. Al parecer, el motivo de esta decisión es que no se filtrara ningún tipo de información al equipo de periodistas apostado frente al edificio.
Durante cinco horas y 30 minutos no hubo señales de algún familiar de los siete abatidos, hasta que a las 12:30 p.m. El llanto desconsolado de dos mujeres y un menor, acompañados por un hombre, advirtieron que eran los primeros en intentar reclamar a su familiar. Cuando se acercaron al cordón de uniformados, éstos sólo dejaron pasar a la segunda mujer. Mientras conversaban exigían ver el cuerpo de José Alejandro Díaz Pimentel.
Pimentel fue uno de los mencionados por el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol como uno de los «terroristas» que apoyó a Óscar Pérez durante la confrontación armada.
En la lista figuran: Jairo Lugo Ramos, Abraham José Ramos (36), ambos vinculados al asalto del Fuerte Paramacay, en el municipio Naguanagua de Carabobo. En un mensaje televisado en la tarde del martes, Reverol además mencionó entre los «dados de baja» a Daniel Enrique Soto (30), Abraham Israel Agostino Agostino, y a una mujer de 26 años, la cual para el momento estaba sin identificar.
Esta mujer, no identificada, podría ser a la que Pérez mencionaba en el video de rendición difundido en redes sociales, mientras las ráfagas de disparos se escuchaba de fondo.
El jefe de la cartera del Interior detalló durante el pronunciamiento que habían tres detenidos por hechos vinculados con Pérez: Juan Carlos Urdaneta alias «El Abuelo», Eva María Lugo y Laura Ruíz Lugo. Estas dos últimas eran quienes presuntamente financiaban los movimientos subversivos con ayuda de otros países que Reverol no mencionó. Asímismo añadió los nombres de Antonio José Pérez, relacionado con la extracción ilegal de armas de guerra, y a William Agüedo Sequera, por ser el propietario de la vivienda en donde se encontraban los ultimados, a los que se les incautó dos fusiles AK 113, de fabricación rusa.
El ministro afirmó que estos «terroristas» a pesar de ofrecer su rendición iniciaron un ataque desmedido que obligó a los funcionarios a defenderse y a exterminarlos. Este procedimiento fue catalogado por diputados opositores, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y opinadores como una «barbarie» puesto que en los vídeos que Pérez difundió horas antes de su muerte afirmaba que se rendían, pero que el objetivo de la policía era matarlos.
Sobre cómo llegaron hasta el kilómetro 16 del sector Araguaney, el mayor general afirmó que durante las negociaciones en Santo Domingo, miembros de la oposición dieron la información para que estos fuesen a encontrados. Horas después la Mesa de la Unidad Democrática difundió un comunicado en el que rechazaba rotundamente estas afirmaciones.
Este operativo dejó a dos funcionarios muertos y ocho PNB heridos. Su estado se desconoce. Respecto a Heyker Vasquez, lider del colectivo Tres Raíces del 23 de enero, quien según el ministro Freddy Bernal participó junto a los cuerpos policiales para abatir a Pérez, no se hizo mención alguna en el parte oficial, al menos con ese nombre.
Luego del esperado anuncio de Reverol comenzaron a llegar los familiares, para ese entonces seis motos de la PNB con 12 funcionarios había ingresado al recinto para reforzar la custodia. Los segundos relacionados con las víctimas en acudir al área de la morgue, pasadas las 12 del mediodía fueron los de Abraham José Agostini Agostini. Estaban presentes varios amigos y detallaron que fue él quien difundió la nota de voz en la que se despedía a sus familiares y relataba sus últimos momentos. Para ese instante ya estaba herido.
Este hombre tenía tres hermanas fuera del país, al igual que sus hijas y su mujer. Fue durante mucho tiempo Policía de Aragua y militar. Sus amigos comentaron que lo habían convencido para que abandonara el país por todos los conflictos ocurridos. Para ellos no era un secreto su vínculo con Pérez y con la denominada «Resistencia».
A las 3:30 p.m. llegaron a bordo de un autobús blanco tres diputados de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), para investigar lo ocurrido y descartar ciertos rumores que luego aclararían. Se trataba de Winston Flores (VP), Franklin Duarte (Copei) y José Luis Pirela. Este último asumió la vocería y comunicó que durante el tiempo que permanecieron dentro de la morgue fueron informados sobre el caso de lo que los diputados calificaron como «el crimen de Óscar Pérez y otros».
En declaraciones a periodistas, rechazaron con contundencia el «irregular» hecho de que el organismo encargado de llevar este proceso legal sea la Fiscalía Militar y no la civil, como corresponde en estos casos. Afirmaron que los actos de Pérez no podían ser calificados como terrorismo, porque no había un órgano judicial que los determinase de esa forma.
Sobre los rumores de cremación de los cuerpos, los parlamentarios desmintieron estas posibilidad. Detallaron que el fiscal encargado del caso, Luis Marval Flores tiene que dar las órdenes para que los familiares puedan retirar los cuerpos. Sin embargo, por fuentes allegadas al caso se conoció que la mayoría de los parientes vive fuera del Distrito Capital. Eso también explicaría su ausencia en las primeras en la morgue de Bello Monte.
Pirela lamentó que Maduro y sus funcionarios utilicen estas muertes como «un instrumento de terror», cuando ante la comunidad internacional esto no es más que un «crimen de lesa humanidad, puesto que aunque se rindieron, les dispararon». Además el diputado le pidió al ministro Reverol que respondiera el por qué un líder de un grupo civil estaba en el sitio, y por qué el cuerpo de este fue retirado del Hospital Pérez Carreño, mientras que los de otros no.
El diputado Wiston Flores especificó que no recibieron información sobre las causas de muerte. «¿Fue un ajusticiamiento o un tiro de gracia?», dijo en relación a la foto que corrió por redes sociales en la que se veía el cadáver de Oscar Pérez con un herida en la frente que muchos atribuyeron al orificio de entrada provocado por un impacto de bala.
Al respecto de la única mujer de este grupo, Flores informó que el director de la morgue le reveló que ya la habían identificado, gracias al apoyo de los funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
El hermetismo dentro de la morgue de Bello Monte se percibe en todas sus esquinas. Se espera que este miércoles familiares de los demás abatidos se aproximen al lugar. Mientras tanto, las incógnitas continúan abiertas y los comentarios sobre este exterminio en el que hasta lanzacohetes fueron utilizados, dejan un mensaje sobre la capacidad del gobierno para acabar con sus enemigos.
«A 17 días de dar la orden, orden cumplida. Mi reconocimiento al comandante estratégico operacional, al ministro Reverol, a las fuerzas especiales de la Guardia, de la Armada, del Ejército, de la Policía Nacional Bolivariana”, dijo más tarde Maduro, en un acto oficial la noche del martes. En diciembre el presidente había ordenado liquidar a los insurgentes.
«Donde se aparezcan, le he ordenado a la Fuerza Armada ¡plomo con los grupos terroristas! ¡Plomo con ellos, compadre!», dijo el 19 de diciembre.
«Tolerancia cero con los grupos terroristas que amenazan con armas la paz de la República», dijo Maduro en un discurso ampliamente recogido por medios nacionales e internacionales.
