Los defensores del medioambiente ven estas iniciativas con cautela, ya que temen la aparición de "créditos fantasmas", sin impacto real o cuyo dinero no beneficiaría a las comunidades indígenas
Para encontrar los miles de millones necesarios para la protección de la naturaleza, una idea controvertida, los créditos de biodiversidad, se abre camino y protagonizará la COP16 de Cali a finales de octubre.
Sus defensores quieren disipar los temores de que es una maniobra de «ecoblanqueo» y promover el debate sobre los estándares necesarios para desarrollar un mercado incipiente y polémico.
El término «créditos de biodiversidad» es una derivación de los créditos de carbono que monetizan la tonelada de CO2 absorbida o no emitida, y abarca una variedad de herramientas financieras para la protección de la naturaleza.
Estos créditos buscan poner un precio a la «compensación» directa por la destrucción de ecosistemas causada, por ejemplo, por un proyecto minero o una autopista.
Bajo la denominación «certificados de biodiversidad» también pueden reconocer el valor de las «contribuciones» voluntarias de empresas, Estados u organizaciones filantrópicas, como la restauración de una zona húmeda o el apoyo a un productor de caucho en la gestión sostenible de su bosque.
Sin embargo, no existe ninguna norma global ni mercado internacional regulado, aparte de algunas certificaciones privadas y mecanismos nacionales.
Además, la tarea es aún más complicada que en el mercado de créditos de carbono, que ya ha estado marcado por escándalos.
El acuerdo de Kunming-Montreal, alcanzado en la conferencia anterior de Naciones Unidas sobre biodiversidad, la COP15, les dio un nuevo impulso. El acuerdo estableció una serie de objetivos para 2030 con el fin de detener la destrucción de la naturaleza.
Uno de los objetivos es restaurar «el 30% de los ecosistemas terrestres y acuáticos degradados» del planeta y otro consiste en aumentar a 200.000 millones de dólares anuales el gasto mundial en biodiversidad, con 30.000 millones provenientes de ayudas de los países ricos.
Para lograrlo, el texto anima a los Estados a «promover el pago por servicios ecosistémicos, los bonos verdes, los créditos y compensaciones de biodiversidad», temas que estarán sobre la mesa en la COP16, donde se esperan 12.000 participantes a partir del 21 de octubre.
El Comité Internacional Asesor sobre Créditos de Biodiversidad (IAPB), liderado por Francia y el Reino Unido, presentará en Cali una «hoja de ruta global», no para crear un mercado internacional, tal vez inalcanzable, sino experimentos nacionales en países pioneros como Colombia y Australia, con normas exigentes comparables.
La Alianza para los Créditos de Biodiversidad (BCA), respaldada por la ONU, y el Foro Económico Mundial (WEF) también prevén hacer anuncios.
La competencia es mundial: en septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo un llamado para crear un mercado de «créditos naturales» que «recompense a aquellos que cuidan los ecosistemas», como los agricultores comprometidos con una gestión sostenible.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lleva un año promoviendo la creación de un Fondo Internacional de Preservación de Bosques Tropicales (TFFF), que pagaría a 80 Estados por cada hectárea de bosque preservada o restaurada.
Sin embargo, los defensores del medioambiente ven estas iniciativas con cautela, ya que temen la aparición de «créditos fantasmas», sin impacto real o cuyo dinero no beneficiaría a las comunidades indígenas.
Nacida en los años 1970 en Estados Unidos, la idea de «vender la naturaleza para salvarla», según la expresión popularizada por la investigadora estadounidense Kathleen McAfee, se ha extendido a más de un centenar de países, ya sea como una obligación legal o como prueba de acciones financiadas por empresas que buscan incluirlo en su balance de responsabilidad social o en sus productos.
Respecto a los créditos de carbono, las negociaciones de la ONU sobre el clima para establecer reglas internacionales están mucho más avanzadas, aunque aún no se han concretado, tras un fracaso en la COP28 de Dubái a finales de 2023.
El reto de los créditos carbono es más sencillo, ya que se basan en la tonelada de CO2 no emitida o absorbida, mientras que «para la biodiversidad, no tenemos realmente una referencia», explica Alain Karsenty, economista del organismo francés Cirad (Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo).
«Un crédito que permita compensar la destrucción de un bosque en Francia con un bosque en Gabón no tendría sentido», ya que cada uno tiene especies endémicas diferentes, mientras que el CO2 es el mismo en todo el mundo, señala el investigador.
¿Cómo cuantificar la efectividad de un proyecto para la naturaleza, cómo supervisar su desempeño a largo plazo, cómo distribuir el dinero o evitar efectos adversos? Son preguntas no resueltas que impiden que el mercado despegue, a pesar de la creciente demanda de las empresas, que se espera participen en masa en la COP16.
