La minería ilegal también afecta el suministro eléctrico

La minería ilegal viene acompañada de deforestación y eliminación de la cobertura vegetal que acompaña el recorrido de los ríos. Esto se traduce en aumento de los sedimentos en el agua y de contaminantes como mercurio o cianuro, lo que compromete la calidad del agua para el consumo humano en general.

Sin embargo, uno de los efectos más silenciosos y que viene ocurriendo en nuestro país por años, es el deterioro de la capacidad de generación eléctrica, pues todos estos sedimentos terminan en nuestras represas.

Es un hecho público y notorio que esta actividad económica tiene cabida en nuestro país. Una muestra de ello ha sido la desaparición de un grupo de mineros en el pueblo de Tumeremo, que ha sumido en incertidumbre, rabia y miedo a esta localidad del estado Bolívar.

Dicha «masacre», denominada así incluso por la propia Fiscal General de la República, ha estado en la palestra pública durante toda una semana. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad no se han conmovido con esta noticia, con la muerte de más de 16 personas o con la ligereza con que se ha reconocido que existe minería ilegal en el sur del país y que esta es controlada por mafias que cada día cobran más vidas.

Más allá de ser un desastre humanitario de gran envergadura, esta es una muestra mediática de la institucionalidad que tienen estas minas “artesanales” en esta región. A pesar de que la presencia de campamentos garimpeiros en ríos como el Orinoco, el Caroní o el Carruao ha sido marcada y evidente, hasta el momento había sido obviada por el gobierno nacional.

Es justamente lo que el periodista español David Beriain retrata en su programa Amazonas Clandestino. Durante el episodio que se muestra a continuación, el comunicador se adentra al proyecto abandonado Las Cristinas, que hoy es trabajado por miles de mineros “artesanales” que someten al suelo a la presión del agua, el mercurio y la erosión por la tala indiscriminada.

Todos conocen lo que ocurre en ese lugar, que además es controlado por una banda armada llamada «El Sindicato», pero las fuerzas de seguridad del Estado no se encargan de regular estas actividades ilícitas.

Amazonas Clandestino 5/6 La mafia del oro (en… por sucreviral

Asimismo, el año pasado cuando la comunidad de Kanaimö protestó por la presencia de minería ilegal en el Parque Nacional de Canaima, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, negó que hubiera campamentos que extraen este metal precioso o que contaminaran estos ríos.

Este tipo de desarrollos artesanales de minería, además de ser ilegal y causar daños casi que irreversibles para los suelos precámbricos de esta zona del país, contamina las aguas y las hidroeléctricas del Guri y Tocoma. Por lo que este tema se inserta, además, en la crisis eléctrica nacional. Hoy en día, La Central Hidroeléctrica más importante del país, Represa Simón Bolívar trabaja a 21% de su volumen útil y cuya cota de agua amenaza con dejar al país en las penumbras.

La actividad minera implica contaminación de las aguas debido a la movilización de partículas sólidas, como resultado de erosión de la cobertura vegetal a los lados de los ríos, y a la adición de metales pesados en las aguas para producir la amalgama de oro.

Dependiendo de dónde se realiza la actividad minera, y a qué altura de las cuencas hidrográficas, estos sedimentos y partículas sólidas son arrastrados hasta las represas y van posándose en el fondo de los embalses, acumulándose en un proceso que se le denomina colmatación.

Así lo explicó para El Estímulo la doctora en ciencias biológicas María A. Oliveira, directora de investigación y desarrollo de Provita y colaboradora en el estudio Deforestación en la Amazonía (1970-2013) de la Red Amazónica de información socioambiental georreferenciada (Raisg).

“Al irse colmatando estos sedimentos, se disminuye la vida útil del embalse o de las represas, porque son una serie. Entonces, la capacidad de generar energía eléctrica disminuye muchísimo”, señala.

Oliveira explica que en estos momentos es un tema muy delicado porque en una “situación controlada, la entrada de sedimentos es mitigada por los filtros de las represas”, pero la minería ilegal ejerce estragos sobre las cuencas más importantes del país de manera indiscriminada.

“Si hay un aumento importante de sedimentos por actividades de deforestación por minería u otra actividad, va llegar un momento en que los filtros no van a ser capaces de retener todos esos residuos. Entonces, vas a terminar con esas sustancias coloidales en el agua, que llegarán hasta las turbinas y generarán un deterioro de ellas en un tiempo más corto”, señala.

En ese sentido, Oliveira trae a la atención que este es un efecto puntual que afecta a los centros poblados. Resalta que debe tomarse en cuenta “los daños a la flora y fauna de nuestro país, los efectos negativos que tiene sobre la salud de los venezolanos —pues esta actividad contamina las aguas que consumimos y aumenta la proliferación de enfermedades vectoriales como malaria, dengue, chikungunya y zika— y el incremento de la emisión de carbono a la atmósfera por eliminación de capa forestal”.

Estas son consecuencias sobre las que nadie ha puesto la lupa con detenimiento y que afecta tanto a los poblados mineros como a las grandes ciudades. En la actualidad, es un tema de interés nacional dada la crisis eléctrica en la que está sumido el país, la crisis humanitaria decretada en Gaceta Oficial 40.866 y por el reciente decreto para la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”.

Este último punto ha generado recelo entre ambientalistas y políticos, pues la minería industrial sin estándares puede ser igual o incluso más dañina que la “artesanal”, además… ¿Cómo pretenden entregar a las corporaciones estas tierras, si hoy están tomadas por los garimpeiros? La interrogante está por resolverse.