A dos semanas del inicio del nuevo curso escolar en Argentina, los sindicatos docentes advirtieron hoy que no aceptarán una subida salarial cercana al 25 % y aumentaron la tensión antes de reunirse con el ministro de Educación, Esteban Bullrich.
Para Sonia Alesso, dirigente de Ctera, uno de los sindicatos que participarán esta tarde en la reunión con Bullrich, el gobierno pretende «poner un techo» a la subida salarial docente y aseguró que 25% máximo que contempla el Gobierno está por debajo de la inflación.
Hasta el momento, las autoridades provinciales han ofrecido a los maestros 24,1% de aumento en Buenos Aires y 22% en la capital del país, cifras que han sido rechazadas por los gremios.
De no mejorar las ofertas, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) señaló que no descarta medidas de fuerza que impidan el inicio de clases el próximo día 29.
Las últimas cifras oficiales de inflación en Argentina se publicaron el pasado noviembre, ya que el nuevo Gobierno decidió reorganizar el cuestionado Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y diseñar nuevos sistemas de medición, que estarán listos en unos meses.
Las discrepancias en la mesa de la negociación paritaria han provocado demoras en el comienzo del curso escolar en varias provincias argentinas en los últimos años, en especial en 2014, cuando el inicio de las clases se retrasó 17 días.
Tres detenidos, al menos 12 heridos y la suspensión de servicios públicos y alimentación dentro de Planta de Pellas es la respuesta que la directiva de Sidor dio a los trabajadores que protestan desde hace seis días por el pago de salarios adeudados y la restitución de beneficios
En la mañana del 20 de diciembre, la represión a las Madres de Plaza de Mayo resultó un búmeran para el gobierno. "Cuando las Madres llegaron a la plaza para hacer su ronda, la caballería cargó contra ellas. La imagen de las viejas apaleadas era insoportable", rememora Verdú.
Los peones de la agroindustria cierran vías en protesta contra la Ley de Promoción Agraria, vigente desde el año 2000, y que fue prorrogada en 2019 hasta finales de 2031. La norma establece un régimen laboral específico para los peones agrarios que trabajan de forma estacional, así como beneficios fiscales a las empresas que se dedican a un negocio que ha multiplicado sus ingresos de apenas unos cientos de millones de dólares en 2000 a cerca de 8.000 millones en la actualidad.
