«Se levanta a partir de este momento la inmovilización de transporte de carga promovida por las cuatro organizaciones de la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera», indicó el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, en rueda de prensa.
En el acuerdo, que se firmó en la madrugada de este viernes, el ministro aclaró que «se mantiene el régimen de libertad vigilada, pero se actualizará el costo del transporte de carga», con lo cual los camioneros podrán pactar los precios dentro de un marco de referencia vigilado.
También, permanece «el esquema uno a uno para la renovación del parque automotor» con el objetivo de «reducir la sobreoferta» y el gobierno establecerá lineamientos que «protejan al pequeño transportador», se indica en el texto.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), Luis Orlando Ramírez, aseveró que «el acuerdo tiene una filosofía estructural que valora la actividad camionera en Colombia».
Con la protesta, aclaró, «quisimos dejar claras las necesidades de los transportadores y decirle a la opinión pública que valoren a sus camioneros».
La huelga de transportadores fue convocada por la Cruzada Nacional Camionera en contra de supuestos incumplimientos del Ejecutivo relacionados con los costos de los combustibles, peajes y fletes.
La protesta se agravó el pasado 12 de julio después de que un bloqueo en una carretera cerca de la ciudad de Duitama, en el centro del país, causó un accidente en el que resultaron gravemente heridos el gobernador regional, César Andrés Amaya Rodríguez, y varias personas de su comitiva.
En la misma localidad, el manifestante Luis Orlando Saíz murió al recibir en el rostro el impacto de «un proyectil de alta velocidad lacrimógeno», según el dictamen de Medicina Legal.
Además, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó esta semana que durante el paro resultaron heridos 31 policías, dos de ellos de gravedad.
Como consecuencia de los bloqueos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, presentó una batería de duras medidas para afrontar el paro que incluyeron multas de hasta 163.500 dólares y la cancelación de las matrículas de los automotores que fueran utilizados en los bloqueos.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), solo en ese sector el paro dejó pérdidas por dos billones de pesos (unos 684 millones de dólares).
Para contrarrestar el desabastecimiento que afectó a varias regiones colombianas en donde escasearon alimentos, artículos de primera necesidad e insumos médicos el Gobierno implementó hasta este jueves 2.452 caravanas con 40.000 vehículos de carga escoltadas por miembros del Ejército y la Policía.