Maduro aplica el peor paquete económico que se podía imaginar

Sirvió también de excusa para monopolizar la importación de alimentos, medicamentos y otros bienes con sobreprecios, y embolsillarse la consecuente “tajada”. Validó, asimismo, la opacidad y la no rendición de cuentas de su manejo de la cosa pública –¡son asuntos de “seguridad de Estado”!–, amparando corruptelas multimillonarias. En la medida en que destruía la economía privada, expoliaba a la industria petrolera, dejándola exangüe con negociados hechos a la sombra.

Según cifras de fuentes independientes publicadas por la OPEP, la producción petrolera ha disminuido en casi un 70% desde que Maduro tomó el poder, 58% desde que puso al frente a un militar –Manuel Quevedo– sin experiencia previa en el negocio.

Como consecuencia de lo anterior, los ingresos del Estado colapsaron. Y como se le cerró el acceso al financiamiento internacional, el régimen ordenó al BCV emitir dinero sin respaldo para cubrir sus cuentas, disparando la hiperinflación que se comió los ingresos de la gente.

Tratándose de un gobierno que se autocalificaba de “revolucionario”, Maduro decretó sucesivos aumentos del salario mínimo y dádivas diversas, financiados igualmente por la “maquinita” del BCV. Alegando defender al “pueblo”, echaba más gasolina a la candela inflacionaria. El caso más notorio fue el incremento salarial decretado el pasado agosto, 2018, que multiplicó el salario mínimo por 33, que tuvo que acompañarse de un incremento en el dinero inorgánico suministrado por el BCV en más de 23 veces. Al cuadruplicarse de nuevo esta remuneración en enero, 2019, el BCV aumentó en más de cinco veces el dinero sin respaldo que inyecta a la economía.

No en balde, el incremento del 1° de mayo de este año resultó en un salario mínimo con un poder de compra de apenas el 1% del que tenía en 2013, si nos atenemos a las cifras de inflación suministradas para los años 2016-19 por la Asamblea Nacional. Y si nos atenemos al BCV, ente que al fin se dignó cumplir con su deber publicando cifras para ese lapso, el poder adquisitivo del salario mínimo habría caído “apenas” en dos tercios desde que Maduro ocupó la presidencia.

Pero ahora vemos como tan grave estropicio de los medios de vida del venezolano causado por estas políticas intervencionistas se corona con la más absoluta irresponsabilidad.

Venido en cuenta de que los controles de precio y del tipo de cambio, y los aumentos de salario por decreto empobrecían aceleradamente a los venezolanos, no se le ocurrió mejor cosa que dejar los precios a la libre. Pero tan tímida dosis de mercado, con empresas acosadas por todo tipo de regulaciones, sujetas constantemente a la extorsión y confiscación por parte de guardias nacionales, con una infraestructura pública y de servicios venida a menos, y ante una inseguridad jurídica, laboral y personal extendida, está lejos de ser la respuesta adecuada a la miseria “madurada” en los venezolanos. Menos aun con un sector financiero discapacitado por un encaje que constriñe su cartera de créditos y cuyos activos (en dólares) se han reducido en casi un 90% desde que Maduro llegó a la presidencia.

Si bien la hiperinflación parece estar cediendo –desde febrero no ha superado el 50% mensual–, seguimos siendo (por mucho) el campeón mundial en lo que a alza de precios se refiere. La inflación anualizada, aunque descendiendo, fue mayor al 440.000 % en junio, según cifras de la Asamblea Nacional. Pero, además, tan anémico avance sobre la inflación se ha obtenido a un costo terrible: la asfixia total de la demanda. Representa un ajuste contractivo que deja morir al paciente (de hambre) para “curar” la enfermedad de la inflación.

Durante todos estos años la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), junto a otros economistas, ha insistido hasta la saciedad en la imperiosa necesidad de un programa de estabilización que aplaque la inflación, estabilice el precio del dólar y libere las fuerzas productivas, desmantelando la panoplia de controles y regulaciones que sofocan la actividad económica. Crucial en este programa es la concertación de un generoso financiamiento internacional acompañado de la reestructuración de la deuda pública y la instrumentación de un conjunto de reformas para reactivar de inmediato la oferta.

Las reformas deben contemplar el saneamiento de las cuentas públicas, acabando con las corruptelas y el despilfarro y aumentando la eficiencia del gasto, incluyendo transferencias compensatorias a los sectores de menores recursos. Deben redundar en un ambiente de seguridad jurídica a la propiedad y del debido proceso, y facilitar la recuperación de los servicios públicos y de la infraestructura. Mientras subsista la brecha ente ingresos y gastos, ésta será cerrada con financiamiento internacional, no con la emisión monetaria (inflacionaria) a que recurre Maduro.

Actualmente, lo que queda del aparato productivo trabaja a menos del 30% de su capacidad. La puesta en funcionamiento de este programa, recogido en el Plan País presentado por las fuerzas democráticas, desataría, por tanto, una respuesta inmediata de la economía, proveyendo bienes y servicios al país y generando empleo productivo cada vez mejor remunerado. Y, por efecto “bola de nieve”, estimularía inversiones nacionales y extranjeras que potenciarían este efecto. Como dicen los gringos, “nothing succeeds like success”. Será un ajuste expansivo, generador de mayor bienestar.

Se contraponen claramente dos formas de enfrentar la terrible situación de la economía. La del usurpador: asfixiar la demanda matando de hambre a la población, y la de las fuerzas democráticas, creando condiciones para reanimar la oferta, respaldadas por un generoso financiamiento externo.

Lamentablemente para el país, controlar la oferta –los activos y fuente de ingresos que todavía existen—es vital para el usurpador y su mafia, pues es la fuente de sus inmensas fortunas. Es la base del régimen de expoliación del que se lucran. Pero como esta acción parasitaria va destruyendo las fuentes de ingreso, apelan a la “maquinita” del BCV para continuar lubricando el sistema. El dinero inorgánico inyectado por la subcuenta “crédito a las empresas (públicas) no financieras” se multiplicó por doce en los primeros seis meses del año. Para contrarrestar este combustible de precios, “redúzcase la capacidad de compra de la familia venezolana al mínimo, ¡pero ni de vainas se renuncia a lo nuestro!”

Tanta crueldad y malignidad puesta de manifiesto por Maduro y su mafia militar – civil tiene, en el informe sobre Venezuela que acaba de presentar la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michele Bachelet, una terrible confirmación. No les queda más, por ende, que refugiarse en la realidad alterna que han construido para sí, repitiendo ad nauseam sus estúpidas consignas. Acusan a la Alta Comisionada de agente del imperio y de mentirosa. Hasta inventan que “el pueblo” venezolano repudia su informe (¡¡!!) y convocan a una famélica marcha para caerse a embustes al respecto. Esta insania les libera de toda consideración ética, moral, legal o humanitaria para atender las penurias de la gente.

Que no quepa la menor duda de la imperiosa necesidad de sacar cuánto antes a estos monstruos del poder. No hay otro camino para ello que cerrar filas en torno al valiente y decidido esfuerzo liderado por Juán Guaidó y la Asamblea Nacional, para galvanizar a los venezolanos a favor del cambio y concertar el apoyo activo y decisivo de la comunidad democrática internacional a favor de este esfuerzo.

Mientras, Maduro, Cabello, Padrino y demás enfermos seguirán batiéndose el pecho en nombre del socialismo para continuar negándole el derecho más crucial a los venezolanos: el de la vida. Ya lo demostraron al impedir por la fuerza la entrada de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero.