Economía

La inflación le gana el pulso al marcaje de precios en los anaqueles

La velocidad a la que se mueve la inflación no deja tiempo para que en los anaqueles los productos exhiban los precios, tal como lo establece la Ley Orgánica de Precios Justos. Los consumidores se quejan de esta práctica comercial que no les permite conocer el valor de un bien antes de pasar por caja.

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TEXTO: DULCE MARÍA RODRÍGUEZ @dulcemrn | FOTO: FABIOLA FERRERO

Una señora caminaba apresurada, de un pasillo a otro, en un supermercado ubicado en la avenida Rómulo Gallegos. Llevaba dos productos en la mano y se detenía frente a cada lector de precios. Recorrió seis pasillos y no consiguió uno que funcionara. Se detuvo y comenzó a visualizar por todos lados los paquetes de servilletas que había cargado y se incomodó más.

Se acercó a una caja de pago para preguntar el precio de los artículos y la mandaron a hacer la cola. Había entre 10 y 14 personas esperando frente a cada fila. “Quiero saber cuánto cuesta un paquete de servilletas para llevarlo por papel de baño que no hay, pero ni tiene el precio marcado ni funcionan los lectores. Es lo único que voy a llevar y no sé si me alcanza la plata”. La cajera fingió no escucharla. La señora tiró los artículos y salió molesta.

Una situación similar vivió Marlene Vegas en un supermercado en Las Mercedes. Contó que intentaba conocer el precio de unas galletas de soda y un adobo, pero no lo tenían marcado y el establecimiento no contaba con lectores de precio. Le preguntó a uno de los trabajadores del lugar y le respondió que no sabía que averiguara en la caja.

Dijo que al ver la larga cola de clientes esperando para pagar caminó hasta la oficina y preguntó por el gerente. “Le reclamé. Le dije que por qué los productos no tenían los precios marcados ni tampoco los colocaban en los estantes, y la respuesta fue insólita”, enfatizó.

Vegas recordó que entre risas el gerente le respondió: “Señora dónde vive usted o es que viene llegando. En este país suben los precios todos los días. Tendríamos que tener a una persona todo el día, dedicada únicamente a actualizar los precios”.

Se sintió avergonzada y se fue del comercio sin los productos.

– Ley vs mercado –

La economía venezolana está sometida a controles de precios desde 2003 y en los últimos tres años se han acentuado afectando no solo la rentabilidad de las empresas, sino la disponibilidad de productos al consumidor.

En octubre de 2015 y a raíz de la decisión del gobierno de fijar los márgenes de ganancia en la cadena de comercialización, se establecieron las modalidades para la determinación, fijación y marcaje de precios para todos los bienes y servicios que se transan en el país.

El artículo 11 de la Gaceta Oficial 40.776 señala:“El marcaje del Precio Máximo de Venta al Público PMVP y del Precio Justo PJ es obligatorio para todos los productos, bienes y servicios comercializados en el territorio nacional”.

Seguidamente dice:“Ningún bien o servicio podrá ser ofrecido comercialmente sin que su PMVP o su precio justo, según correspondiere, hubiere sido fijado y resultare visible y oportuno para el conocimiento de todo posible adquirente”.

El incumplimiento de la norma es castigado con multas y hasta el cierre de los locales.

La Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en Gaceta Extraordinaria Nº 6.216 del 12 de noviembre de 2015, prevé el cierre de almacenes, depósitos o establecimientos por 48 horas o multas entre 500 Unidades Tributarias (ahora en 177 bolívares) y 10.000 UT, es decir, entre 88.500 bolívares y 1,7 millones de bolívares, para quienes incumplan con la obligación del marcaje de precios de forma impresa, rotulada o inscrita; visible e indeleble en el empaque, como la no exhibición del listado de precios de venta al público de los bienes o servicios.

La normativa también precisa que las multas podrán ascender hasta 30.000 UT, equivalentes actualmente a 5,3 millones de bolívares, para quienes  violen, menoscaben, desconozcan o impidan a las personas “recibir información suficiente, oportuna y veraz sobre los bienes o servicios puestos a su disposición”. Además a quienes incumplan con la prestación de servicio eficiente, equitativa y segura, en protección a sus derechos económicos y sociales, a través de medios tecnológicos adecuados.

Al referirse a la obligatoriedad en la determinación de precios, Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores dijo a El Estímulo que hay medidas que por más que el Gobierno las decrete en la práctica no se pueden aplicar.

Señaló que es difícil implementar un sistema de fijación de precios ante una inflación que no tiene freno. “La frecuencia de cambio de precio tendría que ir al ritmo de la inflación, lo que el Gobierno tiene que atacar es la inflación”.

Lo que no funciona es la regulación de precios, acotó. “En la mayoría de los países del mundo opera el libre mercado para la fijación de precios y los anaqueles están repletos de bienes. En Venezuela no hay abastecimiento y surgen los especuladores a consecuencia de la depresión del mercado”.

De acuerdo con León Parilli si hubiese variedad y cantidad de productos en los comercios no habría especuladores porque no existiría una demanda insatisfecha. Exhortó a los consumidores a organizarse para defender sus derechos.

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