La perpetua crisis económica venezolana es un llamado: “caso de estudio” en muchas facultades de ciencias sociales a nivel global. Nuestro país es un sumario prácticamente inédito. Una nación medianamente “desarrollada”, inmensamente rica en recursos naturales, que, tras un vertiginoso auge rentístico petrolero, se arruina por completo.

En ocho años la economía ha perdido alrededor de un 80 % de su PIB, y ya se ubica como el tercer peor colapso macroeconómico en la historia del capitalismo. La gran depresión estadounidense, de 1929, derribó el 29 % de su PIB. La sanguinolenta Guerra Civil española trajo una contracción del 34 % en el mismo indicador (Geoghegan, 2012).

La impresión visual de semejante pérdida en Venezuela podría imaginarse en una persona que en 2013 pesaba 100 kilos, pero que en 2022 apenas pesa 20 kilos. Si en 2021 la economía creció un 5 %, un poco más de lo que sugiere Nicolás Maduro, la persona que 2013 pesaba 100 kilos, en 2021 alcanzaría apenas 21 kilos. Si nos centramos en el asunto salarial la situación es notablemente más trágica.

Salarios de miseria

En 2001 el salario mínimo en Venezuela era de $401,75 dólares mensuales, con servicios muy económicos y altamente subsidiados, tenemos que pensar que la clase obrera venezolana desplegaba el mayor poder adquisitivo general de América Latina.

Pero en la actualidad (2022) tiene a una sociedad cuyo Ingreso Mínimo Legal (IML) ronda los $29 mensuales. Si bien el sector privado paga a los obreros de menor cualificación alrededor de $100 mensuales, esto representa apenas algo cercano al 25% del costo de la canasta alimentaria familiar.

En tan fatídica circunstancia el gobierno ha venido, año a año, prometiendo una muy ansiada “recuperación económica”.

Esa expectativa ha hecho que algunos partidarios del gobierno salgan sonrientes diciendo que: “la senda económica de la redención, es un hecho”. En la onda de tan valiente afirmación, el banco de inversión suizo Credit Suisse, pronosticó para Venezuela un optimista crecimiento del PIB de 5,5 % para el 2021 y nada menos que de 20% para 2022.

Luego de 29 trimestres de decrecimiento, la reversión de la tendencia es una novedad muy importante. Para agosto de 2022 aún no se sabe el PIB oficial de los últimos años. El último dato publicado alcanza al primer trimestre de 2019.

Organismos como el FMI han estimado que en 2021 hubo un ligero decrecimiento: -1,5 %, pero que en 2022 habrá un crecimiento de 1,5 %.

Una labor titánica que ni siquiera ha comenzado

El inicio de un proceso de “recuperación”, incluso con todas estas limitantes, no garantiza un incremento significativo en el bienestar. El posible crecimiento económico actual está ligado a actividades de muy escasa potencialidad integradora, es decir, con una microscópica capacidad de arrastre, y con una híper sectorización elitista. De tal forma que aun en escenarios de crecimiento moderado y sostenido, de seguir en pie las trabas y las condicionantes con las cuales el gobierno (y las sanciones) asfixian a la economía (Sutherland, 2020), la reconstrucción del salario, con básicos niveles de bienestar, puede estar muy lejos en el horizonte.

Desde un punto tan bajo de la economía, con semejante devastación productiva, ligeros incrementos no producirían importantes cambios sociales, y el devenir nacional tendería a lucir como un largo e inicuo estancamiento plagado de muy elevada conflictividad política y social.

Haciendo algunas estimaciones propias tenemos los siguientes dos cuadros que tratan de mostrar, de manera aritmética, desde donde partimos en términos del PIB en 2013, y el tiempo que nos tardaría llegar a donde antes estábamos partiendo desde 2022. El primer cuadro no es más el PIB en términos reales, con base a los precios del año 1997, para ilustrar su variación real en el tiempo.

En términos llanos, para llegar a la magnitud económica de 2013, la economía debería más que cuadruplicarse, una tarea formidable, diríase, tremendamente lejana a tasas de crecimiento incluso altas.

Entre 1997 y 2013 hubo, a partir de 2004 y casi por nueve años, un largo boom de los precios del petróleo que llegaron a decuplicarse, aunado a un ritmo de extracción cuatro veces más alto que el actual. En ese entonces el PIB creció en apenas 48 % (de 1997 a 2013).

Es decir, teniendo un histórico estallido en los precios de los hidrocarburos, previsiblemente irrepetible, la economía creció a un ritmo bastante bajo en relación a la cantidad exorbitante de renta petrolera obtenida.

