Las autoridades decidieron dejarlos apresados hasta que presentaran fiadores. Finalmente este #2Ago están fuera de la cárcel. A pesar de que abogados señalan que no cometieron un delito, su libertad no es plena y el MP se mantendrá investigándolos por al menos seis meses
No cometieron algún delito, pero 10 días pasaron para que finalmente las autoridades decidieran liberarlos: la tarde de este miércoles 2 de agosto salieron de la cárcel las últimas tres personas por el caso de los 33 detenidos en el Avalón Man Club, un spa de Valencia, estado Carabobo.
La información la confirmó a El Estímulo un familiar, quien indicó que ya están en casa, y también fue compartida por el Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+ mediante Twitter.
Los últimos hombres que salieron bajo régimen de presentación son el dueño del spa Avalon Man Club, cuyo nombre es Guillermo Luis Cifuentes, y dos trabajadores, Alfredo Peña y Jorge Carrillo, quienes tuvieron que presentar fiadores para estar en «libertad».
Ahora el Ministerio Público investigará el caso durante seis meses para dar un veredicto final. Sin embargo, hay que decir que Tarek William Saab, fiscal chavista, indicó el pasado lunes 31 de julio que había posibilidad de hacer sobreseimiento.
Esto significa que «un juez podría suspender de forma definitiva o temporal un proceso penal basándose en un motivo de derecho o por insuficiencia de pruebas. Es una forma de terminación anormal de un procedimiento penal distinta a la emisión de sentencia».
El miércoles 26 de julio a los 33 hombres detenidos en Valencia les imputaron los siguientes delitos: agavillamiento, ultraje al pudor y contaminación sónica.
Sus abogados, y especialistas externos al caso, explicaron, de distintas formas, por qué estas personas no cometieron algún. Ese día liberaron solo a 30.
En el caso de los trabajadores del spa Avalón Man Club, un familiar contó que uno de los argumentos de la fiscalía para dejarlos apresados fue: «Los dos trabajadores se quedaban porque son masajistas, y como tocan hombres, entonces han de suponer que ellos tienen algún tipo de relación sexual con los clientes».
Desde que se conocieron las irregularidades del caso, activistas de la comunidad LGBTIQ+ y organizaciones defensoras de los DD.HH, nacionales e internacionales, se unieron para exigir su libertad y denunciar la homofobia de Estado y el trato mediático inadecuado sobre los hechos.
Este miércoles 2 de agosto su postura se formalizó mediante un documento en el que señalan que «estos hechos ocasionaron críticas, discriminación, estigma y señalamientos públicos que dañaron de manera irreversible la dignidad de estas personas y sus familiares».
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