Un juez estadounidense aprobó el viernes seguir adelante con la venta de las valiosas refinerías Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos. El fallo permite que la minera canadiense Crystallex cobre los $1.400 millones que reclama al régimen chavista por la expropiación compulsiva de una mina de oro en el estado Bolívar, decidida por el difunto Hugo Chávez.
El fallo asesta un golpe a la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó. El jefe del parlamento es reconocido por el gobierno de Estados Unidos y por los de otros 56 países como presidente de Venezuela hasta tanto haya elecciones libres.
Guiaidó -que no tiene poder real dentro de Venezuela para administrar ningún interés del Estado- contaba con las ganancias de la compañía con sede en Houston.
En el llamado «Plan País» se estimaba contar con esos activos para financiar la recuperación de Venezuela, devastada por la crisis. Esto en caso de que alguna vez los opositores fueran capaces de forzar a Nicolás Maduro y la cúpula chavista a dejar el poder.
La orden del Juez Jefe Leonard P. Stark de la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Delaware sigue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El lunes pasado el tribunal confirmó un fallo anterior de Stark autorizando la liquidación de Citgo para pagar las demandas contra la República de Venezuela.
Antes de seguir adelante con la venta de Citgo, la empresa minera canadiense en bancarrota Crystallex debe obtener primero una licencia de los funcionarios del Tesoro de EE.UU. Es que el gobierno de Trump había protegido temporalmente a la oposición de Venezuela, vetando la liquidación de Citgo.
Crystallex y los abogados de Venezuela también tienen que acordar cómo venderán Citgo, según la última decisión de Stark.
Chávez expropió, o más bien confiscó la concesión de la empresa minera de oro en Venezuela. También tomó las operaciones locales de otras compañías internacionales como parte de la llamada «revolución bolivariana». Las expropiaciones y confiscaciones masivas dejaron a Venezuela en una espiral de profundos disturbios económicos y políticos.
Crystallex, que eventualmente entró en quiebra, demandó al gobierno venezolano para recuperar su inversión perdida en Venezuela.
Estado soy yo
El caso es único, porque el tribunal permitió a Crystallex embargar los activos propiedad de la empresa matriz de Citgo, la estatal PDVSA. El tribunal encontró que el gobierno de Venezuela había borrado las líneas de separación con la empresa petrolera del Estado.
PDVSA ha sido propietaria de Citgo desde los años 80. Tiene tres refinerías en Louisiana, Texas e Illinois, además de una red de oleoductos que cruzan 23 estados. Abastece entre el 5% y el 10% de la gasolina de los Estados Unidos.
Después de que el gobierno de Trump reconociera a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela, los tribunales de Estados Unidos dieron su aprobación a una junta nombrada por la oposición para tomar el control de Citgo. La empresa está valorada en unos $8.000 millones.
Pero, más de un año después, Maduro sigue en el poder, con un firme apoyo militar en su país y la respaldo de aliados internacionales clave como Rusia, China e Irán.
