Educación

Pedro Castro Guillén: "La inacción interna en la UCV es lamentable"

El profesor es candidato a decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV en un momento en el que la institución pareciera estar en la mira de la intervención por el gobierno de Nicolás Maduro. Apunta que no ha habido transparencia en los procesos internos, plantea la necesidad de reformar los programas de estudio y que el gobierno reconozca sus obligaciones con la universidad

Fotos: Daniel Hernández
Publicidad

Es común escuchar en los pasillos de la Facultad de Humanidades y Educación que la Universidad Central es el reflejo del país. Y pese a que se ha convertido en un cliché, la frase casi siempre viene a concluir una discusión sobre la crisis universitaria con una de las pocas verdades admitidas aquí donde continuamente se enseña a llevar la contraria.

Fundada en 1946 con el nombre de Filosofía y Letras durante la llamada Revolución de Octubre y de la que han egresado notables nombres del periodismo, la literatura y la historiografía, la facultad hoy a duras penas puede abrir sus puertas por la crisis que padece desde hace más de una década y que ha generado una deserción estudiantil y profesoral inédita.

La Comisión Presidencial designada por el gobierno de Nicolás Maduro ha restaurado algunos de sus espacios, pero reparar el concreto no es suficiente para que la facultad pueda recuperar el brillo que llegó a tener en sus años mozos, cuando las discusiones en los salones estimulaban la conciencia crítica desde la formación académica, aportes valiosos que demanda y exige el tiempo presente.

“La UCV está en terapia intensiva”, asevera el historiador y economista Pedro Castro Guillén, uno de los pocos profesores titulares que queda en Humanidades y quien -con la plataforma Humanismo Innovador- aspira a convertirse en su decano en las elecciones de autoridades convocadas para el viernes 26 de mayo de 2023.

Si bien los resultados de las elecciones no resolverán la crisis universitaria, al igual que sucede en el país las esperanzas recaen en la oportunidad de cambio que representa el voto y la renovación de autoridades con períodos gerenciales vencidos desde 2012. Y aunque existe desconcierto acerca de los candidatos y sus propuestas, muchos están decididos a participar en la jornada.

“Cuando yo ingresé a la Universidad Central de Venezuela en los años 70, había probablemente unos 66.000 estudiantes inscritos. Hoy ese número se redujo a 15.000, cuando mucho. Eso es grave, sobre todo porque más de 54% de los profesores son instructores, es decir, no son doctores. Una Universidad se sostiene por su calidad académica y la realidad de la UCV está muy lejos de eso”.

En la facultad la franja de profesores agregados, asociados y titulares es casi inexistente. En escuelas como Historia o Comunicación Social varias de las clases son dictadas por recién graduados sin estudios de cuarto nivel, tesistas o estudiantes de los últimos semestres que por compromiso con la Universidad se dedican a las aulas sin recibir contratos o compensaciones económicas por ello.

“Súmale a eso a que no tienes servicio de ningún tipo. La infraestructura tecnológica existe precariamente. Aún así, la mayoría de las clases se están dando por internet y hay muy baja presencialidad. Sin embargo, los profesores no ganan para pagar el internet y los estudiantes menos. Eso hace que las clases sean inestables y solo para aquellos que pueden costear la conexión”.

―¿Ese escenario es atribuible a las autoridades? ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades rectorales y decanales en la situación universitaria?

―Ninguna. O sea, el gobierno decidió no darle presupuesto a la Universidad. No puede imputársele la responsabilidad sobre eso a las autoridades. Eso es tan así que la Universidad no solo no tiene profesores, sino que los que quedamos no somos profesores de la Universidad, pues estamos metidos en un mecanismo parapresupuestario que es la plataforma Patria, en donde cobramos una miseria y de ahí deriva el instructivo de la Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto), pero eso no está ni en la ley de administración financiera del sector público, ni en la Constitución. Es un organismo que es violatorio de todo. Cuando se impuso se violó la contratación colectiva que el propio gobierno firmó con un sindicato.

―¿Cómo evalúa la gestión de la rectora y particularmente del decano actual de la Facultad de Humanidades y Educación, donde usted aspira a ganar?

