Educación

Solo 2,60% del presupuesto nacional está destinado a la educación superior: hablan expertos

Gritemos con Brío, una ONG que trabaja en el monitoreo del sector educativo, cree que el problema de deserción educativa aumentará y la infraestructura seguirá deteriorándose. Aquí expertos puntualizan lo que hay que saber

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La organización Gritemos con Brío alerta que la disminución del presupuesto destinado a la educación en Venezuela limita la mejora de infraestructuras educativas y no permite los aumentos salariales de los profesores, algo que incide directamente en la calidad de la enseñanza.

Durante la Memoria y Cuenta de Nicolás Maduro, que se hizo a principios de enero de 2024, se hizo evidente que para el chavismo la educación no es prioritaria. Del 100% del presupuesto, solo asignó 10,25% al área educativa, que se debe repartir entre los niveles básicos, secundarios, medios y superiores.

José Bolaños, director de la unidad de investigación de esta organización, explicó que el Ministerio de Educación recibirá Bs 74.850.576.938, lo que corresponde a unos $2.101.363.755 USD. Ese monto constituye el 10,25% del presupuesto.

Sin embargo, el área de Educación Universitaria solo recibirá Bs 18.999.812.110, alrededor de $533.402.922,8 USD, lo que representa el 2,60% del presupuesto total. Una diferencia bastante considerable.

Bolaños indicó que este dinero lo recibe la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) y que solo tendrá acceso a Bs 4.526 millones, de los cuales Bs 3.500 millones se destinarán a la construcción, reparación y adecuación de 2.379 escuelas. No obstante, destaca que el monto en dólares es menor al asignado para 2023, cuando se contemplaban 1.395 escuelas.

«El llamado es a considerar la educación no solo como un derecho fundamental, sino también como una inversión a largo plazo en el capital humano del país. La calidad de la educación, desde la infraestructura escolar hasta la formación docente, debe ser un foco de atención crucial para asegurar que cada bolívar invertido se traduzca en oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo personal y profesional para los jóvenes», reportó el investigador.

Además agrega que esto también incluye el funcionamiento regular de los servicios básicos, algo que actualmente no se garantiza y se hace público a través de denuncias que recoge la prensa independiente del país.

Para entrar en contexto, en 2024 el presupuesto para el área de servicios básicos, como agua, transporte o electricidad, ocupa una fracción menor de dinero. Toda esta situación termina por influir en el aumento de la deserción estudiantil.

José Luis Teixeira, miembro de Gritemos con Brío, señala que si bien hubo un aumento considerable entre el presupuesto de 2023 y el de 2024, solo 20% va a servicios público. Destaca además que 77% del presupuesto va dirigido a las áreas de desarrollo social y participación, algo que considera podría referirse al cumplimiento de los objetivos del Partido Socialista Unido de Venezuela.

¿Qué opinan los estudiantes?

Isabella Noy, estudiante en la Universidad Simón Bolívar desde 2017, dijo a Gritemos con Brío que ya el presupuesto no permite resolver los problemas de la institución y es algo que se complejiza porque no es posible un cambio de autoridades, que están vinculadas con el chavismo.

«Esto se refleja en los dos comedores. Antes podías comer en los tres turnos comida de calidad, hoy eso ya no ocurre. Por ejemplo, había gente que en los períodos de crisis más duros preferían el comedor que la comida de sus casas. Yo fui una de esas porque era residenciada», cuenta.

Noy suma a todo la desaparición e inoperatividad de buena parte de las rutas de transporte, la desactualización de los laboratorios y el cierre de la biblioteca.

Desde su visión, el deterioro se hizo palpable a partir de 2015 y desde entonces la juventud ha tenido que tomar decisiones muy drásticas para su vida universitaria: «Son muchos gastos. Imagina no tener dinero suficiente y además venir del interior. Esto es un aliciente para la desmotivación académica».

Detalla que algunos Centros de Estudiantes han optado por regalar routers, laptops o celulares a los profesores para que puedan seguir dando clases.

En las regiones la situación es peor

En el caso de la Universidad de Carabobo (UC), el vicerrector administrativo, Jose Angel Ferreira, denunció que hubo una disminución del 29% del presupuesto. Advirtiendo que esto evidencia el incumplimiento de la Ley de Presupuestos.

El presupuesto de la UC equivale a $24.121.012. Ferreira manifestó que, más allá de la disminución del monto a recibir, lo más preocupante es que la Ley de Presupuesto no ha sido cumplida en los últimos años.

En la Universidad de Los Andes (ULA) ocurre algo similar: su proyecto presupuestario es de 4.300 millones de bolívares para el 2024. Pero solo les fue aprobado 763 millones de bolívares. El Consejo Universitario ulandino explicó que dicha cifra representa solo el 17% del presupuesto total.

De esta cantidad, 85% se diluye en el pago de nómina y el resto en funcionamiento del campus. Pero hay que acotar que en medio del deterioro mantener las operaciones se vuelve mucho más cuesta arriba porque la inversión es elevada.

José Bolaños indicó que el gobierno debe ir más allá de las cifras presupuestarias y considerar el impacto real de sus políticas en la vida de los jóvenes.

Esto implica un compromiso genuino con una educación de calidad, derechos laborales justos y el acceso equitativo a servicios esenciales.

El director de investigación de Gritemos con Brío asegura que solo a través de una estrategia integral, alineada con estándares internacionales, se garantizará que los jóvenes venezolanos no solo encuentren oportunidades laborales, sino que también adquieran las habilidades y el conocimiento necesarios para prosperar en un mundo globalizado.

«La inversión en la juventud no es solo una cuestión de responsabilidad social, sino una estrategia vital para asegurar un futuro próspero y sostenible para Venezuela», agrega.

Una consecuencia de la crisis universitaria es la aceptación de la intervención gubernamental para atender problemas de infraestructura mediante la misión «Universidad Bella». Las principales instituciones afectadas son la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Carabobo, algo que ha generado críticas por el obvio debilitamiento de la autonomía universitaria.

La ONG Fundaredes detectó que en los últimos 11 años el gobierno venezolano redujo en un 97,9 % el presupuesto de 72 universidades públicas.

En este sentido, Bolaños toma como ejemplo los derechos sociales económicos y ambientales (DESCA) para dejar una serie de preguntas al análisis público: «¿Cómo se proyectan estas asignaciones presupuestarias en el largo plazo? ¿Están alineadas con una visión sostenible de desarrollo que asegure la continuidad y mejora de los servicios y derechos a futuro?».

Por su parte, Teixeira recalca que no hay autoridades satisfechas, porque no se cumplen las expectativas y al no cumplirse se ahonda en una comunidad universitaria desvinculada de la vida académica: «La universidad se ha transformado en una máquina expendedora de títulos».

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