Los clientes venezolanos, específicamente aquellos que ganaron millones haciendo negocios con el gobierno chavista, han sido parte del negocio del banco, dijo Zair Mundaray, quien dirigió los casos de delitos financieros para la oficina del fiscal general de la República hasta mediados de 2017.
«Este es el banco al que recurren los venezolanos para esconder su dinero», dijo Mudaray, quien ahora vive en Colombia y ha trabajado con otros fiscales expatriados para tratar de armar casos criminales en contra de los aliados de Nicolás Maduro.
Su meta es que estos casos vayan a juicio si, o cuando, haya un cambio en el régimen de Venezuela.
Mundaray cree que el banco debería ser responsabilizado por hacer negocios con personas que han sido acusadas de ayudar a «dilapidar el dinero venezolano». Al menos un cliente ha sido condenado en Estados Unidos por cargos relacionados con corrupción, mientras que otros han sido acusados o están en investigación.
La agencia Bloomberg reflejó el casode Naman Wakil, un ex comerciante informal venezolano, que hizo millones de dólares suministrando carne para los programas alimenticios del gobierno de Maduro.
Wakil ordenó a sus banqueros suizos que transfirieran 5,9 millones de dólares a familiares del ministro chavista de alimentación Carlos Osorio, quien le dio los contratos de carne, así lo prueban los registros bancarios.
En un reporte oficial, legisladores venezolanos llamaron a esta serie de pagos hechos entre 2012 y 2013 «transacciones sospechosas».
“Llámalo como quieras: sobornos, comisiones. Es corrupción”, dijo el legislador Ismael García, quien ayudó a redactar el informe y ahora vive en el exilio en Costa Rica.
Ni Wakil ni Osorio han sido acusados formalmente, pero los fiscales estadounidenses están investigando los contratos de Wakil como parte de una amplia investigación de la corrupción venezolana, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la investigación.
El presidente del banco, un ciudadano suizo e israelí cuya familia ha sido propietaria del banco durante la última década, dijo a los funcionarios bancarios de Florida el año pasado que el banco nunca ha sido sancionado, y que cumple con todas las leyes internacionales suizas.
Benhamou hizo esas declaraciones como parte del intento de su familia de adquirir un banco con sede en Miami, un plan que terminó este año sin explicación pública mientras los reguladores federales estaban considerando la solicitud de Benhamous.
No obstante, los clientes venezolanos de la entidad bancaria han aparecido repetidamente en casos penales de Estados Unidos, los cuales datan de 2010. En al menos tres casos, los venezolanos fueron condenados o acusados formalmente de usar cuentas para pagar o recibir sobornos o para lavar fondos ilícitos, según muestran los registros judiciales.
Uno de ellos, el extesorero de la nación Alejandro Andrade, quien se declaró culpable en un tribunal federal de Miami en 2017 por presuntamente aceptar más de 1 millones de dólares en sobornos, habría incluido decenas de millones de fondos extraídos de una cuenta para comprar aviones privados y cubrir gastos relacionados con su caballos, de acuerdo con una declaración de hechos adjunta a su acuerdo de culpabilidad.
Documentos de la corte, correos electrónicos internos y entrevistas con personas familiarizadas con el banco muestran que para muchos clientes venezolanos, el banco era más que un simple depositario pasivo.
Sus empleados trabajaron con abogados en Panamá y Luxemburgo para establecer empresas para clientes, quienes utilizaron la sede central del banco en Ginebra como la dirección registrada de al menos 15 de esas entidades, según muestran correos electrónicos entre banqueros y abogados externos.
Servir a los titulares de cuentas en ambos lados de las transferencias de dinero, no era una práctica aislada. De acuerdo a tres fuentes con conocimiento de las actividades del banco, los banqueros instaron a los clientes venezolanos a que sus asociados también abrieran cuentas.
Los clientes que usan transferencias internas pueden evitar cables externos que son monitoreados por sistemas reguladores diseñados para detectar transacciones sospechosas.
“Claramente, si hubieran estado utilizando los medios tradicionales de transferencia bancaria, habría habido señales de alerta”, dijo Dennis Lormel, ex especialista en delitos financieros y finanzas del terrorismo de la Oficina Federal de Investigaciones, quien recibió un descripción de los traslados.