De hecho, para llegar a la economía de 2013, se requiere un crecimiento bruto, acumulado, de 467%.

Por ende, insistimos, tasas de crecimiento interanual por el orden del 5 %,que se intitulan como maravillosas (según algunos), son abiertamente insuficientes para las extremas necesidades de recuperación económica y social de la población.

Entonces, Venezuela requeriría de:

• Alrededor de 23 años de constante crecimiento económico interanual de 5% para llegar al PIB del año 1997.
• Alrededor de 32 años de constante crecimiento económico interanual de 5% para llegar al PIB del año 2013.
• Alrededor de 40 años de constante crecimiento económico interanual de 4 % para llegar al PIB del año 2013.
• Ese 4% es la posible tasa crecimiento económico de 2021, que Maduro considera como “maravillosa”.

Es decir, con una elevada tasa de crecimiento de 5% interanual, la envidia de muchos países en el orbe, Venezuela llegaría en el año 2054 a tener una economía del tamaño de la que tuvo en 2013, con suerte.

La racionalidad necesaria frente a las expectativas

Se podría argumentar que estamos siendo un poco pesimistas. O alguien podría decir que otras crisis económicas severas atravesaron largos túneles pero vieron la luz en tiempos mucho más breves. Es cierto. Fuertes crisis tuvieron posteriormente etapas donde hubo una explosión del crecimiento, lo que achicó el período de recuperación de manera drástica.

El asunto central radica en que el gobierno bolivariano pareces tener demasiadas, y muy fuertes, trabas o limitaciones para concretar ese «gran salto hacia adelante” que necesita el país para pavimentar el camino hacia a una hercúlea recuperación que dejaría francamente en poco a los 12 trabajos acometidos por Heracles, en sus míticas aventuras.

De manera sucinta, podríamos concentrar en siete (7) las severas restricciones al crecimiento, las dificultades que más saltan a la vista. Obviamente hay otros graves problemas que siempre se escaparán a la mirada de quienes investigamos el tema. Ello no implica que esas dificultades no sean importantes. Veamos.

Primer obstáculo

El probable freno a la tendencia decreciente en la economía tiene características fundamentalmente exógenas, esencialmente asociadas con el vertiginoso auge en el precio del petróleo, que ha duplicado y casi triplicado su cotización en relación a los meses más álgidos de la pandemia. Por ende, el “respiro” económico no ha sido, centralmente, producto de cambios estructurales en una política económica que ha devastado al país; aunque la flexibilización de la cuarentena y el auge en las facilidades para la circulación de medios de pagos alternativos (dólares) han mejorado bastante las posibilidades de comercializar infinidad de mercancías.

Las limitadas políticas de apertura y flexibilización orientadas a convertir a Venezuela en un lugar atractivo para la inversión nacional y extranjera, están a años luz de tan siquiera ser medianamente suficientes para impulsar a la producción y a la productividad del trabajo.

Aun cuando hay avances en la “normalización” económica, todavía persiste casi intacto el complejo entramado jurídico con fuertes castigos para acciones comerciales tan cotidianas como “ajustar el precio de una mercancía” ante la subida del tipo de cambio.

Aún persisten leyes y normativas, que, por ser tan engorrosas, favorecen la acción de formas extorsivas por parte de diversos entes oficiales.

Se trata de complicadas “guías de movilización, permisos y formatos de variación de inventario y fijación de precios”, que son generalmente imposibles de conseguir, y dejan espacio abierto a una serie de extorsiones sucesivas a manos de funcionarios de la más diversa índole.

Las popularmente llamadas “vacunas oficiales” tienden a encarecer, retrasar y sabotear la producción y distribución de mercancías, sobre todo de alimentos; tan ruin practica termina siendo pagada por los consumidores finales, mermando aún más su pequeño poder adquisitivo. Ello además desprende un halo tremendo de inseguridad, de riesgo, lo cual impele a colocar márgenes de beneficios más elevados o a preferir no hacer la inversión.

Las políticas de flexibilización consistentes en la discrecional “no aplicación” de la normativa, no es ni de lejos el marco regulatorio necesario para la vertiginosa recuperación que amerita el país. Peor aún es que todavía ronda el fantasma de las miles de empresas, fincas y terrenos “expropiados”, que terminaron en una plena destrucción de un capital otrora productivo.

