Durante la activación del motor construcción, el presidente Nicolás Maduro estableció que 20% de la cartera hipotecaria del país debe invertirse este año en el programa 800-MIHOGAR destinado a la clase media.
Apelando al Decreto de Emergencia Económica, el mandatario nacional firmó el decreto que fija la porción de la cartera hipotecaria para ese plan de viviendas del Estado.
También aprobó 126.000 millones de bolívares para el Plan Nacional de Obras Públicas «para el arranque de soluciones viales, nueva vialidad en todos los estados, para rehabilitación de vías existentes, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, servicios viales, mantenimiento del alumbrado público, la fiesta del asfalto y la infraestructura portuaria y aeroportuaria», sostuvo.
«A pesar del petróleo a $26 apruebo los recursos para el Plan Nacional de Obras Públicas 2016».
Maduro aprobó, además, un decreto que regula la disposición, comercialización y distribución de material ferroso (chatarra) y lo coloca al servicio de planes de la recuperación económica.
Previamente, el gobierno inauguró una línea de producción de la planta de cemento de Invecem en San Sebastián de los Reyes en Aragua.
«En plena emergencia económica estamos inaugurando plantas de cemento como parte de la industrialización y desarrollo ecoómico interno para que gobierno construya viviendas», dijo.
El gobernador del estado, Tarek el Aissami, señaló que permitirá construir 100 mil viviendas al año para la Gran Misión Vivienda Venezuela. La planta, en cuya construcción participaron 1.300 trabajadores, se logró gracias a un convenio con China, indicó.
La empresa brasileña Odebrecht reconoció en Estados Unidos que pagó $98 millones en sobornos para conseguir contratos de obras públicas en Venezuela, país donde cumplió 25 años de operaciones.
La empresa franco-suiza Lafarge-Holcim dijo estar lista para vender cemento para proyectos de infraestructura en Estados Unidos y el muro que el presidente Donald Trump pretende levantar en la frontera con México para evitar la inmigración clandestina.
Una resolución conjunta, publicada en la Gaceta Oficial número 40.931, lista las empresas del sector público que ejercerán el derecho de preferencia en la adquisición de residuos sólidos metálicos y chatarra de hierro, aluminio y cobre, así como el procedimiento para estas operaciones.
