¿Créditos electorales? La estrategia de Maduro para conseguir votos

A pocos días del cierre de campaña electoral, el mandatario y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, vuelve a nombrar en medio de un mitin la palabra «crédito». En los últimos meses, el llamado a un mayor financiamiento por parte de la banca privada, así como el anuncio de una serie de créditos dirigidos a mujeres y emprendedores, por parte del Banco de Venezuela, forma parte importante de una campaña electoral en la que el chavismo ha gastado considerablemente menos recursos que en años anteriores.

Con la modalidad de los créditos, el Gobierno de Maduro ha logrado generar la percepción de estar repartiendo dinero entre la población, cuando realmente cada dólar otorgado por financiamiento es un préstamo que se paga a plazos fijos, con intereses y con un anclaje a la tasa de cambio del BCV.

En esta ocasión, Nicolás Maduro pone sobre la mesa la necesidad de que la banca privada otorgue al menos 500 mil créditos. No dejó claro cual sería el monto de estos créditos.

La semana que viene «me reúno con los banqueros privados porque les voy hacer el plancito», dijo Maduro. «Les voy a decir: ‘me entregan estos 500.000 financiamientos en el marco de un año», enfatizó este sábado desde un mitin desde el estado Bolívar.

Lo que Maduro plantea como un logro (aumento de los financiamientos), en el fondo revela una política de restricción al crédito bancario que se acentuó a partir de 2018 y qué ahora se busca revertir, aunque no con la velocidad necesaria.

No es la primera vez que se habla de créditos

La percepción de que los créditos están creciendo en un país en el que el financimiento por parte de la banca está restringuido no es nuevo. Desde el 2022 se ha querido imponer una idea por parte del chavismo que los créditos están creciendo y que se está reactivando el sistema crediticio nacional.

El primer anuncio formal sobre una reapertura del crédito bancario se dio en febrero de ese año en un evento en el que participó Nicolás Maduro, junto a la ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, y en el que estaban invitados representantes de la banca nacional: El encaje legal se reducía de 85% a 73%, mientras que se le permitía a la banca prestar el 10% de los depósitos en dólares.

En esta reunión, Delcy Rodríguez, aseguró que estaban siguiendo tres lineamientos respecto a la banca: democratizar el crédito, expandir la actividad crediticia y el crecimiento económico sostenible.

«Vamos a dar financiamiento a la población venezolana que hasta el día de hoy no había tenido acceso formal para financiarse», decía la funcionaria en medio de aplausos.

A dos años de este anuncio, la apertura de créditos para compra de autos nuevos y usados, así como el aumento de límites de tarjetas de crédito ha generado la percepción de que la experiencia crediticia en Venezuela resurge. Sin embargo esto no es del todo cierto.

Un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) enfatiza que la política monetaria contiene recursos del sistema financiero congelados en las arcas del BCV.

«Para diciembre de 2023, el saldo de requerimientos de encaje fue de Bs. 27.804 millones, equivalentes a USD 729 millones… la cifra de encaje legal es superior al saldo en cuenta corriente de la banca, por lo que no hay reservas excedentarias, sino déficits de encaje. Este escenario tan restrictivo ha obligado a la banca a registrar déficits de encajes recurrentes, lo que genera gastos adicionales por concepto de penalizaciones».

Si aumenta el crédito, pero no lo necesario

Es cierto que la cartera de créditos de la banca viene ascendiendo en los últimos dos años, motivado a que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ha permitido a la banca nacional hacer uso de hasta el 30% de las cuentas que están registrada como de libre convertibilidad.

En 2023, se estima que el crédito creció 90% respecto al 2022. Esta cifra que puede parecer impresionante no es suficiente para una economía en el que el crédito se contrajo tanto que llegó en un momento a prácticamente desaparecer.

Para entender lo que pasa con la banca y los créditos en la actualidad, es necesario retroceder unos 20 años atrás para ver cómo el gobierno ha venido manejando el tema del crédito a su disposición.

En busca de frenar la inflación, el gobierno chavista inició una política monetaria para restringir la circulación del dinero en el país a través de lo que se conoce como encaje legal. El encaje legal es el porcentaje de dinero en depósitos en los bancos que la ley exige que deben guardar y que no pueden prestar. Este dinero se guarda o «encaja» en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Para 2002, el encaje legal en el país se encontraba en el orden de 15%, un porcentaje alto para los países desarrollados, pero que iba con la media de los países de ingresos medios, según el Banco Mundial. Para 2012, el encaje legal subió a 20%, pero no fue hasta 2018 cuando la política del BCV se acentuó y se exigió un encaje de 31%, para después subirlo a 100% en apenas un año. En este momento los bancos dejaron de prestar dinero por completo.

Tras la política tan restrictiva, la banca se achicó y empezó a caer su actividad, a la par que la economía del país también lo hacía. Mientras en 2012 la cartera de créditos en Venezuela se encontraba en 32 mil millones de dólares, según cálculos de la consultora financiera Ecoanalítica, 10 años después (2022) la reducción de esta cartera fue de 98%.

De esta forma, el anuncio de aumento en la cartera de crédito está muy lejos de ser una señal de que se pueda llegar a los niveles previos a la crisis económica y a la imposición del encaje.

El informe del PNUD estima que en términos del Producto Interno Bruto, la cartera de créditos en Venezuela pesa alrededor de 1,5%, mientras que, en el pasado reciente, se aproximaba al 20%.

«Calculamos que los sectores productivos y los hogares requieren en torno a un 10% del PIB para financiar sus inversiones, capital de trabajo y gastos de consumo final; es decir que la economía no petrolera requiere de unos USD 8.000 millones. Esto, sin duda, estimularía el aparato productivo y rompería el principal problema que reportan las empresas del sector formal de la economía», señala el informe.

Más créditos, menos gasto público

CrediJoven, CrediMujer y CrediEmprende son los tres créditos pilares en los que el Gobierno de Maduro se ha apalancado en medio de la campaña presidencial para generar la percepción de estar otorgando dinero a sectores específicos de la población.

Históricamente, el chavismo ha impulsado las campañas electorales con grandes cantidades de gasto público al repartir subsidios entre la población. Sin embargo, en el contexto actual de post crisis económica, los créditos han surgido como una alternativa para el Gobierno para crear esa misma percepción pero con recursos que finalmente no son un regalo, sino un financiamiento.

Los beneficiarios de cualquiera de estos créditos no están recibiendo realmente un subsidio, sino que cada uno de los financiamientos tienen plazos fijos de pagos y están incluso atados a la tasa de cambio establecida por el Banco Central de Venezuela.

Esta forma de dar la idea de estar brindando algo a la población en medio de la campaña, sin realmente hacerlo, ayuda a Maduro a mantener el gasto público de la campaña a raya en unas de las elecciones presidenciales con menos inyección de dinero por parte del chavismo.

Tan solo en 2018, se estima que las elecciones presidenciales, en las que Hugo Chávez salió victorioso, el gasto público se disparó a 25 mil millones de dólares. Aunque en este periodo las cifras del gobierno no se han publicado, las estimaciones del gasto son mucho menores.