Defensores de derechos humanos presentan informe sobre la represión postelectoral

“Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela” es un documento nacido al calor de la nueva realidad impuesta en el país de manera aplastante: cuidado con lo que dices. Atendiendo al riesgo que hoy enfrentan las ONG en el contexto en el que se profundiza y acentúa la criminalización de toda crítica y del propio ejercicio de la libertad de información, un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país se agrupan bajo el paraguas de un nombre genérico para presentar este informe que documenta y denuncia lo ocurrido tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«El reporte incluye patrones de violaciones a derechos humanos ocurridos antes, durante y después de la jornada electoral del 28 de julio de 2024, con datos de más de 25 iniciativas asociativas del país», dice el resumen ejecutivo del trabajo elaborado por la coalición Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento: «El informe concluye que las actuaciones de las autoridades ratifican que en Venezuela se continúa cometiendo el crimen de persecución por motivos políticos, un delito de lesa humanidad incluido en el Estatuto de Roma; que la actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público, dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción, deben calificarse como ‘Terrorismo de Estado’; que la grave erosión de la institucionalidad democrática ha derogado, por la vía de los hechos, el 21.7% de los artículos de la Carta Magna, vinculados a derechos fundamentales, por lo que en el país se ha instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos».

Y no se trata, como sabemos, de que esto haya ocurrido sólo por la discusión sobre el resultado de esa elección. Los hechos que antecedieron el evento electoral permitían prefigurar algo de lo que venía: «antes del 28 de julio, durante los primeros meses del año, 25 personas fueron detenidas por informar, 58 sitios web y portales habían sido bloqueados para su libre acceso y se procesaron 98 denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión».

«Durante los primeros 7 meses del año por lo menos 169 personas habrían sido detenidas de manera arbitraria por razones políticas, siendo uno de los casos el de la defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel», se lee en el resumen de presentación: «49 personas habrían sido detenidas por suministrar bienes y servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia, mientras que 24 establecimientos habrían sufrido sanciones por este motivo. Como caso emblemático durante este lapso se encuentra la violación del derecho al asilo de las 6 personas refugiadas en la sede de la embajada de Argentina en Caracas».

Ya en el texto del informe, dice: «Según investigación de Justicia, Encuentro y Perdón desde la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela en abril de 2013, el país ha atravesado por 14 procesos electorales. A excepción de los años 2016 y 2019 en los que no se llevó a cabo ninguna jornada electoral, los venezolanos han sido convocados a participar en al menos una elección por año. Todos los comicios electorales han estado marcados por un recrudecimiento en los actos de persecución política llevados a cabo por el gobierno nacional a través de sus distintos órganos. Las conductas persecutorias no solo se han repetido en cada período electoral, sino que también han aumentado en intensidad, frecuencia y sofisticación. La situación previa y posterior a los comicios del año 2024 confirma esta apreciación».

El propio día de la votación arrojó este saldo, de acuerdo al informe: «En el 30,5% de los centros se negó la entrega de copias de las actas a los testigos. Ese día ocurrieron 20 situaciones lesivas al derecho de libertad de expresión e información, mientras que por lo menos ocurrieron 86 actuaciones de grupos de personas armadas afectas al oficialismo, en 17 estados diferentes, con un saldo de 8 personas heridas de bala y 1 asesinada. Estos ataques no sólo sugieren coordinación nacional, sino tolerancia por parte de las autoridades».

Y lo que vino a partir del día siguiente, una vez que se empezaron a dar manifestaciones a favor del reconocimiento del triunfo del candidato Edmundo González: «Para neutralizar a corto plazo las protestas las autoridades ordenaron una represión masiva y feroz, en la que entre 24 a 26 personas habrían perdido la vida en el contexto de manifestaciones. Además, se determinó una cuota de personas a detener, de más de dos mil ciudadanos, para generar un efecto inhibitorio, generando condiciones para la extorsión masiva por parte de los funcionarios. Estos mecanismos “duros” fueron, luego del 31 de agosto, complementados con mecanismos “blandos”, que incluyeron la aprobación de una ley contra las ONG, la anulación masiva de pasaportes, despidos por razones políticas, estímulo de la delación comunitaria a través de una aplicación tecnológica, revisión de teléfonos celulares en alcabalas y la divulgación de mensajes atemorizantes por parte de voceros gubernamentales».

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, citado en el informe, tomó nota de 1.311 protestas ocurridas en el país solo durante el mes de julio: 70% -es decir, 915- ocurrieron durante los días 29 y 30 de julio.

Todavía hoy hay cierto margen de confusión en torno a la cantidad de ciudadanos procesados en el marco de la represión postelectoral, pero para el momento de la publicación del informe -2 de septiembre- y de su elaboración, esta era la información conocida: «Hasta el 29 de agosto había 1.590 detenidos confirmados por las ONG, 86.1% hombres y 13.9% mujeres. En los patrones vinculados a las detenciones hubo desapariciones forzadas de corta duración, negativa a poder ser representados por sus abogados de confianza, aplicación masiva de la legislación contra el terrorismo, realización de audiencias virtuales en juicios sumarios, privación de libertad a adolescentes y personas con discapacidad. Además, después del 28 de julio se registraron por lo menos 184 actuaciones de civiles armados, conocidos como “Colectivos”.

El documento, como es norma en estos asuntos, propone algunas recomendaciones especialmente dirigidas a la comunidad internacional, a los gobiernos del mundo y a otras organizaciones defensoras de derechos humanos: «Mantener los esfuerzos de mediación y presión diplomática sobre las autoridades venezolanas; incrementar las medidas de reconocimiento individual a los responsables de violaciones a los derechos humanos; tomar medidas para reconocer a los venezolanos que saldrán del país como beneficiarios de refugio según la Declaración de Cartagena; que los Estados parte del Estatuto de Roma incidan en la Corte Penal Internacional para que las situaciones denunciadas se incluyan dentro del expediente de la investigación, así como iniciar procesos de justicia universal en sus jurisdicciones; que se mantenga el no reconocimiento de los resultados anunciados por el CNE hasta que no exista una divulgación de-tallada, verificada por una revisión forense electoral realizada por técnicos electorales independientes», entre otros.

El informe “Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela” está disponible para descargar aquí.