En entrevista en el programa La pauta de hoy, de Venezolana de Televisión, señaló que los inspectores presidenciales harán diariamente, a partir de febrero, auditorías aleatorias a los CLAP y van a llegar casa por casa para verificar el alcance de los combos de alimentos, cuántos productos le llegó a la familia y a qué precios, así como verificarán el funcionamiento de los Estados Mayores de los comités.
«El CLAP es un mecanismo de conciencia, de organización, de movilización, de formación, y este año vamos a hacer un esfuerzo importante en la formación de los dirigentes de los comités», con talleres formativos en organización, valores, principios de solidaridad, amor a al patria y la familia, la producción, entre otros, precisó.
Recordó que se mantienen mecanismos para realizar denuncias a través del usuario en Twitter @clapofocial, y una sala que procesa diariamente las denuncias.
Bernal especificó que el CLAP nacional contiene 12 rubros, 19 productos, que se entregan en una caja que está prohibido abrir antes de que llegue a su consumidor, por lo cual insistió en la importancia de que cada gobernador y alcalde informe a las comunidades acerca del contenido y precio de cada CLAP de la semana, reseñó la agencia estatal AVN.
Con respecto al CLAP obrero, informó que para debatir acerca de los mecanismos para su implementación el Estado Mayor de los comités se reunirá esta semana con el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami.
El Aissami, operador político, es desde el 4 de enero de este año, el hombre con más poder en el gobierno después del presidente Nicolás Maduro.
Los CLAP, que en abril cumplirán un año, se constituyen en un mecanismo de racionamiento de alimentos que se distribuye en zonas populares. El gobierno inició este enero un proceso de carnetización para que ciudadanos se beneficien no solo de este programa social sino de los varios que se ofrecen desde el Estado.
Distintos analistas sostienen que el carnet de la patria, como lo ha denominado el presidente Nicolás Maduro, se trata de una forma de control político sobre la población, base que aspira ampliar a 6 millones de hogares al mes de marzo.