La representante de la Organización No Gubernamental se reunió el martes con la directora Anticorrupción y la sub directora de Investigación de la Fiscalía General, Paula Siricastro y Raíza Sifontes, respectivamente.
“Trabajar en conjunto con equipos de fiscales de otros países afectados, permitiría un intercambio seguro y rápido de cualquier información relacionada y la ejecución oportuna y efectiva de acciones que eviten la impunidad, responsabilicen a los ciudadanos y funcionarios públicos en caso de declararse culpables y la recuperación del patrimonio público comprometido” señaló De Freitas.
Las fiscalías de Argentina, Chile, Perú y más recientemente Colombia, han comenzado el intercambio de información con sus homólogos de Brasil, país que conjuntamente con Suiza y Estados Unidos, logró que Odebrecht reconociera ante el Departamento de Justicia norteamericano, haber entregado sobornos por $788 millones a funcionarios gubernamentales y partidos políticos en más de una decena de países para garantizar contratos.
De acuerdo a lo que reconoció la empresa en la instancia judicial, en el caso de Venezuela y solo en las presidencias de Hugo Chávez y Luis Inacio “Lula” Da Silva, se facturaron $11.000 millones para la ejecución de obras, muchas de las cuales se encuentran retrasadas o paralizadas.
La ONG Transparencia aspira que la investigación que señala haber iniciado la Fiscalía venezolana, determine lo antes posible, si los sobornos fueron por este monto o por uno superior; señale y procese a los funcionarios que los recibieron y gestione el reintegro de los $98 millones a la Nación que reconoció la empresa haber pagado.
Venezuela adquirió deuda con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) para financiar los contratos con Odebrecht y otras empresas brasileras que hoy tienen sentencias firmes por corrupción en Brasil.
Según informaciones recabadas por esta organización haciendo uso de Leyes de Presupuesto Nacional, Memorias y Cuentas de los diferentes ministerios, Gacetas Oficiales y Registro Nacional de Contratistas, a Odebrecht le habrían sido asignados contratos para la construcción de 31 obras de ingeniería, de las cuales, al menos seis de envergadura, en los sectores de vialidad y transporte, se encuentran al día de hoy inconclusas y paralizadas.
Esta información no ha podido ser verificada por Transparencia Venezuela por las reiteradas negativas de los distintos ministerios a suministrar información pública. Para lograr el respeto al derecho ciudadano al acceso a la información pública, esta Organización introdujo tres recursos de Abstención o Carencia ante el Tribunal Supremo de Justicia, dos de los cuales fueron desestimados.