Panamá dio luz verde el martes a un anteproyecto de ley contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo que forma parte de sus esfuerzos para salir de una lista de países con normas frágiles en esa materia.
El Consejo de Gabinete del gobierno del presidente Juan Carlos Varela aprobó la iniciativa, que debe ir a discusión en la Asamblea Nacional. Dicho anteproyecto se ha preparado desde octubre entre los sectores público y privado, y es uno de los compromisos clave asumidos por el país para buscar su salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Esa inclusión ha llevado a instituciones financieras estadounidenses a ser más meticulosas en sus relaciones de negocios con los bancos panameños, según el gobierno.
Los expertos afirman que la situación afecta la imagen de uno de los centros financieros más dinámicos de América Latina.
El anteproyecto, del que aún no se han difundido detalles, refuerza los sistemas de control y supervisión ya establecidos en la banca, la actividad bursátil y los servicios financieros en general, dijo la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela.
La iniciativa obliga a sectores no financieros a hacer reportes de transacciones sospechosas, una cuestión que han venido haciendo principalmente los bancos. En ese grupo de actividades no financieras figuran las empresas de transporte de valores, juegos de azar, zonas francas, empresas dedicadas a la compra de automóviles nuevos y usados, empresas de bienes raíces y la lotería nacional.
Panamá ya aprobó otras normas para erradicar actividades ilícitas en su economía de servicios, como una que obliga a la identificación del beneficiario final al conformarse las sociedades anónimas.
La iniciativa también pretende erradicar la financiación de armas de destrucción masiva. El gobierno dijo que hoy dará mayores detalles.
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