El uso indebido de recursos públicos se asocia a la discrecionalidad, comportamiento que se produce cuando un funcionario toma decisiones sobre recursos del Estado, excediéndose en los límites que impone el ejercicio de la función pública. También puede incurrir en peculado si sustrajere caudales o cuando los efectos de su administración o su cargo, le generen beneficios personales. Ambos, muchas veces son invisibles para la ciudadanía.
Un caso que evidencia el uso discrecional de los recursos del Estado es la distribución de las bolsas de alimentos por parte de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, como instrumento de retaliación política, tal como lo denunciamos en Transparencia Venezuela recientemente estarían siendo amenazados con ser excluidos del CLAP.
Ante la discrecionalidad y el peculado, la ciudadanía cree que nada puede hacer y va de la resignación, al desinterés por actuar y participar en ese proceso vital para la democracia que es el control ciudadano sobre sus representantes.
El uso indebido de los recursos públicos afecta a todas las comunidades del país, vulnera derechos, debilita las instituciones y, como consecuencia, limita la vida democrática. A pesar de sus efectos, estas prácticas son cada vez más aplicadas por los gobiernos de Latinoamérica para extender su permanencia en el poder o por los funcionarios para aprovechar los beneficios de su posición privilegiada mientras ejerce la función pública.
Sin embargo, la sociedad civil puede aportar e impulsar los procesos de sensibilización ciudadana necesarios para que en un futuro -no muy lejano-, estos actos sean reprobados, sean imposibles de ejecutar y haya sanciones cuando se cometan atropellos, delitos y abusos de poder por parte de los administradores de lo público.
En este sentido, Transparencia Venezuela (Venezuela), Poder Ciudadano (Argentina), Fundación Construir (Bolivia), Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Ecuador), Acción Ciudadana (Guatemala) y TEDIC (Paraguay) reimpulsan la campaña “Recursos Transparentes” con la que se han propuesto sensibilizar a los actores relevantes y especialmente a la ciudadanía, sobre las capacidades que las comunidades tienen para ejercer el control ciudadano del uso de los recursos públicos, fomentando la denuncia y su participación.
Transparencia Venezuela pone a disposición de los ciudadanos, su plataforma Dilo Aquí, para recibir y canalizar los casos de uso discriminatorio del programa de ayuda alimentaria, mejor conocido como CLAP.]]>