En la Morgue de Bello Monte, en Caracas, ingresaron en los últimos días al menos tres cadáveres de víctimas de asesinatos: un hombre apuñaleado por su propia sobrina, un ex convicto ejecutado por la policía CICPC y un joven de 22 años acribillado y arrojado al río Guaire. Casos que serían sonados en otras latitudes y que en Venezuela no hacen escándalo ni por tres días.
Así como cerró el año 2020 con un porcentaje de 56,2 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, uno de los más altos entre las capitales del mundo, el goteo incesante de la muerte sigue su marcha en el primer mes del año 2021, con la espiral de la violencia sin detenerse pese a que el país está prácticamente paralizado.
A la morgue de Bello Monte ingresaron en los últimos días tres cuerpos sin vida dejados por esa violencia que se multiplica. En otro país este tipo de asesinatos escandalizarían a la sociedad, pero no en Venezuela, donde se han normalizado la alta tasa de criminalidad. Mientras, la corrupción y degradación de las instituciones del Estado son asuntos cotidianos.
Un hombre asesinado por su propia sobrina, un ex convicto que presuntamente se enfrentó a la policía de investigaciones Cicpc y cayó muerto, y un hombre joven acribillado a balazos y lanzado a las riberas del río Guaire, la enorme cloaca que atraviesa a Caracas, son solo una instantánea de esta violencia criminal, mal llamada por aquí «inseguridad».
Los tres casos representan ejemplos de las grandes clasificaciones de los asesinatos en este país hundido en una crisis perpetua: «homicidios (y feminicidios) cometidos por delincuentes; «resistencia a la autoridad» y «muertes por esclarecer», una de las categorías más oscuras.
En «la ciudad de la furia» se repiten cada día las muertes causadas por arma blanca, principalmente, cuchillos, debido a que un proyectil para una pistola 9mm puede llegar a costar entre 17 y 23 dólares en el mercado negro, y una cápsula para escopeta está entre $5 y $10, según varias referencias de criminales y policías.
El porte legal de armas de fuego para civiles está suspendido en Venezuela y cualquier paisano no vinculado con el crimen puede arriesgarse a pasar años preso si es atrapado con una, aunque sea para defender su casa.
Pero el uso de fusiles, pistolas, revólveres y escopetas es común entre las bandas de delincuentes que dominan las barriadas pobres de grandes ciudades como Caracas. También, en zonas rurales enteras, principalmente en estados agrícolas y ganaderos, de acuerdo a denuncias de gremios de productores, vecinos y fuentes policiales.
Al parecer ya se había terminado la reunión familiar en la madrugada de este domingo 31 de enero, cuando Erwin Luzardo regresó a tocar la puerta en la casa de su hermano. Abrió la puerta una sobrina, que lo atacó con un cuchillo causándole heridas que le provocaron la muerte, según las primeras versiones.
El ciudadano Erwin Luzardo de 47 años, siempre iba desde su casa en la localidad de Ruiz Pineda hasta la zona de Antímano, en el oeste de Caracas, donde reside su hermano con su familia. Allí compartían momentos reunidos como cualquier grupo familiar, hacían parrilladas e ingerían alcohol.
Luzardo, cuenta su esposa Ginette Herrera, era muy estricto y “cansón” con los consejos a sus hijos y sobrinos.
“No lo hacía por mal”, dijo Herrera.
La madrugada de este domingo, cuando todos se fueron a dormir, Luzardo se quedó por el lugar y después que cerraron la puerta de la casa él insistió en que le abrieran de nuevo. Quien salió fue su sobrina, Dorkelys Luzardo, de 25 años, y con un cuchillo en la mano, le habría provocado varias heridas, en las piernas, en el estómago, brazos y una en el cuello que le dejó mortalmente herido.
Ginette Herrera contó en la morgue de Caracas, mientras esperaba para retirar el cadáver, que su esposo y Dorkelys habían tenido roces anteriormente, por esa forma de ser de Erwin, de estar aconsejándola, como lo hacía con sus hijos.
“Digamos que era terco con eso. Esto se debe hacer así o de esta manera, compórtate, regañaba, y eso no le gustaba a esta muchacha y por eso habían tenido varios encontronazos”.
Aunque vivían en la misma casa, Herrera y Luzardo estaban separados. Sin embargo, Ginette se expresó de Erwin como una buena persona, de buenas costumbres, trabajador y dedicado a sus hijos. Siempre iba a casa de su hermano a beber.
“Siempre tenían esos encontronazos pero no era para que lo mataran así, su propia sobrina. Ella es rebelde, con 25 años ya tiene dos hijos”, dijo Herrera.
La compañera del infortunado no entiende como no lo socorrieron después de quedar herido.
“No sabemos qué pasó, no sé por qué no lo trasladaron a un hospital, se desangró. Tiene muchas heridas porque cuando lo atacó, él trató de agarrarla y ella lo puñaleó por todas partes. La familia quiere cambiar la versión porque se trata de la hija de su hermano, pero si ella lo hizo tiene que pagar. Yo hablé con su hermano y me dijo: «¡Ahora sí!, mi hermano muerto y mi hija presa”.
Herrera cuenta que la familia de su esposo le pidió que no denunciara, que se quedara tranquila, que ya “todo estaba cuadrado con la PTJ” (El CICPC, la policía de investigaciones).
