El veto implica mantener vigente el presupuesto aprobado el año pasado, aunque la objeción todavía debe ser tratada por el Congreso, que no tendría los votos necesarios para dejarla sin efecto.
En un mensaje enviado el lunes a los legisladores, el Gobierno dijo que resolvió aplicar el veto porque la limitación presupuestaria genera «un riesgo sobre el normal cumplimiento de los compromisos del Estado», por el tope de la autorización para la emisión de deuda.
«No ha sido una decisión sencilla. Hemos evaluado todas las alternativas, el impacto que puede tener, pero ha primado el interés general (…) los cambios que se han hecho han puesto en riesgo elementos fundamentales del funcionamiento de la economía», dijo el ministro de Hacienda, Santiago Peña, reseñado por la agencia Reuters.
Los senadores redujeron a 349 millones de dólares el monto autorizado para emitir bonos, contra los 558 millones que había propuesto el Gobierno. El cambio afecta principalmente al monto destinado al pago de la deuda, que bajó de 305 millones a 132 millones de dólares.
Además incluyeron un tope al presupuesto monetario del Banco Central en función al promedio anualizado de los últimos 36 meses, una medida que la entidad también calificó como peligrosa para la estabilidad.
Con el veto, los incrementos salariales aprobados para docentes y funcionarios de la sanidad quedarán sin efecto así como la creación de nuevos cargos en la administración del Estado. Peña dijo que estos aumentos tampoco tuvieron en cuenta la Ley de Responsabilidad Fiscal que fija un tope de 1,5% del PIB (Producto Interno Bruto) para el déficit fiscal.
La decisión tiene como marco un enfrentamiento entre Cartes, el oficialismo disidente y la oposición por un proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial de cara a las elecciones generales del 2018.
El Gobierno de Cartes, un empresario conservador, busca mantener una presencia constante en los mercados de deuda para financiar principalmente obras de infraestructura.