Tras la medida judicial del 29 de julio que ordena el desalojo en 60 días de galpones de varias empresas, la mayoría de ellas multinacionales, se acordó la instalación de una mesa de trabajo, cuyos resultados serán respetados por las partes.
El viernes se realizó el primer encuentro en la sede de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vicienda, en Las Mercedes, entre concejos comunales, trabajadores de las compañías afectadas, representantes de las gerencias y el gobierno.
Las autoridades hicieron la presentación del proyecto del urbanismo que contempla además de edificios de la Gran Misión Vivienda, unidades educativas y abarcaría el hospital José Ignacio Baldó (El Algodonal), de acuerdo la información suministrada por los participantes en la reunión.
Por el gobierno estuvieron presentes el presidente del Instituto Nacional de Terrenos Urbanos, Christopher Martínez y el viceministro para el Nuevo Ordenamiento Urbano y Rural Socialista, Nelson Rodríguez González, quien informó que, de acuerdo a los resultados de la mesa de trabajo, se podría dejar sin efecto el procedimiento judicial iniciado a partir de la notificación del pasado miércoles.
Cada grupo presentará este martes, en un nuevo encuentro que se celebrará en las instalaciones de Pepsi Cola Venezuela, en La Yaguara, sus propuestas para el uso de las instalaciones.
Voceros del gobierno recordaron sin embargo, la existencia de las leyes bajo las cuales se ejecutaría el desalojo y posterior construcción del urbanismo.
En 2012, el presidente Hugo Chávez en ocasión de la Ley de Tierras Urbanas y de la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas, declaró algunos terrenos de La Yaguara para la construcción de viviendas y áreas a vivir.
Si bien tienen un uso industrial, en el caso de las zonas a vivir, la ley permite los dos tipos de zonificación, por lo que podría levantar unidades habitacionales sin afectar las instalaciones industriales, dijo una fuente del área legal.
Mientras se llega a un acuerdo entre las partes, el plazo de los 60 otorgado por un tribunal sigue su curso. Tanto empresas como trabajadores esperan que la situación se resuelva lo más pronto posible.
Las empresas afectadas con la medida judicial son Pepsi Cola Venezuela, Coca Cola Femsa, Alimentos Polar, Nestlé Venezuela, Cargill, Zara y Praxair.
Trabajadores de Pepsi Cola y Alimentos Polar han manifestado públicamente sus temores por la decisión oficial que pone en riesgo sus empleos.
El deprimido negocio de venta de viviendas y oficinas está a la espera de las señales de los tiempos. Los angustiados propietarios, dentro y fuera del país, sueñan con un rebote de precios que los ayude a atenuar las enormes perdidas acumuladas. ¿Puede este incipiente diálogo entre el chavismo y la oposición ayudar a levantar la economía y el valor del patrimonio de empresas, personas y familias?
Unos 12.000 concesionarios de los distintos mercados municipales de Caracas se mantienen hoy en vilo porque las autoridades están organizando desalojos arbitrarios. Quieren obligarlos a firmar nuevos contratos para terminar con pequeños y medianos negocios que han existido durante décadas.
Los gobiernos de Venezuela y Portugal firmaron este martes varios acuerdos para mantener la cooperación bilateral en áreas como la salud, la energía y la tecnología; entre ellas el desarrollo del petro, la criptomoneda nacional lanzada por el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.