―El responsable de la destrucción de la Universidad como institución es el gobierno. Insisto, no se le puede imputar a otro que no sea el gobierno. El tema es que también las autoridades tienen responsabilidad por el hecho de no haber realizado una gestión mucho más dinámica o de implicarse en la búsqueda de otras soluciones de la Universidad. Eso es lo que es imputable a la doctora Cecilia García-Arocha. También te confieso que no he entendido la administración de ella, porque por un lado ha tenido una gestión que valoramos como positiva en defensa de la autonomía universitaria, pero por otro lado su inacción interna es verdaderamente lamentable. Ha dejado de hacer cosas que hubiesen podido hacerse, como la actualización de los sistemas administrativos. Lo de la plataforma Patria, por ejemplo, pasó y nosotros no supimos cómo. La entrada de la Comisión Presidencial tampoco se anunció y nosotros tampoco no supimos cuáles fueron los arreglos que hubo, cuáles fueron las exigencias que hizo la Universidad con eso, ni cuál fue el acuerdo con Copred (Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV).

―Pero esa Comisión Presidencial al parecer contó con el auspicio de profesores universitarios, incluso de algunos ingenieros de la propia UCV

―Claro, pero ese no es el problema. El asunto es, hermano, que eso no se informó. Que no sabemos nada, ni cuánto se ejecutó ni cuándo van a terminar, ni tampoco lo que abarca. En ese tema no hay transparencia. Las autoridades debieron dar cuenta de ese proceso, decirnos a los profesores lo que ocurría.

―¿Esas decisiones solo pasan por el Consejo Universitario?

―Lo que pasa es que hay también una deriva autoritaria del Consejo Universitario. Dejamos de tener los consejos donde se discutían los problemas de los profesores, más allá de los intereses que tuviesen las autoridades y de sus arreglos. Eso lo ves cuando hay concursos que salen inmediatamente, mientras que otros tardan años. Desconocemos los criterios que se utilizan, que son criterios caprichosos y no gerenciales. Ahora el Consejo Universitario y el Consejo de Facultad asumen cualquier crítica como negativa. Eso es extremo porque la Universidad que yo recuerdo era democrática, con libertad de expresión y crítica. El Consejo Universitario tardó 10 años en cambiar el reglamento de las elecciones. Había profesores que no querían, pero es que al final eso terminó pasándonos factura, porque el período de las autoridades se venció hace tiempo.

―¿Qué planteaba ese cambio de reglamento? ¿El voto uno por uno? Es decir, que los profesores, estudiantes y personal tuvieran el mismo voto…

―No, este reglamento, que es provisorio, plantea un voto ponderado de cada sector. Una vez transcurridos 15 días después de las elecciones, ese reglamento queda anulado. Su propósito es que se puedan renovar las autoridades ahorita.

―Antes comentaba que esa resistencia al reglamento se tradujo en una dilatación de las funciones de las autoridades. Entiendo que este contexto llevó a un relevo forzado en las facultades entre los que podían ser decanos.

―Sí, pero hubo poca transparencia en ese proceso de relevo. Nadie sabe por qué el profesor Hugo Quintana fue decano interino, nadie sabe por qué el profesor Vidal Sáez es decano interino. Eso no se consultó con nadie, al menos a mí no me preguntaron y a muchos profesores tampoco. El que debió haber sido decano era el profesor Alberto Navas, titular, doctor, intelectual, que cumplía con todo.

―El profesor Hugo Quintana era el coordinador académico, es decir, el cargo que sigue después del decano, tal vez la designación de él se hizo por eso.

―Pero eso no está en la reglamentación. Se debió realizar una consulta, así fuese no vinculante. Esas designaciones a dedo no solo se hicieron en Humanidades, sino en otras cinco facultades. Y con eso las irregularidades continuaron, se nombraron directores a conveniencia, de manera inconsulta. Y debo decir que muchas de esas decisiones se tomaron antes, por los mismos decanos elegidos, en el caso de Humanidades, por Vincenzo Piero Lo Monaco.

―Pero la designación de los directores de escuela es atribución del decano y creo entender que a veces esas decisiones se toman así porque no todo el mundo quiere esa responsabilidad, eso pasó en la Escuela de Historia.

―Eso tampoco es tan cierto, y mí nunca me llamaron para preguntarme nada.

―¿Ni en la escuela de Historia?

―Ni en la Escuela de Historia. Nunca me llamaron para preguntarme sobre eso. Y así pasa en todas facultades, nunca llamaron a nadie para preguntarle. Ojo, no estoy diciendo que el profesor Vidal Sáez no tenga los merecimientos, estoy diciendo que si estamos en una Universidad que trata de exhibir la democracia como un valor, no me parece correcto no consultar nadie. Y para hacer nada, porque está bien que te nombren, pero si tienes un programa y llamas a los profesores y les explicas, la cosa hubiese sido diferente, pero eso tampoco se hizo. Y te digo que lamentablemente la mayoría de esos decanos son incapaces de presentarse ante la sociedad, de relacionarse públicamente. Hablan de la pandemia, de la situación, pero no se tomaron las medidas para atender otros problemas que no son nuevos, sino que vienen desde antes, de cuando todavía existía y servía el presupuesto, hablo de la actualización digital de la universidad.

