Maduro profundiza la opacidad en el manejo de los fondos públicos

«Que el presidente Maduro decida unilateralmente las prioridades de Venezuela y en qué se gastan los recursos cada vez más escasos, viola no solo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 187 y 313, sino el derecho de cada uno de los venezolanos que elegimos a los diputados de la AN para que nos representen en el proceso de aprobación, seguimiento y control de los fondos públicos», indicó la ONG en un comunicado.

Recordó que el presupuesto público debe cumplir con unos criterios que certifiquen que prevalecerán los intereses superiores del colectivo por encima de intereses particulares y que serán respetados los principios de equidad, justicia y eficiencia.

“El Presidente no es el único venezolano que puede decidir en qué se gastan los recursos de todos los venezolanos y en qué no. La pretensión presidencial profundiza la discrecionalidad y la opacidad en el manejo de los recursos del pueblo, lo que impide la participación ciudadana, la exigencia de rendición de cuentas y, facilitan la concentración y el abuso de poder”, enfatiza Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela.

Aún más, De Freitas advierte que, de aprobarse el presupuesto fuera de la Ley y sin concurso de la Asamblea Nacional, cualquier endeudamiento público en el que se incurra para obtener recursos, éste no será asumido por la República, sino directamente por el ciudadano Nicolás Maduro.

«Luego de que se logren los consensos sobre el contenido del presupuesto, es la Asamblea Nacional el único poder autorizado, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para aprobarlo y darle la legalidad que garantice el obligatorio cumplimiento de sus metas y desautorice cualquier accionar que no esté allí contemplado».