Segunda traba

Decía el viejo Marx que el crédito es la palanca más fantástica que tiene el capital para acumularse. Tan importante pértiga para el crecimiento brilla por su ausencia en Venezuela (Quintana, 2021).

La hiperinflación, la tercera más larga en la historia del capitalismo, ha destruido a toda clase de apalancamiento dinerario desde hace varios años. Por ende, no hay herramientas convencionales de financiamiento en la economía. Bancos privados y públicos llevan años sin hacer préstamos, lo cual limita al extremo a la inversión y obliga a los empresarios a tener que arriesgar su patrimonio para invertir, lo cual pocos están dispuestos a hacer, lo que deriva en márgenes de beneficios elevados, por la urgencia de recuperar capital en plazos más breves.

Si bien ha habido una llamativa expansión bursátil, el torrente de normativas farragosas frenan bastante su florecimiento y la dejan a años luz de sus mejores épocas. La bolsa de valores de Caracas se creó en 1947 y tuyo su mayor auge a finales de los años 90, cuando se intercambiaban alrededor de unos cinco millones de dólares al día y unos 4,000 millones de dólares al año (García Marco, 2020).

Estuvo, sin embargo, casi inactiva desde que Hugo Chávez impuso coercitivos controles de cambio en 2003. Pese al llamado “renacer bursátil”, el mercado aún es minúsculo, ya que a inicios del año 2021 se movían apenas 50 mil dólares diarios, lo cual arrojaría un magro techo de 12 millones de dólares anuales (García Marco, 2020).

El gobierno limita en extremo, con mil reglamentos y lacerantes normas, a la actividad bancaria. Aún hoy persiste un exagerado encaje legal primario de 73 %, se impiden los créditos en divisas, se prohíben tarjetas de crédito en divisas y se ahoga con un sinfín de trabas cualquier intento empresarial de incrementar la oferta real de dinero.

Hoy día el país sufre una violenta escasez de medios de pagos (Rengifo, 2021). La liquidez monetaria en bolívares, equivale a alrededor de 860 millones de dólares, 97 % menos que en 2011 (Banco Central de Venezuela). Ello trunca el comercio y las actividades productivas en general, corta las capacidades de adquisición de mercancías y violenta los derechos humanos económicos y sociales de millones de personas que no tienen acceso a divisas para adquirir sus bienes de consumo. En este gráfico se muestra la asombrosa caída:

.El descenso en cuanto a la cantidad de bolívares en efectivo equivalentes en divisas es de 98 %. Es decir, no hay cash. El gobierno ni siquiera imprime la moneda que dice defender de la “guerra económica”.

En el gráfico se quiso colocar la fecha de las primeras sanciones financieras que recibió el país. Ahí se observa que casi todo el desplome es muy previo a las sanciones.

Gráfico 3:

Tercer obstáculo para la economía

I

La demanda solvente de la economía es famélica. Según la ENCOVI, el 94 % de los hogares están por debajo de la línea de la pobreza (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, 2021). Es decir, apenas un 6 % de los hogares, quizás, tenga ingresos mayores a $285 mensuales. Así las cosas, la desigualdad ha trepado a niveles propios de una horripilante distopía.

El “modelo” de nuevos negocios se ha basado en bodegones y tiendas de lujo en donde la enorme mayoría de productos son importados, y tienen precios excesivamente elevados, lo cual excluye de su consumo a casi toda la clase obrera.

Quienes viven de las remesas recibidas por parientes que trabajan en el extranjero ven como su dinero compra mucho menos que en los países desde donde le envían el peculio, disminuyendo a diario su débil poder adquisitivo, por la política de sobrevaluación del tipo de cambio. Ello ha dado la impresión de “mejora”, sin embargo, para la economía en su conjunto no tiene ningún impacto significativo.

La «bodegonización», por el auge de los bodegones, (Diario La Nación, 2021) no tiene la potencia para cimentar el crecimiento económico, ello no es más que una forma de gastar divisas en bienes importados, que hace pocos años se hacían en nuestro país.

Gráfico 4: La caída del ingreso mínimo legal

Cuarta parada: sin inversión extranjera

El gobierno bolivariano ha hecho constantes llamados a la inversión extranjera. De varias formas ha dicho que esos capitales son esenciales para plantearse un proceso real de recuperación económica. El asunto es que el chavismo es, sin dudas, el personal político menos adecuado para esa labor, ya que tiene casi 20 años denostando al empresariado y culpándolo de inducir inflación con motivaciones políticas “golpistas” (Curcio, Pasqualina, 2018).

