El jueves la bolsa de Sao Paulo subió un 6,6%, el mayor incremento en un solo día en los últimos siete años, aunque el viernes cerró a la baja.
«El mercado celebra el fin de este gobierno», comentó a la AFP el analista André Leite, de TAG Investimentos. Una celebración que no deja de ser paradójica, debido a la conocida aversión de los inversionistas a los escenarios de inestabilidad.
El mismo jueves, el nombramiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro, controvertido debido a los cargos de corrupción que enfrenta, fue suspendido por un juez en Brasilia y luego por un juez del Tribunal Supremo Federal.
Este nuevo revés puede interpretarse como otro síntoma de debilitamiento del gobierno de Dilma Rousseff, ya amenazada por un juicio de destitución en curso en el Congreso.
La mayor economía de América Latina se encuentra hundida en una recesión histórica, mientras se ha disparado la inflación, los déficit públicos y la deuda. Las posibilidades de celebrar por parte de la comunidad financiera ciertamente no han sido muchas en los últimos años.
Ahora, «los inversores parecen centrarse en el hecho de que el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y Dilma van a perder el poder, dando lugar a tiempos más felices», señala David Rees, economista de Capital Economics y especialista en América Latina, quien reconoce que el aumento en los precios del hierro también ha contribuido a la euforia.
La política económica de Dilma Rousseff a menudo ha sido criticada por los analistas por su falta de control presupuestal y de medidas fuertes para enfrentar la crisis.
«Siempre que Dilma parece estar cerca de caer, las bolsas suben y baja el riesgo país», el índicador que mide la posibilidad de que Brasil no pague su deuda, apunta Margarida Gutiérrez, profesora de Macroeconomía en la Universidad Federal de Río de Janeiro.
– Muy pronto para soñar –
Todos los círculos del poder económico en Brasil parecen coincidir. La poderosa FIESP, que cuenta con cerca de 130.000 empresas afiliadas, tomó públicamente posición el jueves a favor del procedimiento de destitución de la presidenta.
«La sociedad quiere un cambio, quiere la destitución», señaló ante la prensa Paulo Skaf, presidente de la Federación, soñando en voz alta con un Brasil donde se pueda «retomar la inversión, la creación de empleo, el emprendimiento, la reactivación de las empresas, de todos los sectores (económicos) brasileños, de los servicios».
Pero puede ser demasiado pronto para soñar, advierte David Rees: «No estoy convencido de que podamos esperar unas mejores políticas» económicas si Rousseff deja el poder.
«Incluso si hay un cambio de gobierno, no es claro que quien llegue pueda tener la posibilidad de hacer aprobar reformas fuertes, por lo que los problemas estructurales de la economía todavía podrían persistir durante algún tiempo», explicó.
El procedimiento para impugnar a la jefa de Estado es largo y complejo, y requiere el voto de al menos dos tercios de los diputados y senadores, lo que podría tomar más de seis meses.
En el clima de creciente animosidad que reina en Brasil ese lapso puede acortarse, anticipa Joao Augusto de Castro Neves, director de América Latina de la consultora Eurasia Group.
«La probabilidad de un cambio de gobierno realmente ha aumentado» y es ahora de 75%, de acuerdo con sus estimaciones y «podría ocurrir a comienzos de mayo».
En caso de que Dilma Rousseff sea destituida, asumiría el poder su vicepresidente Michel Temer, jefe del partido centrista PMDB, hasta la realización de elecciones generales en 2018.
«Un gobierno de (Michel) Temer se beneficiaría de una luna de miel, es cierto, pero la pregunta es: ¿cuánto tiempo va a durar?», agrega de Castro Neves. Incluso si un nuevo presidente puede devolver confianza a la economía, «no va a tener capital político para implementar reformas ambiciosas», advierte.
Finalmente, recuerda el analista, existe otro peligro: que Michel Temer pueda verse también involucrado, directa o indirectamente, en los dos grandes escándalos que sacuden a Brasil: la corrupción en el gigante petrolero Petrobras y la financiación de la campaña presidencial de 2014.