Pero Herrera se negó y fue a la oficina principal del Cicpc en la avenida Urdaneta de Caracas y presentó la denuncia. “Eso no es así, ella tiene que pagar, no mataron a un perro”, afirmó.
Dorkelys fue detenida. Estaba bajo la custodia del propio Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Antímano.
Ginette Herrera cree que la familia va a intentar decir cualquier cosa con tal de que la victimaria no vaya a la cárcel.
“Seguramente dirán cosas que no son, hasta dirán que pudo haber intentado tocarla o violarla para justificar el ataque con el cuchillo, pero eso no es así, Erwin no era ningún violador o algo así”, aseveró Herrera.
Erwin Luzardo trabajaba como mensajero en la empresa aduanera Grupo Aresan. Su esposa contó que tenía mucho tiempo laborando ahí y lo querían. De hecho, relató que, hubo reducción de personal y lo despidieron, y luego de un tiempo lo volvieron a contratar. Tenía dos hijos, una joven de 20 años y un varón de 25 discapacitado.
Salió en libertad hace un año, reincidió, y lo mató el Cicpc
Gleyber Rodríguez de 24 años, cayó muerto este jueves luego de presuntamente enfrentarse a una comisión del Cicpc en el barrio La Línea de Petare. Daniel Hernández manifestó en la morgue caraqueña, que su hermano recibió un impacto de proyectil en el tórax.
Es otro asesinado a manos de los cuerpos de seguridad. Según estadísticas que lleva el Observatorio Venezolano de la Violencia, los cuerpos policiales en Venezuela causan cada mes más muertes violentas que los propios delincuentes.
“El jueves en la mañana mi hermano recibió una llamada de unos amigos y salió de la casa en las Minas de Baruta. No era habitual que fuera allí, pero si había ido otras veces a ese barrio. No sabemos que pasó, porque no aparecen los amigos, no hay más muertos, sólo él. No sabemos si hubo un enfrentamiento, sólo sé que le metieron un tiro en el pecho”, aseveró Daniel Hernández.
Mientras esperaba la entrega del cuerpo, la joven comenzó que su hermano había estado encarcelado por homicidio durante siete años.
“Estuvo preso en la cárcel de Tocuyito en Carabobo, luego lo trasladaron a San Juan de los Morros en Guárico, después a la cárcel 26 de Julio, también en Guárico, y por último estuvo en la penitenciaría «Hombre Nuevo El Libertador», también en Carabobo, desde donde salió en libertad hace un año”.
A pesar de conseguir la libertad, Gleyber habría reincidido según comentó su familia, y la policía científica lo buscaba nuevamente por el delito de robo. Luego de varios días sin saber de él, sus allegados acudieron al recinto forense donde les informaron que estaba el cuerpo sin vida y que presentaba una herida por arma de fuego.
En Venezuela es común que los partes policiales y versiones de los agentes justifiquen los asesinatos porque los sospechosos tenían antecedentes judiciales.
Durante 2020 se contabilizaron 4.231 muertes catalogadas por las autoridades como «resistencia a la autoridad». Fueron asesinatos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, «por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales», con una tasa de 16,2 víctimas por cada cien mil habitantes, reporta el Observatorio Venezolano dela Violencia.
«Este año, y por primera vez en la historia, las muertes ocasionadas por los cuerpos policiales y catalogadas como resistencia a la autoridad son superiores, en términos absolutos y en las tasas, a los asesinatos que cometieron los delincuentes», dice el informe anual de esta organización civil.
El pasado miércoles fue encontrado un cuerpo sin vida en las riberas del río Guaire en Caracas, a la altura de Plaza Venezuela. Sin embargo, fue hasta este domingo cuando sus familiares, dos hermanas, lo reconocieron en la morgue de Bello Monte. El occiso tenía por nombre Elvis José Sarmiento Lara de 22 años de edad.
Sarmiento Lara recibió tres impactos de proyectil en su cuerpo. La zona pudo haber sido el sitio de liberación del cadáver, pues estaba debajo de la defensa de la vía, no tenía zapatos ni sus pertenencias, sólo un pantalón hasta las rodillas y una franela negra. Sus hermanas no quisieron dar detalles, dijeron que no sabían nada sobre el hecho.
En 2020 hubo al menos 3.507 muertes de «intencionalidad indeterminada», registradas oficialmente como averiguaciones de muerte, y que consideramos son homicidios que permanecen sin aclarar y muchas veces sin investigar, y cuya tasa estimada es de 13,4 víctimas por cada cien mil habitantes, dice el Observatorio.
El Distrito Capital, Caracas, registró en 2020 una tasa de 56,2 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Este número lo ubica como el quinto estado más violento del país, de acuerdo con el Informe Anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
Ese índice se ubicó por encima de la tasa nacional de Venezuela, que fue de 45,6 personas fallecidas por causas violentas por cada 100 mil habitantes.
Esta promedio es el resultado de tres componentes: los homicidios, cuya tasa fue de 22,2 víctimas por cada 100 mil habitantes; «resistencia a la autoridad», con 15,1 víctimas por cada 100 m/h; y las «muertes por averiguación», cuya tasa fue de 15,6 víctimas por cada 100 mil habitantes.