Tan feroz enemistad se ha mostrado en miles de declaraciones públicas, centenares de reglamentos limitantes a la actividad económica y en cientos de expropiaciones que terminaron en fiascos profundos. Ni hablar de que el personal dirigente carece de la formación técnica para emprender tan delicada labor, y está muy distanciado de buena parte de la “comunidad internacional” que se niega a tan siquiera a reconocerles como autoridades legítimas.

La crisis económica venezolana tiene un trasfondo político grande. Una crisis de legitimidad y organicidad institucional colosal. No sólo es que el 85 % de las personas rechacen a un proceso que lleva 20 años de desgaste (Diario Tal Cual, 2019). Los afanosos aliados: Rusia y sobre todo China, han cortado la línea de créditos y se han salido de infinidad de proyectos binacionales (Sutherland, 2019). China pudiera prestar un dinero suficiente para empezar a reflotar a la economía, obteniendo intereses muy superiores a los emanados de las letras del Tesoro de EE.UU. que compra con religiosidad y asiduidad.

Sin embargo, el gigante asiático lleva años sin hacer empréstitos de ningún tipo. La escasa estabilidad política del gobierno, y su ambición de monopolizar la totalidad de espacios públicos de poder, es un serio factor muy desfavorable para el crecimiento económico.

Quinto malo: escasez de información

V

Es bastante difícil hablar de “recuperación económica”, si no hay data actualizada disponible en docenas de indicadores que se censuraron desde hace muchos años. El PIB no se actualiza desde el primer trimestre de 2019 (Banco Central de Venezuela, s.f.). Muchas otras estadísticas han desaparecido y son un completo misterio; el gobierno las tiene, pero no las publica. Algunos otros indicadores ni siquiera se levantan. La profunda censura y opacidad administrativa hace que el país sea mucho menos confiable para préstamos, ayuda humanitaria e inversiones. La información de los resultados económicos es un derecho social constantemente violentado y una necesidad técnica fundamental para saber: “donde estamos”, y como transitar hacia dónde queremos ir.

Por más insólito que parezca, el presupuesto no se publicaba desde el año 2016 (Balza, 2021) y apenas en 2021 vimos un proyecto de presupuesto para el 2022 carente de metas cuantitativas y de datos macroeconómicos (Cabezas, 2022); tamaño escándalo oscurantista es una incitación a las formas más lóbregas de gestión, ámbito idóneo para que reine la corrupción más voraz.

Ni hablar que los salarios en la gerencia pública son tan bajos, que se constituyen como un enérgico estímulo a la extorsión y al peculado. Ello necesariamente deriva en un pésimo funcionamiento del aparato estatal, que inexorablemente tiende a sabotear y a poner grandes escollos al normal proceso económico.

La censura de la data también se extiende a cientos de páginas webs y a informaciones importantísimas. Incluso páginas webs tan chavistas como la proverbial Aporrea, están abiertamente prohibidas por el régimen, por reflejar algunas críticas moderadas en su interior (Tal Cual, 2019).

El recorte paulatino de las libertades democráticas es muy severo y despierta toda clase de temores a la hora de invertir, negociar o asociarse en alguna actividad con el Estado.

La ley de Zonas Económicas Especiales, la Ley Antibloqueo, y otras más, refuerzan vigorosamente el velo sobre las operaciones estatales (Deutsche Welle, 2020). No sólo eso, estas leyes prometen encarcelar a las personas que se atrevan a realizar averiguaciones sobre las actividades mercantiles que se realizarían. Decenas de periodistas, como los del grupo de Armando.info, han tenido que salir del país por el hostigamiento que han sufrido (Castro, 2021). En ese contexto es evidente que la crisis política seguirá latente y el ambiente de incertidumbre e inestabilidad será un fuerte disuasivo a la puesta en marcha de nuevos negocios, o a la recuperación de los ya extintos.

Sexta barrera: la fiebre de importaciones

En pocas letras, diríase que desde 2004 se empieza a desarrollar un proceso de importaciones masivas que empiezan a sustituir a la producción local. El desvarío importador fue impulsado por una dantesca sobrevaluación de la moneda que fue destruyendo a la industria, al agro y al comercio, fomentando toda clase de fraudes empresariales e incitando al mortal binomio de fuga de capitales y desinversión (Sutherland, 2019). Empresas privadas y públicas hicieron, casi todas, lo mismo.