―Como candidato a decano, ¿qué propone? ¿Qué podría marcar la diferencia entre la gestión actual que describe como pasiva versus la suya?

―El decano no es una figura de gobierno que se circunscribe solo a la facultad. El decano es miembro del Consejo Universitario, que es el que maneja la Universidad, el organismo democrático en el que participan los estudiantes, los egresados, una representación del gobierno y las autoridades rectorales. Como decano yo creo que se deben hacer tres cosas: primero una relación con el gobierno nacional, que hoy es inexistente. Hay críticas, hay comunicados, pero no hay una relación formal. Creo que el gobierno nacional debe reconocer a la institución universitaria como eso, como una institución legítima, para la cual tiene unas obligaciones en la Constitución y en las leyes. A partir de eso, abrir un diálogo que permita hacer programas de investigación, docencia y extensión.

Lo segundo sería buscar el presupuesto universitario, que se regularice. Para eso se pueden hacer muchas cosas: manifestaciones en las calles, pararse con una pancartica a las afueras del Ministerio no creo que sea la única que podamos hacer, pero sirve para presionar. También hay que volver al ejercicio de formulación presupuestaria porque el gobierno está obligado por ley a darlo.

―Ah, ¿eso dejó de hacerse?

―Estoy casi seguro de que sí porque ahora dependes de la plataforma Patria.

―¿Y la tercera cosa que considera que debe hacerse cuál es?

―La actualización de la Universidad. Hay que realizar una serie de auditorías, de espacios, de personal, de todo tipo, que permitan actualizar los servicios administrativos, docentes y de investigación. La Universidad debería saber cuántos profesores hay, cuántos dan clases por internet, cuántos dan clases presenciales, cuántos están en modalidad bimodal, cuáles y cuántos son los escalafones. Sin esa métrica no se puede hacer ningún plan. Un gobierno rectoral y con apoyo de los decanos tiene que procurar esas tres cosas.

―¿Y en la facultad?

―Lo mismo, un plan desde el rectorado incluye también a la facultad. El nuevo decano tiene que hacer una reforma de los programas de estudio, que están obsoletos. Hace 15 años la Escuela de Comunicación Social presentó un programa de reforma. Hace 15 años, imagínate, otro mundo. Desde 2008 para acá el mundo ha cambiado tres veces y todavía no termina de llegar la inteligencia artificial. Todas las escuelas deben hacerlo.

Se tiene que garantizar la calidad de la educación, esa es mi oferta como candidato. El pregrado es lo fundamental de una facultad, esa reforma debe pasar por ahí primero, para garantizarle educación de calidad a los jóvenes. Además, otra de mis ofertas al sector estudiantil es que se tienen que incluir las entradas tempranas al mercado de trabajo, porque este es un país con 97% de pobreza. Jamás será una educación de calidad si no le ofreces trabajo a los muchachos en sus áreas. Porque no tienen plata para pagar el autobús, para comerse una empanada. No hay comedor, transporte ni becas. Yo estudié con una beca que me rendía, me daban 400 bolívares, pero, claro, eso era cuando el mundo era en blanco y negro.

―Volviendo a las elecciones, en las del año pasado vimos que Humanidades fue la única en la que el chavismo logró ganar en algunas escuelas. ¿No teme que suceda lo mismo esta vez? ¿Cuáles son las garantías que hay? ¿Qué pasa si el gobierno no reconoce las elecciones?

―Honestamente, dudo mucho que eso llegue a ocurrir. El gobierno permitió las elecciones y va a asumir el resultado. No pierde nada con que gane la oposición en la UCV. De hecho, el gobierno nunca ha ganado en la UCV. La oposición siempre ha ido dividida en la universidad y el gobierno siempre llega detrás de la ambulancia. Si cuando tenían dinero, cuando estaban en la cresta de la ola, siempre llegaban detrás de la ambulancia, explícame ahorita cuando hay una sensación de ira porque están ganado cinco dólares, cómo van a ganar. Como ya te dije: en la UCV el chavismo siempre llega detrás de la ambulancia.

―¿Permitir las elecciones no podría ser una excusa para la intervención?

―No, no creo eso. Por eso digo que una de las cosas que debe establecerse es una relación con el gobierno. Si el equipo rectoral que gane llega otra vez diciendo “Maduro vete ya”, te aseguro que no le va a ir bien. Ni a ellos ni a nosotros, porque esa actitud no tiene sentido tampoco. El gobierno no se va a ir por eso.

Publicidad
Publicidad