Ello dio como resultado, en 2022, la mar de empresas con maquinarias y equipos completamente obsoletos, derruidos y generalmente inútiles. La actualización del capital fijo luce extremadamente costosa e imposible de realizar, sin ella la producción interna será aún menos competitiva debido al inherente rezago tecnológico que se deriva de la escasa inversión aplicada.

La escala actual de la producción es extremadamente baja, es decir, perviven empresas diminutas con producción muy acotada. La escala a reconstruir, en el mejor de los casos, aún será mucho más baja que la anterior (2013), lo cual le resta competitividad, eficacia y eficiencia. El mercado se ha reducido mucho y políticas gubernamentales como la gigantesca sobrevaluación del tipo de cambio y la exoneración de aranceles a la importación, favorecen abiertamente a la importación en desmedro de la producción local, lo cual hace más cuesta arriba invertir (menos, sin espacios crediticios accesibles).

El siete mayor

La emigración de alrededor de seis millones de personas, quizás un 20% de la población de Venezuela, ha sido fundamentalmente integrada por profesionales y técnicos de buen nivel. La exportación del “bono demográfico” deja al país sin valiosos miembros de una fuerza de trabajo inexorablemente diezmada. Esto implica una barrera fuerte a la recuperación, dada la escasez de trabajadores preparados, o como dice Juan Iñigo: obreros con subjetividad productiva expandida.

Los bajísimos salarios son un fuerte impedimento en la recuperación nacional de tan importantes operarios. Si a ello le agregamos la dolorosa decadencia educacional y formativa, las perspectivas son aún más sombrías; baste ver el estado actual de liceos y universidades.

Partiendo de esa hecatombe productiva, las inversiones requeridas para la recuperación de Venezuela son gigantescas e inadmisibles para un estado quebrado. Por ejemplo, PDVSA para recobrar los niveles de extracción de petróleo del año 1997 requeriría alrededor de $250 mil millones y unos diez años (Heredia, 2019). Con el financiamiento internacional cerrado, con oprobiosas sanciones y con una dramática crisis de legitimidad política, es totalmente inverosímil pensar en conseguir los recursos necesarios para revitalizar lo que antes se tenía.

La solución de la nueva burguesía asociada al gobierno ha sido la importación de comida terminada, electrodomésticos y edificar locales de lujo, para una porción muy reducida de la población (Rosales, 2021). Aun así, esto está seriamente limitado por la crisis de los servicios públicos, o sea, las empresas estatales no tienen como invertir en sí mismas para producir o distribuir con regularidad: gasolina, gas, electricidad, agua potable etc. Peor aún es que el gobierno insiste en sostener subsidios grotescos que imposibilitan la rentabilidad de esas empresas. Un aumento muy brusco en las tarifas haría impagable, para el 94 % de los hogares, los servicios públicos más esenciales.

Corolario: la guinda de la torta

Como hemos visto, hay innumerables trabas que frenan la posibilidad de un crecimiento exponencial y vertiginoso de la economía en el corto plazo, única esperanza de recuperación económica y social plausible para una población que lleva años sometida a un proceso de depauperación absoluta.

A pesar de todo, Venezuela posee innumerables ventajas comparativas para optar por un crecimiento explosivo en el corto plazo. Nuestro país ostenta enormes reservas de recursos naturales y amplias potencialidades que, rígidamente subyugadas, claman por salir a la luz.

Si no hay un esfuerzo colectivo para llegar a un acuerdo humanitario-económico-social entre la amplia diversidad que hoy día compone a la oposición, el gobierno y la muy amplia y mayoritaria base de independientes (gremios, sindicatos, universidades etc.), el país entrará, en el mejor de los casos en un devenir de inmovilización y letanía exasperante.

Aún con un PIB que pueda crecer ligeramente, el foso donde está la economía de Venezuela es tan profundo que las factibles mejoras en el bienestar podrían ser, por muchos años, casi imperceptibles, y la sensación de desasosiego y desesperanza serían una soporífera carga sobre el hombro de millones, durante muchos años.

Lamentablemente el centro de la disputa política actual no es la crisis económica, humanitaria y social que nos arropa. Tampoco lo es la pobreza extrema que sufren millones de hogares en toda Venezuela. No, todo gira en torno a las elecciones y al reparto de puestos. Un grupo sólo piensa en atornillarse al poder a como dé lugar, en desmedro de los millones que sufren por ello; otro grupo sólo aspira a desplazar del poder a su rival, sin importar las formas actuales que reviste la miseria generalizada y evitable.

Los grupos más sensatos tienen muy pocas voces.

* Manuel Sutherland es economista y Director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO).

Trabajos citados

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